Organismos públicos provinciales deberán pagar haberes a través del Bapro

El Presidente del Bloque Peronista de Senadores, Patricio García, autor de la medida, consideró que “esto puede perjudicar a la entidad bancaria estatal, y por ende a la Provincia y sus trabajadores, beneficiando a la banca privada”.

“La masa salarial es un genuino fondeo del BAPRO, que promociona con ello la actividad productiva provincial”, agregó el hombre de Florentino Ameghino.

El BAPRO es la más importante institución financiera provincial, primer banco del país, agente financiero de la Provincia, tesorería de las Municipalidades, con sucursales que cubren todo el territorio provincial, inclusive en localidades de menos de 1.000 habitantes; tiene la obligación legal de asistir a los Municipios con adelantos y préstamos, asistir a productores agropecuarios declarados en emergencia o desastre, y a los habitantes que sufren catástrofes por fenómenos climáticos.

En ese sentido, el senador García explicó “no es la intención perjudicar a otras entidades, sino que se trata de una razonable limitación que atiende a la naturaleza de banca social del BAPRO”.

El proyecto se basa en las facultades provinciales que surgen del Pacto de San José de Flores de 1859, instrumento reconocido constitucionalmente al momento de la incorporación de la Provincia de Buenos Aires al resto de la Confederación Argentina.

Además se aprobó la corrección de la última modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades, suspendiendo las nuevas incompatibilidades de los concejales y restituyendo la compensación no remunerativa que había sido suprimida.

De esta manera, "se reivindica la naturaleza democrática y constitucional del cargo de concejal", dijo García y fundamentó que “no se trata de empleados, sino que es un alto honor que la comunidad otorga a aquellos ciudadanos que elige para que la represente y es momento de jerarquizar la función de esas personas, de distintas ideas políticas, comprometidas con su pueblo”.

Vale señalar que para el tratamiento urgente de la iniciativa, fue importante la manifestación de numerosos concejales de distintos municipios, expresando su preocupación por la última modificación de la Ley Orgánica Municipal, que desconocía la naturaleza de carga pública de su función constitucional.