Como se sabe, el fiscal Álvaro Garganta decidió llamar a declaración indagatoria al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, además de procesarlo y pedir su desafuero, tras la denuncia iniciada por la diputada Elisa Carrió por la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) en las que el gobierno provincial destinó más de 100 millones de pesos.
Horas después de conocerse la noticia, el exmandatario provincial difundió a través de las redes sociales un comunicado escrito por sus abogados, Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, en el cual los letrados aducen: “negamos terminantemente que haya habido tráfico de influencias o irregularidades por parte de nuestro defendido”.
También, en el comunicado, expresan que “ nuestro defendido nos ha manifestado enfáticamente que jamás dio instrucción alguna, ni ejerció influencia sobre ningún funcionario de su gabinete para favorecer empresas en sus contrataciones con el Gobierno”.
COMUNICADO DE MIS ABOGADOS DEFENSORES
Con referencia a la citación a prestar declaración por parte de la Fiscalía al señor Daniel Scioli, sus defensores manifiestan: Negamos terminantemente que haya habido tráfico de influencias o irregularidades por parte de nuestro defendido. Conforme surge de los expedientes administrativos, todas las licitaciones y contrataciones del Gobierno Provincial durante su gestión (inclusive las de los Hospitales de Pronta Atención UPA) fueron regulares, y aprobadas por los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires (Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia y Tesorería General de la Provincia). Estos organismos no observaron ni encontraron irregularidad alguna que impidieran las contrataciones. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires no interviene nunca, por disposiciones constitucionales y legales, en este tipo de contrataciones. A su vez, nuestro defendido nos ha manifestado enfáticamente que jamás dio instrucción alguna, ni ejerció influencia sobre ningún funcionario de su gabinete para favorecer empresas en sus contrataciones con el Gobierno. Por último, y referido a los bienes personales de nuestro defendido, ya fue suficientemente aclarado ante la Fiscalía, por escrito y con prueba documental, que la compraventa y los alquileres de las operaciones cuestionadas fueron a valores de plaza (por ejemplo, el contrato de alquiler fue inicialmente de $30.000), y el costo del metro cuadrado en la zona fue acreditado con cotizaciones de referentes inmobiliarios. Como siempre lo ha hecho, nuestro defendido está a disposición de la justicia, ejercerá su debida defensa y responderá todo interrogatorio que se le formule en oportunidad de la audiencia fijada por la Fiscalía.
Alfredo J. M. Gascón y Miguel Ángel Molina. Abogados Defensores de Daniel Scioli |