María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), cuestionó el accionar del Gobierno en relación al caso de Santiago Maldonado y lo comparó con otros casos de violencia institucional que se han dado en el país.
En declaraciones al programa La Tecla en Vivo, de Cadena Río, Verdú recordó que el 17 de octubre de 2014 se dio la noticia del hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga, enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Ahora, en medio del hallazgo de un cuerpo aún no identificado durante la búsqueda de Maldonado, aparecen ciertas semejanzas.
"No es sólo una coincidencia de fechas, en uno como en otro caso, queda absolutamente evidente todo el entramado de responsabilidad de los respectivos gobiernos en la desaparición, en el ocultamiento del cuerpo y, en el caso de Santiago, como lo viene remarcando la familia junto a la abogada y a la perito, de un cuerpo que todavía no sabemos de quién es", puntualizó.
No obstante, Verdú dio cuenta de irregularidades. "Sí sabemos que hace 48 horas no estaba en el lugar donde fue encontrado, porque es un lugar visible desde la orilla, un lugar donde habitualmente las mujeres recogen agua, donde la propia Verónica Heredia, la abogada, contó que había pasado caminando por ahí en oportunidades anteriores, que había sido rastrillado tres veces. Ahí es donde aparecen las otras coincidencias", añadió.
La abogada, especializada en Derechos Humanos, comparó la desaparición de Maldonado con los casos de Sebastián Bordón, o el soldado Omar Carrasco, cuyos cuerpos aparecieron a la interperie "en lugares donde ya se había rastrillado en búsquedas exhaustivas". Aseguró, así, que, más allá del paso de los gobiernos, hay un sistema que permanece. "Se trata de un método, más que una imprudencia.
La referente de CORREPI apuntó contra la responsabilidad de Mauricio Macri y su gabinete. "La única certeza que tenemos es que el gobierno es responsable. Toda la actuación del Ejecutivo, del Presidente, de Bullrich, Garavano y Noceti para abajo, de todo el aparato judicial, obviamente, de las fuerzas de seguridad, las declaraciones públicas de los voceros del Gobierno (como las de Elisa Carrió), todo demuestra que acá hubo un operativo de mentiras, de encubrimiento, que no tiene otra explicación que cubrir la propia falta. Nadie se pone a criminalizar a la víctima ni a encubrir a los responsables materiales si no tiene una responsabilidad".
Verdú, que hace años lleva adelante un relevamiento de casos de violencia institucional, fundó en 1984 la asociación Amuayu, que en mapuche quiere decir "Los que van". Fue la organización precursora de CORREPI. "Ya en esa época, teníamos conciencia de que en las zonas del país en las que la población más vulnerable y más pobre es la que se reconoce integrante de pueblos originarios, la mayoría de las víctimas de ese control social de las detenciones arbitrarias, de las torturas, muertes en lugares de detención del gatillo fácil, pertenecían a los pueblos originarios", ahondó. |
