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15 de agosto de 2018

El kirchnerismo quiere un nuevo protocolo sobre el aborto

A pesar de que la Provincia ya tiene un tiene uno y, según indicaron fuentes bonaerenses "funciona correctamente y se realiza al menos en 19 hospitales", desde Unidad Ciudadana buscan que el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo en el territorio bonaerense se trate en sesión.

El kirchnerismo quiere un nuevo protocolo sobre el aborto - La Tecla

El aborto no fue ley en el Senado de la Nación pero el kirchnerismo busca que la Cámara baja bonaerense establezca nuevas normas que modifiquen el protocolo que actualmente funciona en la Provincia.

A pesar de que el gobierno provincial aclaró que el protocolo vigente radica desde el periodo que Alejandro Collia era ministro de Salud de Daniel Scioli y se realiza al menos en 19 hospitales, la bancada de Unidad Ciudadana insiste en llevar este tema al recinto.

El escrito, que lleva la autoría de Lucía Portos, establece la regulación del acceso a la interrupción del embarazo en los supuestos enunciados en el artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal.

Además, exime de pena al médico y la paciente en aquellos casos en los que la mujer es víctima de violación o su salud se encuentra en riesgo, ya que a los fines del proyecto se concibe la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, conforme lo ha definido la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En cuanto a las instituciones en las que se implementaría la interrupción del embarazo, el proyecto determina que la ley “será de cumplimiento obligatorio en todos los servicios de salud de la provincia de Buenos Aires, tanto en los subsistemas público, privado y de la seguridad social”.

Por otro lado, el artículo 3 obliga a emplear los métodos más avanzados de la medicina privilegiando aquellos que son menos invasivos y más seguros según las recomendaciones de la OMS. Además, la norma resguarda la intimidad de la persona solicitante y la preservación de datos personales y familiares para garantizar la confidencialidad.

El documento contiene 26 artículos, entre los cuales se definen las prestaciones que deben brindar los centros de salud, la incorporación de ellas en obras sociales y prepagas, la cobertura de costos de exámenes, el plazo de implementación no mayor a los 5 días desde su solicitud, la creación de un equipo especializado, entre otros.

 

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