No son 10 como en Egipto, pero las 4 plagas bonaerenses nada tienen que enviadiarles a las que azotaron a Ramsés. Los factores climáticos se metieron en la política provincial y activaron una discusión dormida: la necesidad de modificar la ley 10.390, que establece las condiciones y los be-neficios para los municipios que fueran afectados por catástrofes naturales. Lo que se busca es ampliar los alcances de futuras emergencias y atemperar el golpe económico que significan tanto para el Estado como para los pueblos.
La radiografía de la actual emergencia bonaerense encendió la alarma: 26 municipios. Esa suma podría agrandarse si se tiene en cuenta a otros 28 distritos que también tocaron fondo por los mismos factores pero fueron ayudados por el Ministerio de Agricul-tura de la Nación.
Por fuera de los datos duros, el panorama obligó al ministro de Agroindus-tria, Leonardo Sarquís, a desempolvar una discusión que data de 30 años: la necesidad de establecer modificaciones a la ley de Emergencia Agropecuaria que rige en la Provincia. No obstante, a contramano de lo que el propio concepto de la ley sugiere, desde el Ejecutivo no tienen apuro alguno en elevar el proyecto.
La noticia se filtró y llegó a los ámbitos donde exigen celeridad. Desde las entidades que nuclean al campo alzaron la voz para marcar la cancha. Y entienden que los alcances de la emergencia también pueden ampliarse por decreto.
El director y coordinador por la Federación Agraria Argentina (FAA), Jorge Solmi, enumeró tres puntos que desde la institución consideran necesarios abarcar. El primero de ellos radica en la realización de una diferenciación de asistencia según la región, el tipo de producción y los productores. El segundo implica la creación de un fondo de asistencia que le permita a la Provincia inyectar plata fresca al damnificado. Y el tercero, que se arbitre un mecanismo que le otorgue la potestad al gobierno bonaerense de declarar la emergencia agropecuaria sin la necesidad de que sea, como hasta ahora, anunciada desde el municipio.
Pero Sarquís insiste con la pausa y apela al análisis. De hecho, armó una mesa conjunta con sus pares de Santa Fe y Córdoba y apuesta a formar un núcleo duro de políticas agropecuarias que incida en posibles modificaciones a la ley de Emergencia nacional. “El grupo de los tres ministros” muestra un dato estadístico por el que creen que deben ser escuchados: entre el 70 y el 90 por ciento de las actividades agroindustriales del país se realizan en sus respectivas jurisdicciones.
En paralelo, dos diputados provinciales ya trabajan proyectos con modificaciones. Uno de ellos es Avelino Zurro (FpV), y el otro Oscar Sánchez (Cambiemos). De los dos, Sánchez cuenta con la venia de Sarquís. La principal novedad que introduce la iniciativa del diputado oficialista radica en que permitiría que empresas aseguradoras formen parte de la ley de Emergencia incorporando la figura de los seguros multirriesgo para que el gobierno bonaerense no sea el único que asista económicamente a los productores afectados.
En este sentido fue otra entidad del campo la que paró la oreja. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), su presidente, Matías de Velazco, dialogó con La Tecla y aseguró que buscará reunirse con el ministro de Agroindustria.
"Tenemos entendido que van a entrar a jugar figuras de seguro y nosotros queremos enterarnos de los pormenores porque necesitamos que sea una solución para el productor y no para las empresas", señaló el dirigente rural. Y agregó: "Los seguros deben tener un monto razonable para pagar, porque si el productor pierde un ciclo productivo no es poca cosa". Además, el máximo referente de CARBAP hizo hincapié en el hecho de que para cobrar un seguro "no haya que hacer una procesión" ya que "necesitamos que el productor siga en carrera y produciendo". |
