A principios de 2005, el Gobierno nacional lanzó el subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios con el objetivo de erradicar los barrios de emergencia en el conurbano bonaerense. San Isidro, con Gustavo Posse como jefe comunal, recibió $ 410.852.650 para construir 3.246 propiedades, de las cuales 1.882 se ubicaban en la popular villa La Cava. Allí, se edificaron sólo 309, representando un 16,41% del total estipulado.
Las obras tenían un plazo de finalización de cuatro años, por lo que la totalidad de las viviendas deberían haber culminado en 2009. Este megaproyecto que otorgó el Estado nacional al municipio de San Isidro constaba de edificaciones de residencias, mejoramientos de otras y desarrollo de infraestructura como asfalto, cloacas y agua corriente.
Lo curioso en esta historia es la figura del arquitecto Fernando Romero, ex sub secretario de Obras Públicas del Municipio, quien se desempeñaba en el área que adjudicaba las licitaciones y al mismo tiempo, se relacionaba con las empresas constructoras del Plan Federal.
Nueve años después, sólo se construyó un tercio del total. Los fondos desaparecieron y las casas, también. En el medio de la aventura y de las promesas de Posse para urbanizar las villas miserias del distrito, se llevaron a cabo prácticas anómalas y suspicaces que derivaron en una investigación preliminar.
Desde el oficialismo apelaron a la justificación simple y fácil: los montos eran insuficientes. Sin embargo, existen dos argumentos que derriban los pretextos expuestos por la gestión Posse. El primero es que las partidas destinadas para la construcción de las viviendas dan un resultado elocuente: por cada casa, San Isidro tenía un presupuesto de $ 126.571, cifra nada reprochable para aquel año.
El segundo es aún más esclarecedor, ya que en el contrato firmado entre el Gobierno nacional, provincial y distrital, existe una cláusula, en la cual la municipalidad de San Isidro “se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por el Estado. A tal efecto, la comuna declara contar con los recursos municipales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas”.
Al gobierno bonaerense y nacional también les caben altos grados de culpabilidad. La Provincia, representada por la subsecretaría de Urbanismo y Vivienda y el Instituto de la Vivienda (IVBA), tenía que visar los certificados de avance de obra, orientar y supervisar los trabajos realizados en las construcciones. Luego de esto, los informes esgrimidos en ese entonces por la gestión de Felipe Solá eran transferidos a Nación, que posteriormente a través de la subsecretaría de Desarrollo Urbano se encargaba de trazar los avances físicos de la obra, en los cuales certificaron que las obras efectuadas tenían un cumplimiento de entre el 95 y el 100%.
Estos hechos podrían ser caratulados como “falsificación de documento”, especialmente en la adulteración de la certificación de avance de obra.
Asimismo, se materializaron otras prácticas inusuales, en donde el Municipio debía derribar las casas de las villas debido a la falta de espacio y allí mismo construir las propiedades del Plan Federal. Mientras tanto, los vecinos recibían “viviendas provisorias” hasta que se culmine con las obras.
En diálogo con Desafío Económico, la concejal del Frente Renovador, Marcela Durrieu, sintetizó que “aún hay muchos vecinos que siguen viviendo en las casas provisorias; los techos son de chapa, tienen letrinas que no son baños, hay cloacas al aire libre. Es vergonzoso”. Estas no fueron las únicas irregularidades. La cancha se embarró más con el proceso adjudicatario de empresas en las cuales están involucrados el entonces subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Fernando Romero, y su hermana, María Luciana Romero.
Todo queda en familia
El arquitecto Fernando Romero fue subsecretario de Obras Públicas en la gestión de Posse hasta el 16 de enero de 2009. En el decreto N° 93/2009 de su renuncia manifiesta que deja el cargo “a los fines de poder desempeñarse como presidente de la Fundación Weitz Center Internacional en Argentina, organización no gubernamental, de carácter empresarial”.
Sin embargo, los rumores que corrían eran que Romero se alejó porque su labor en la Secretaría estaba hackeada por las suspicacias en las adjudicaciones de las empresas en el Plan Federal de Viviendas. El presidente del Centro de Orientación, Defensa y Educación al Consumidor de San Isidro (CODEC), Pablo Chamatrópulos, confirmó este trascendido y dijo a Desafío que “Romero tuvo una salida muy traumática de la Municipalidad a raíz de todo este tema, esta situación fue muy conflictiva por la falta de respuesta de Posse”.
