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Viernes, 20 septiembre 2019
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12/09
JUSTICIA
Abren investigación penal contra Guillermo Dietrich y Javier Iguacel por las concesiones de los peajes
Están acusados de pagar certificados de obras y beneficiar a firmas concesionarias con la recaudación por 15 meses, cuando los contratos ya habían finalizado. Es por un monto de 30 mil millones de pesos.
Abren investigación penal contra Guillermo Dietrich y Javier Iguacel por las concesiones de los peajes
Las concesiones de los peajes otorgadas bajo el gobierno de Mauricio Macri puso a Cambiemos en una nueva polémica que ya tiene réplica judicial. El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, fueron involucrados en una causa penal que ya se tramita en Comodoro Py.

La causa, en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano, fue iniciada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que sostuvo que los contratos fueron continuados de manera “irregular” por ambos funcionarios.

Graciela Aleña, titular del Sindicato de Trabajadores Viales, denunció que se abonaron a las concesionarias 30.000 millones de pesos con fondos del Estado y apuntó a Iecsa, firma hasta hace poco propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

En concreto, el sindicato acusó a Iguacel y Dietrich de utilizar "una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras" por esa cifra, "más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje"

"Estos contratos tenían un plazo de 6 años, por lo que debieron vencer el 21 de abril de 2016, con una única ampliación de plazo de 12 meses, siendo el vencimiento definitivo el 21 de abril de 2017,", afirma la denuncia. "En pleno conocimiento por Decreto Nº 1288/2016, el Poder Ejecutivo ordenó al Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional y OCCOVI para que se realice el inmediato llamado a licitación de dichos corredores, pero nada se hizo", resalta el escrito. Se enfatiza que fueron siete las empresas beneficiadas.

En el documento presentado por la Justicia, se cita que el 21 de abril de 2017 Iguacel  "emitió la Resolución Nº 811/2017, incumpliendo el mandato del decreto 1288 y lo convenido en cada uno de los contratos y prorrogó las concesiones hasta por otros 12 meses y en caso de no cumplirse el nuevo plazo hasta que se celebren los nuevos contratos".

En este caso, según Aleña, la resolución "fue dictada Ad-referéndum del PEN", de modo que "no existe en el Derecho Administrativo Argentino, ya que carecen de efecto jurídico, no son legítimos, ejecutables, ni ejecutorios".  "Le han privado a la Administración de obtener una mejor oferta y le ahorraron a las empresas la necesidad de competir para acceder o sostener por más de 2 años la operación de los corredores concesionados".

En ese sentido, el gremio dio cuenta del período de irregularidades. "Por 15 meses, las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas, gracias al Dictado de la Resolución 346/18", remarcaron. 
 
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