La ex diputada nacional Margarita Stolbizer demandó al Estado nacional por la firma del Decreto 591, a partir del cual el presidente Mauricio Macri modificó la Ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de materiales sin certificado de inocuidad.
En este sentido, la líder del GEN y presidenta de la Asociación “Bajo la Lupa” solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución por contravenir el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reza: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Por ello, de acuerdo a la demanda a la que tuvo acceso LaTecla.Info, Stolbizer pidió la “nulidad absoluta” del decreto; hasta tanto, se ordene la inmediata suspensión de sus efectos y “de cualquier otro instrumento similar que durante el transcurso del proceso, directa y/o indirectamente, prolongue, reemplace o altere, de manera negativa, la protección del medioambiente”.
En este contexto, solicita que “se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que retrotraiga los efectos del Decreto 591/2019 que aquí se impugna, volviendo los mismos al anterior estado de cosas dadas previo a la efectiva aplicación del mismo”.
En efecto, con el patrocinio de los letrados Ramiro Egüen (quien es también candidato a diputado provincial por la Séptima Sección) y Silvina Martínez, la líder del GEN señaló en la demanda que en el art. 2, el Decreto en cuestión define el término `residuos´ por la negativa (modalidad prohibida por la lógica del lenguaje) “dejando abierta al exclusivo arbitrio de las autoridades del gobierno de turno, qué es y qué no es residuo, y por ende, qué se puede o no importar en tal sentido”.
Asimismo, el decreto expresa que “quedan comprendidos en lo dispuesto en el art. 1 aquellas sustancias u objetos que, obtenidos a partir de la valorización de residuos, no se ajusten a las exigencias y al procedimiento de importación”, por lo que “resultan por de más amplias y vagas y/o ambiguas, en tanto habilitan sin más la importación de cualquier residuo sea de las características o condiciones que fueren”.
Además, para la ex legisladora, “la norma preocupa porque elimina el requisito de inocuidad y peligrosidad de origen” y lo que pone en grave riesgo la plena vigencia del estado de derecho, siendo repugnante a normas de jerarquía superior tales como el derecho humano a una vida sana, a la protección del medioambiente y el desarrollo sustentable de las generaciones presentes y futuras.
Stolbizer con su letrado Ramiro Egüen, quien es también candidato.
La palabra oficial
Días atrás, La Tecla dialogó con el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, quien explicó los alcances del polémico decreto.
Al respecto dijo: “Había un decreto que prohibía el ingreso de ciertas corrientes residuales, salvo que cuenten con un certificado de inocuidad. Desde 1992 a la fecha, nunca se otorgó, ni se emitió dicho certificado porque no se quiso decir que una corriente residual, aún valorizada, era inocua, ya que era una definición imposible de afirmar, sino que se hablaba de ´no peligrosidad´. En ello, había un incumplimiento. Posteriormente, la gestión de residuos se fue modificando y tecnificando; entonces, muchas corrientes que antes terminaban en los rellenos sanitarios pasaron a ser insumos de procesos productivos”.
En esta línea agregó: “La necesidad de importar por parte de unos países ciertos insumos son vitales para los procesos productivos. Eso pasa con el aluminio en Argentina, donde la producción no alcanza para abastecer a la demanda y eso se genera mediante restos de scrap de diferentes procesos. Entonces la finalidad de este decreto fue que aquellas corrientes residuales que vienen ingresando antes de 1992 -no es que ahora se abrió la puerta-, estén basadas en una matriz técnica y no en un papel de la autoridad local de origen.
Por ese motivo puntualiza que ´cada una de estas corrientes de mercancías va a tener que cumplir una norma´, es decir, tienen que ser residuos valorizados, porque se les hizo un proceso de transformación en origen; y después tiene que haber un mercado específico, además de no ser dañino para la salud y para el ambiente”.
“Es una respuesta a las grandes potencias”
Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, también dialogó con La Tecla. Cuestionó: “Consideramos que es una respuesta del gobierno nacional a las necesidades caprichosas de algún sector importante de las empresas transnacionales que tienen que ver con el negocio del reciclado, como Cabelma o Coca Cola, que hacen esto de importar la basura porque desciende el precio de los reciclables. Por otra parte es una respuesta a las grandes potencias que no saben dónde meter su basura y cierran con (Mauricio) Macri para convertirnos en el basurero del mundo”.
“Hay lobbies y empresas que requieren de estos insumos”
En dialogó con La Tecla, el experto ambientalista Enrique Viale cuestionó los intereses económicos detrás de la medida. Al respecto dijo: “Es un disparate haber flexibilizado los requisitos que existían para la importación de basura. Esto abre una caja de Pandora al eliminar la obligatoriedad de un certificado de origen que garantizara la inocuidad ambiental y sanitaria, como también modificar el decreto que establecía una serie de sustancias y residuos de determinadas actividades que estaban prohibidas. Aun sin entrar residuos peligrosos es un disparate, porque acá no se pueden tratar los propios residuos. Tenemos un largo camino y mucho por reciclar si es que la industria requiere esos insumos”.
En referencia a los beneficiados con la reforma de la normativa, el letrado apuntó: “Hay lobbies y empresas que requieren de estos insumos y residuos reciclables; obviamente que los perjudicados son las cooperativas de recicladores que viven de la venta de ese material, y al caer el precio, van a ver mermados sus ingresos. También, uno de los grandes ganadores es Estados Unidos, que desde principio de año tiene cerrada la importación a China por una decisión opuesta a la de Macri. También pueden ser las plantas incineradoras que autorizó Horacio Rodríguez Larreta, que si bien no están construidas dejan el camino libre para eso”.
En esta línea, Viale cuestionó: “Tenemos cinco mil basurales a cielo abierto y se recicla sólo un diez por ciento, por eso no se puede pagar en dólares para traer barcos de basura. Eso no tiene lógica y hay cosas sospechosas, porque no lo firmó Sergio Bergman y sí lo hizo Dante Sica. Además se pone como autoridad al Ministerio de Producción, y me parece que los lobbies vinieron por ese lado”.
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