El gabinete bonaerense ya amasó su nueva Ley Impositiva y aguarda la discusión que se avecina en la Legislatura confiado en obtener el visto bueno.
A priori, la reducción de la presión tributaria para actividades productivas con el propósito de generar empleo genuino sumado a la eliminación de privilegios funcinan a modo de síntesis de los aspectos más destacables.
La lógica guía de las decisiones tomadas en materia impositiva por parte del equipo tecnico/económico de Vidal se basa en que hay que grabar menos a la actividad que es la que genera empleo, produce e invierte, y mas al patrimonio que esta muy atrasado, sobre todo el inmobiliario, rural y urbano.
También se eliminan exenciones de los inmobiliarios ocupados por asociaciones gremiales, partidos políticos y agrupaciones municipales. Se termina la exención de ingresos brutos para las mutuales con actividad financiera, que hacen prestamos y no pagan ingresos brutos.
Como lo sugirieron a los municipios, este proyecto de ley, confían en la órbita oficial que signifique un primer paso en un sendero de reducción de la presión impositiva de la Provincia.
Se prevé una importante reducción del impuesto a los Ingresos Brutos y el impuesto de sellos, que son los dos más distorsivos y que atentan contra la actividad y el empleo. Pasado en limpio, esta reforma implica una resignación por parte del estado provincial de $10 mil millones de recaudación.
En torno a los Ingresos Brutos, las PYMEs industriales que facturen hasta $78 millones anuales se verán beneficiadas con la exención de este tributo. Según especulan en el oficialismo, el beneficio alcanzará a 40 mil PYMEs. En paralelo, para los grandes contribuyentes industriales, se reduce la alícuota de 1,75% al 1,5%, lo que abarcaría a 3.900 grandes empresas.
En el caso de pequeños comerciantes, se eleva el monto máximo de facturación para este tributo de $1,3 a $2 millones anuales. Cuantitativamente, la medida beneficiará a 15.000 pequeños comerciantes los que pasarán de pagar una alícuota de 3,5% a pagar 2,5%.
En el caso particular de los comerciantes de carne, se reducirá y unificará la alícuota al 2,5%, beneficiando a 2.200 carnicerías que antes pagaban alícuotas del 3,5% y 5%.
En tanto, las empresas de la construcción se verán beneficiadas con una reducción de la alícuota que pasa del 4% al 3% lo que especulan que favorezca a cerca de 39.000 empresas.
Para el sector agrario, los pequeños productores agroganaderos tendrán alícuota del 0% cuando facturen hasta $ 3 millones anuales, impactando, según las mismas previsiones, a más de 38.000 productores.
En materia de Sellos, se reduce la alícuota de venta de propiedades pasando del 3,6% al 2%.
Para la venta de autos 0 km se reduce la alícuota del impuesto de sellos y de ingresos brutos al 2,5%, antes esos impuestos aplicaban alícuotas del 3% y 3,5% respectivamente.
Con las patentes, no se implementa ningún incremento en la presión impositiva, sino que las variaciones en el pago del impuesto serán consecuencia de la evolución del valor de mercado de los vehículos.
En el Impuesto Inmobiliario, con el objetivo de corregir la distorsión generada por la inflación en los que no se actualizó el valor fiscal de los inmuebles, la provincia de Buenos Aires decidió actualizar dichos valores.
En efecto, el proyecto de ley impositiva 2018 establece topes para que el incremento promedio
del impuesto no afecte de manera significativa a los contribuyentes. En promedio, el incremento en el impuesto inmobiliario urbano es del 56%, lo que significa para la mitad de las viviendas de la Provincia una suba máxima de $41 por mes.
El impuesto inmobiliario rural aumenta un 50%, lo que implica para la mitad de los productores un incremento de hasta $61 por mes. En paralelo, se eximirá a pequeños productores agropecuarios que tengan hasta 50 hectáreas y facturen hasta $3 millones anuales.
Además, los productores afectados por inundaciones que en 2017 hayan recibido exenciones o postergaciones de vencimientos impositivos en virtud de los beneficios previstos en la ley de emergencia agropecuaria, recibirán un tratamiento análogo en 2018, con exenciones del 50% en caso de emergencia y del 100% en caso de desastre agropecuario, en las mismas cuotas en que recibieron un tratamiento diferencial en 2017. |
