Por Hernán Sánchez
La investigación de Juan Amorín en El Destape Web desnudó la cara más oscura de la política. Esa que todos saben que existe y nadie quiere ver porque incluso es parte del sistema. A veces prolijamente maquillado y otras, como ahora, sin velo alguno, el rostro del financiamiento de las campañas electorales siempre lleva cicatrices indeseables.
Sin negar los garrafales errores cometidos por los responsables económicos de la campaña legislativa 2017 en la provincia de Buenos Aires, base del exitoso trabajo periodístico de Amorín, bien vale separar el escándalo en partes. Y explicar por qué en el gobierno bonaerense creen que están pagando demasiado precio en el affaire de los aportantes truchos, mientras todavía quedan fuera de la mira quienes manejaron los recursos en 2015, que es el segundo escándalo y el políticamente más grueso.
Con el despido de Fernanda Inza y la orden de hacer una auditoría interna sobre la actuación del Comité de Campaña 2017, apuntado por la aparición de aportes de personas que reciben planes sociales y aseguran no haber colaborado, María Eugenia Vidal “asumió la responsabilidad política, porque no le esquivamos a este lío”, según aseguró uno de sus laderos.
Inza, como tesorera, quedó en el ojo de la tormenta al igual que los responsables económicos Carla Chabán (PRO) y Alfredo Irigoin (UCR), tal como publicó La Tecla en su edición impresa del 26 de junio. Son los más complicados judicialmente a partir de haber firmado los recibos. Pero la denuncia realizada por la oposición alcanza a la presidenta del PRO en la Provincia, es decir Vidal.
Mientras algunos se preguntan por qué no está también en la misma línea de tiro el vicegobernador y presidente de la UCR Provincia, Daniel Salvador (serían las mismas responsabilidades), lo cierto es que la bala dio en la línea de flotación de la Gobernadora. Lo que nunca esperaron Vidal y su equipo es que el cañonazo más fuerte viniera de un pasado más lejano e impactara en la nave bonaerense de rebote.
Con cuestiones políticas detrás, que desnudan verdaderos problemas de contención, el escándalo de los aportes truchos explotó por las contribuciones que se les atribuye a intendentes, concejales y candidatos en todas las categorías de la campaña presidencial 2015. “Nosotros no fuimos responsables de esa campaña, todo eso se hizo desde el Comité de Campaña nacional, si ni siquiera María Eugenia sabía si iba a ser candidata a dos semanas del cierre de listas”, comentó a este medio un funcionario provincial.
Sus dichos, avalados por otro integrante del Gabinete bonaerense, denotan cierta rispidez con oficinas cercanas al presidente Macri. Aunque nunca mostrarán públicamente ese enojo, y aseguran que “dan la cara ahora y siempre”, en el entorno de la Gobernadora están molestos porque la mezcla de los errores de una y otra campaña claramente los perjudica.
Es que en 2015 el responsable de toda la etapa proselitista de Cambiemos fue el actual Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. Reiteran en las altas esferas gubernamentales bonaerenses que era mínima o nula la incidencia de ellos en la confección de la aquella estrategia. Pero la oposición no perderá la oportunidad de dispararle a la política que aún conserva la mejor imagen del país.
Detrás de todo ello aparecen las cuestiones políticas y los pases de factura. Uno de los primeros en activar la bomba fue el dirigente Osvaldo Marasco, de Ituzaingó. Acercado al espacio por Jorge Macri, Marasco fue el candidato a intendente que perdió con el histórico Alberto Descalzo. Sin contención posterior, Marasco se peleó con el primo del Presidente, se fue de Cambiemos y abrevó de nuevo en el peronismo. Esperó comer la venganza en plato frío y ahora la disfruta.
En Avellaneda, el concejal Daniel García (también traído al espacio por el intendente de Vicente López) se molestó por la elección partidaria de colocar a Gladys González como candidata a intendenta y pegó el portazo. Es otro de los denunciantes iniciales por haber aparecido en la lista de la Cámara Nacional Electoral como aportante de dinero en efectivo, que él niega haber donado.
Detrás de ellos una catarata de ex candidatos, concejales actuales y hasta un intendente salieron a decir que ellos nunca habían puesto dinero, y no les habían avisado de su inscripción como aportantes. La afirmación del jefe comunal de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, de que no había colaborado con la campaña de 2015 terminó de detonar el explosivo.
“Arroyo está haciendo su juego político, está enojado por lo de (Guillermo) Montenegro, que es nuestro candidato, y reacciona así. Ahora es funcional a la denuncia del kirchnerismo”, sentenció uno de los hombres que arma políticamente para Cambiemos en la Provincia. Y remató: “El sabe que no tiene retorno con nosotros”.
El radicalismo, por su parte, no parece contener las denuncias de ex candidatos o actuales concejales algo distanciados de Cambiemos, que también aseguran no haber puesto la cifra que la Justicia recibió como aportes de campaña en sus nombres. La Unión Cívica Radical se encamina otra vez ante una interna para dirimir cargos partidarios, y este conflicto mete la cola también en esa instancia tan cara al incorregible internismo de los boina blanca.
En el país del “todo pasa” el escándalo de los aportes truchos puede quedar rápidamente en la página del vago recuerdo, o directamente del olvido. Sin embargo, ha mellado las relaciones internas de quienes permanecen en Cambiemos, y sentado un peligroso precedente.
El oficialismo no está en condiciones de regalar nada, mucho menos de quedar atado a acuerdos obligados bajo la presión de algunos que por ahora no dicen nada pero si quedan afuera podrían develar que tampoco ellos pusieron la plata que dicen las planillas enviadas a la Justicia Electoral. El affaire tiene su lado económico y la Justicia deberá investigar si hubo comisión de delito en base a las denuncias presentadas, pero el más riesgoso para Cambiemos es el lado político, cuyas consecuencias todavía son difíciles de dimensionar.
|
