Los miembros del Senado nacional aprobaron por unanimidad la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria hasta el 2022. Fuera del Congreso las organizaciones sociales esperaban la aprobación de la norma que además amplió las partidas presupuestarias para ese objetivo.
En una sesión que duró poco menos de cuatro horas, el Senado convirtió en ley la prórroga de la Emergencia Alimentaria hasta el 2022.
Con 61 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones la iniciativa consensuada entre los distintos bloques de la oposición se convirtió en ley y entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Boletín Oficial.
Si bien hubo consenso entre los bloques para la aprobación del proyecto, en el cierre del debate, el presidente del bloque del PRO Luis Naidenoff mantuvo un cruce con su coterráneo el senador peronista José Mayans.
En tanto, en las afueras del Congreso las organizaciones sociales concentraron esperando la aprobación de la iniciativa. Distintas movilizaciones en los últimos días aceleraron el tratamiento y aprobación de la medida sumamente necesaria en un contexto de extrema pauperización de los sectores más postergados.
El objetivo de la declaración de la emergencia alimentaria es garantizar la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad a través de la reasignación de partidas del Presupuesto de la Administración Nacional.
La iniciativa convertida en ley este miércoles dispone un inmediato incremento del 50% "como mínimo" de las partidas presupuestarias vigentes este año y destinadas a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Declara además la emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022 y faculta al jefe de Gabinete, a partir del próximo año y a lo largo de la vigencia de la emergencia alimentaria, a actualizar trimestralmente estas partidas presupuestarias tomando como "referencias mínimas" el aumento de la variación porcentual del rubro ''alimentos y bebidas no alcohólicas'' del IPC y la variación de la Canasta Básica Alimentaria según el INDEC.
El debate comenzó pasadas las 14.30, cuando los miembros del Senado iniciaron el tratamiento de la prórroga de declaración de emergencia alimentaria en la Argentina hasta 2022, durante una sesión especial en la que el oficialismo y la oposición acordaron una discusión sin dilaciones.
La sesión arrancó con una serie de cuestiones de privilegio y mociones de preferencia en las que los senadores formularon planteos por el conflicto docente en Chubut o el asesinato de mujeres ocurridos en las últimas horas en distintos puntos del país.
Los senadores neuquinos, Juan Mario Pais y Nancy González, pidieron un minuto de silencio por las dos docentes fallecidas en un accidente de tránsito cuando volvían de una protesta en Rawson. “Quiero pedir un minuto de silencio para brindar el respeto a los docentes que estaban reclamando su legítimo derecho”, planteó el chubutense Pais.
En tanto González apuntó contra el ejecutivo nacional “por la situación caótica en materia social y económica” en Chubut. “Esta situación se podría haber evitado si el gobierno nacional no hubiera mirado para el costado”, advirtió la senadora, quien denunció que el gobierno de Mauricio Macri “dejó a la deriva” a la provincia con las “malas políticas implementadas”.
La sesión especial contó con una lista reducida de oradores y un tratamiento rápido, en un Congreso que mostró sus inmediaciones valladas por la movilización de los movimientos sociales que reclaman la aprobación de la norma.
Conducida por la presidenta del Senado, la vicepresidenta Gabriela Michetti, y sin la presencia -por primera vez- del ex jefe del bloque peronista y actual candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, que se ausentó por actividades de campaña, la sesión se inició pasadas las 14:30 y tuvo sólo 14 oradores.
La ex presidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández, tampoco participaba del debate por encontrarse de viaje en Cuba, donde reside su hija Florencia Kirchner.
El oficialismo y la oposición habían acordado en negociaciones durante los últimos días el no interponer reparos a la aprobación de la ley, del mismo modo en que ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa se aprobó casi por unanimidad.
Entre los oradores se encontraron por el oficialismo, Esteban Bullrich y Luis Naidenoff, y por el peronismo Marcelo Fuentes, José Mayans y el presidente del bloque, el cordobés Carlos Caserio, entre otros.
En la convocatoria oficial confirmó el acuerdo al que arribaron el oficialismo y la oposición en las últimas horas para no dilatar la aprobación de la norma, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados hace una semana y casi por unanimidad. Por caso, el senador de Cambiemos Esteban Bullrich confirmó en ese sentido que no habrá "mayores dificultades" para sancionar la ley. A su vez, voceros del bloque del peronismo, que preside el cordobés Carlos Caserio, y del bloque que preside el kirchnerista Marcelo Fuentes había adelantado su disposición a la aprobación de la norma sin reparos.
El proyecto reúne una decena de iniciativas impulsadas por diferentes bloques de la oposición y plantea la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la Emergencia Alimentaria Nacional, además de impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional. También establece "un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición". Además, faculta al Jefe de Gabinete a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias" para poder destinar fondos para aplicar esta ley. También se autoriza a partir del 1 de enero del 2020 y hasta que dure la emergencia, al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica. A lo largo de la ley se establece que "el derecho humano a una alimentación adecuada: se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada "Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional" que apruebe el Congreso de la Nación. También se fija que la Sindicatura General de la Nación, en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional, instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos. La Cámara de Diputados aprobó hace una semana por amplia mayoría el proyecto consensuado por los bloques opositores para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria en la Argentina, lo cual implica un aumento en un 50 por ciento de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos. La iniciativa, aprobada por 222 votos en general y una abstención de la diputada de la Izquierda Socialista Mónica Scholotthaauer, contó con el respaldo de todos los bloques parlamentarios, incluido el oficialista Cambiemos, en la primera sesión que realizó la cámara baja después de las PASO y luego de tres meses sin sesionar. |
