¿Dar o no dar clases? El dilema de la educación copó la agenda mediática, judicial y política

Por un lado, la gobernadora María Eugenia Vidal se refirió al tema en las redes sociales, y agradeció a los trabajadores que no se adhirieron en Facebook:

“GRACIAS. Hoy muchísimos chicos de la Provincia, no pudieron empezar las clases, pero también hubo muchísimos docentes en sus aulas que decidieron ir a dar clases igual, a pesar del paro que se había declarado. A todos ellos quiero decirles gracias por haber puesto a los chicos por encima de cualquier diferencia. Nuestro gobierno va a seguir trabajando para encontrar alternativas que nos permitan ponernos de acuerdo con los dirigentes gremiales”.

Por otro lado, la Justicia también quedó a merced de la agenda mediática. En este sentido, la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Ventura Martínez dio nuevamente curso a la demanda iniciada por el gremio docente de Udocba, para que no se les descuente los días de paro realizado el 1 y 2 de agosto de 2016, e intimó a la Dirección General de Cultura y Educación a que en el plazo de cinco días, de “cumplimiento inmediato” al pronunciamiento cautelar presentado en noviembre de 2016, poniendo bajo apercibimiento la aplicación de multas de 1000 pesos diarios “por cada día de demora”, de hacerse efectiva esa responsabilidad en el director General de Escuelas, Alejandro Finocchiaro y los funcionarios responsables.

Asimismo, el juez Luis Arias dictó una resolución cautelar mediante la cual ordena al Poder Ejecutivo Provincial a que se abstenga de dictar la conciliación obligatoria y de ejercer cualquier acto o hecho que afecte el derecho a huelga de los trabajadores docentes, y a que en caso de no arribar a un acuerdo entre partes la solución del conflicto recaiga en un órgano imparcial.

En tanto, los legisladores bonaerenses también aprovecharon la situación para posicionarse. Entre ellos, Jorge D’Onofrio, titular del bloque del Frente Renovador de la Cámara Alta, salió a respaldar la medida de fuerza, al igual que referentes kirchneristas como la legisladora Mónica Macha.