El rechazo a la reforma del sistema jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia, expresado de manera categórica por los empleados y el sindicato de La Bancaria, recibe periódicos apoyos políticos.
En este caso provienen de varios Concejos Deliberantes, especialmente relacionados con las diferentes variantes del peronismo, que votaron ordenanzas para condenar esta ley, aproba por la Legislatura provincial en diciembre pasado.
En General Paz se aprobó, en sesiones ordinarias, la primera resolución, manifestando el repudio a la ley que modificó la Caja de los empleados del Banco Provincia y focalizando las críticas e n la poca representación que tendrán los trabajadores en el nuevo Directorio del Banco.
Otro de los cuerpos que aprobó un pedido de rechazo fue San Andrés de Giles, considerando en la iniciativa que "la modificación de la Caja se llevó a cabo sin ningún tipo de consenso con los trabajadores, que son los dueños de la Caja Previsional; que la nueva ley sancionada en forma exprés no fue tratada en labor parlamentaria, generando un peligroso antecedente de otras cajas estatales; que la ley pone en riesgo la fuente de trabajo de 10500 trabajadores y la capacidad de asistencia a todos los bonaerenses, respáldese el categórico rechazo de los trabajadores y entidades gremiales a la ley 15008”.
La normativa aprobada sostiene que la ley también discrimina a la mujer bancaria del resto de los sistemas previsionales, dado que obliga a ambos géneros a jubilarse a los 65 años.
También sumó su repudio el HCD de Lobos, que solicitó, a través del Concejo Deliberante, que la gobernadora María Eugenia Vidal convoque a una Mesa de Diálogo, conformada por representantes del Gobierno bonaerense, el sindicato La Bancaria y empleados del Banco Provincia.
Por su parte, en Villa Gesell se sumó a la lista de rechazos, denunciando maniobras para desfinanciar al Banco Provincia. En este sentido, expresaron que "la provincia de Buenos Aires lejos de asignar fondos a la Caja de los trabajadores del banco, los utilizó para el pago de gastos corrientes entregando a cambio letras del Tesoro de la Provincia por un costo de 7 mil millones de pesos”.
La ley 15008, aprobada por la Legislatura bonaerense a finales de 2017, aumentó la edad jubilatoria y modificó el cálculo del haber previsional para los futuros pasivos de la entidad.
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