El 22 de diciembre de 2003, aparecen en el directorio de Construcciones del Pilar SRL Fernando Romero, María Luciana Romero (hermana) y una arquitecta nacida en Francia, María Sofía Bava. Recién el 22 de enero de 2007 (el Plan de Viviendas ya estaba en plena vigencia), Romero cede sus acciones en la empresa y las distribuye entre su hermana y Bava.
El 15 de abril de 2008, cambia el nombre de la compañía y pasa a denominarse “Syrah Global SA”. Esta administración está bajo el mando de María Romero, aunque el ex subsecretario de Obras Públicas de San Isidro es quien controla la empresa. Una muestra fiel de esto es que en el Congreso Real Estate Uruguay 2013 (se lleva a cabo en el país vecino) Romero realizó una exposición y fue presentado como “presidente de Syrah”.
El caso particular de Syrah es emblemático. El crecimiento económico de la empresa en tiempo récord llama la atención. Un reflejo de este despegue financiero de la administración de los hermanos Romero es su desembarco fuera del país. Pocas compañías tienen la posibilidad de traspasar las fronteras nacionales, aunque Syrah no lo pudo hacer y actualmente lleva adelante operaciones y emprendimientos de lujo en Uruguay, precisamente en Punta del Este y en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Syrah Global tiene entre sus domicilios alternativos Avenida Libertador 17232. Esa dirección parece ser muy requerida, ya que la Fundación Weitz Center Internacional Centro De Estudios Rural Urbano y Regional (presidida por Romero) está situada casualmente en Avenida Libertador 17232. Hay otras sociedades que tienen idéntica ubicación: Baunnion SA, CESA Comercial SA (antes llamada CPI Obras Civiles SA, bajo la órbita de María Romero y María Bava), CESA SACICyA (Sociedad Anónima, Constructora Industrial, Comercial y Agropecuaria) y Construcciones Ecológicas SA (luego pasó a ser CESA).
Pero ¿qué tienen que ver estas compañías? Todo este conglomerado de empresas ganó licitaciones en el Plan Federal de Viviendas en San Isidro. En algunos casos, para construir residencias, en otros, para mejorar las ya existentes, mientras que algunas estuvieron al frente de la ejecución de infraestructura para las propiedades.
Las adjudicaciones y los montos
Entre 2005 y 2006, se llevaron a cabo por el Plan Federal de Viviendas en San Isidro, licitaciones por un monto total de $ 410.852.650. Una porción de esta partida, fue destinada a varias empresas que se domicilian en Av. Libertador 17232.
La firma Baunnion SRL -después pasó a SA y luego, si quedaban dudas, el 28 de junio de 2012, mutó el nombre para denominarse Syrah Constructora e Inmobiliaria SA-, percibió entre 2005 y 2006, $ 16.154.555,58 por trabajos vinculados al Plan Federal. El dinero fue adquirido en cinco licitaciones: la primera el 3 de marzo de 2005 por $ 3.800.489, la segunda fue en abril de 2005 por un valor de $ 1.097.175 (decreto 434/05), la tercera se dio en marzo de 2006 por $ 3.724.924,80, la cuarta fue en junio de 2006 por un monto de $ 3.778.644,78 y la última fue en julio de 2006 por una cifra de $ 3.753.318.
La firma CESA registró ingresos por $ 11.945.803, lográndolos en cuatro adjudicaciones: $ 2.601.567, luego $ 4.688.156, después $ 2.296.580 y, por último, $ 2.359.500. Por otro lado, Construcciones Ecológicas SRL, ganó cinco adjudicaciones por un global de $ 17.026.869.
En total, entre Baunnion, CESA y Construcciones Ecológicas, se adjudicaron obras del Plan Federal por un monto final de $ 45.127.227. En cuanto a las empresas que fueron beneficiadas en 2007, no hay datos oficiales, sólo figuran los montos que se ejecutaron, aunque no quién los recibió. Casualmente en 2007, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Posse anunciaba con bombos y platillos que “San Isidro se convertiría en el primer municipio de la provincia de Buenos Aires sin villas”.
