Política Nacional
10 de abril de 2024
BOLETIN OFICIAL
Atención: qué cambios se vienen para el Potenciar Trabajo
El Gobierno difundió los lineamientos generales del programa cuyo monto será de $78.000 . Tras haber detectado ineficiencias, el Ministerio de Capital Humano decidió reemplazarlo por dos nuevos denominados “Volvé al trabajo” y “Programa de acompañamiento social”.
Este miércoles, a través del boletín oficial el Gobierno Nacional difundió los lineamientos generales del programa Potenciar Trabajo y los modificó por dos nuevos, que apuntarán a ser más eficaces y prácticos para los beneficiarios.
Según la nueva normativa, el programa "tiene por objetivo desarrollar y consolidar competencias socio laborales en los participantes que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”.
Y agregaron: “A través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo, certificación de competencias y participación asistida en el desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos”.
Algunas de las características principales a saber de estos nuevos cambios son:
1. Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.
2. Servicios de intermediación laboral.
3. Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.
4. Prácticas formativas en ambientes de trabajo.
5. Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.
6. Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.
7. Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.
Del mismo modo, las personas que se encuentran inscriptas en ambos programas accederán a la ayuda de manera directa y sin intermediarios, además de que no deberán realizar trámites adicionales.
Una de las decisiones más novedosas es que se eliminó las “planillas de asistencia”, donde el Gobierno suprimió la obligatoriedad de la presencialidad en las Unidades de Gestión, disminuyendo así el control sobre los beneficiarios.