La frase tendría cierto grado de veracidad, si las partidas enviadas por Nación para el subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios se hubiesen implementado con el fin correcto. Sin embargo, nada se sabe de las casas fantasmas; tampoco de la financiación y menos del holding empresarial que estaba bajo el núcleo de los hermanos Romero y que fueron favorecidos con reiteradas adjudicaciones. “Romero es asombrosamente multimillonario”, puntualizó Durrieu a Desafío.
A pesar de todo este vacío legal y de la falta de respuestas, una cláusula abre las puertas para que la Justicia interceda y tome cartas en el asunto: un artículo del contrato expediente firmado por Nación, Provincia y San Isidro reza que “el Municipio se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos órganos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran”.
La Justicia Federal está realizando una investigación preliminar para determinar si existieron culpabilidades y complicidades entre Posse y funcionarios de su Ejecutivo. Una situación similar atraviesan organismos provinciales y nacionales. Por todas estas irregularidades, están examinando posibles delitos en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
La urbanización de las villas en San Isidro dejó de ser un plan para los vecinos para transformarse en un plan de negocios que sólo beneficia a particulares y a empresas privadas. Ahora será la Justicia la que determinará las responsabilidades del Intendente y funcionarios de su Gabinete.
Empresas amigas, también en Zarate
San Isidro no es el único distrito de la provincia de Buenos Aires donde el arquitecto Fernando Romero está observado por participar con varias empresas de distintas licitaciones. La oposición de Zárate, tierra de Osvaldo Cáffaro, puso el ojo en las contrataciones de las empresas Syrah Global Developer y Construcciones Ecológicas SA, firmas que ganaron distintos concursos públicos en la localidad. Con la primera, Romero vio a la Costanera como un lugar para desarrollar inversiones y a partir de allí hizo público su apoyo al Master Plan. Con la segunda, en 2009, ganó la licitación del Centro Cultural de calle Brown y la Nueva Terminal en la rotonda. Según los ediles opositores, desde que el Intendente zarateño se acercó al kirchnerismo, más específicamente, al ministro De Vido, el nexo con Romero se acrecentó y estrechó, al punto que el arquitecto acompañó a Cáffaro a distintas presentaciones de obras e inversiones. En 2010, durante la presentación del Master Plan en el Hotel Hilton de Puerto Madero, el Jefe comunal y Romero compartieron la Expo Real Estate 2010 en donde se presentó el proyecto de la Costanera de Zárate. Casualidades del destino, o no, al igual que las casas en La Cava, la nueva terminal en la rotonda con 2.000 metros cuadrados de pavimento, 14 dársenas, cinco boleterías, ocho locales comerciales, un restaurante, una cocina y un sector de espera para taxis, sigue en veremos a cinco años de haberse aprobado la obra.
Directorios de último momento. Un empresario multifacético
El arquitecto Fernando Romero no toma respiro y en los últimos cuatro meses apareció en el directorio de al menos tres empresas. El 15 de septiembre de 2014, la empresa “Syrah Constructora e Inmobiliaria SA” acepta la renuncia de los directores Marcelo Nayem y José Adolfo Avila y nombra como presidente a Fernando Adrián Romero. Como directora suplente queda María Sofía Bava. Esta firma no es la misma que Syrah Global SA, en la cual ejerce el control María Luciana Romero y Diego José Muiños. Simplemente no son las mismas sociedades porque tienen nombres diferentes, aunque es una forma de acaparar las licitaciones con varias empresas que terminan formando una “comunión”. El mismo 15 de septiembre de 2014, la compañía Construcciones Ecológicas SACICYA, modifica la cúpula, dejando el cargo de presidente a Cecilia Paula Adoue y tomando el puesto Fernando Romero. Por último, el 27 de junio de 2014, por vencimiento de mandatos, se renovaron las autoridades de la administración Urroz Hermanos SA, quedando como presidente Fernando Romero y como directora suplente, María Bava. Todos estos datos no hacen más que confirmar el crecimiento económico de Romero, explicando el porqué de su apertura empresarial de emprendimientos de lujo en otros países como Uruguay (Punta Ballena y Punta del Este) y Bolivia (Santa Cruz de la Sierra).
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