Nuevo esquema: Kicillof mete mano y realiza cambios en el régimen de obra pública
A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, la administración bonaerense redefinió criterios para licitaciones, pagos y modificaciones en obras financiadas por la Provincia. Asimismo, se establecen nuevas reglas para la adjudicación de contratos.
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una serie de cambios en el régimen de obra pública especialmente en los procesos de contratación, ejecución y financiamiento de proyectos. Las modificaciones fueron establecidas mediante el Decreto 623/2026, publicado en el Boletín Oficial, que actualiza la reglamentación de la Ley 6.021 de Obras Públicas.
La medida se enmarca en los cambios introducidos por la Ley de Presupuesto 2026 y busca adecuar los procedimientos administrativos a criterios de mayor eficiencia, calidad y previsibilidad.
Entre las principales modificaciones, el decreto redefine el rol del Consejo de Obras Públicas, que tendrá una intervención exclusivamente técnica previa a las licitaciones, centrada en la validación de proyectos, planos, pliegos y presupuestos oficiales. De esta manera, se busca limitar su actuación a aspectos vinculados con la viabilidad técnica de las obras.
Los cambios relacionados con la ejecución de obras alcanzarán a los contratos actualmente vigentes.
Asimismo, se establecen nuevas reglas para la adjudicación de contratos. Si bien el precio continuará siendo el criterio principal para determinar la oferta más conveniente, los pliegos podrán incorporar factores complementarios como la calidad de la propuesta, la capacidad técnica y empresarial de los oferentes, la solvencia económica y criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental.
El decreto también introduce precisiones sobre las modificaciones contractuales durante la ejecución de las obras. Entre otras cuestiones, regula la incorporación de nuevos ítems, ampliaciones de trabajos, modificaciones de plazos y situaciones imprevistas surgidas durante el desarrollo de los proyectos. Además, habilita la posibilidad de prorrogar contratos en ejecución cuando existan causas justificadas que impacten en el plan de trabajo.
Otro de los cambios relevantes está vinculado con los mecanismos de contratación directa. La norma actualiza los criterios para determinar cuándo podrá utilizarse esta modalidad y establece una nueva unidad de medida basada en el valor del metro cuadrado de construcción, que será fijada periódicamente por la autoridad de aplicación.
En materia financiera, se ratifica la obligación de prever en cada presupuesto provincial los créditos suficientes para afrontar compromisos de obras que se ejecuten en más de un ejercicio. También se reglamentan los procedimientos de pago a contratistas y se fija que los desembolsos deberán realizarse a través de cuentas bancarias habilitadas a nombre de los adjudicatarios.
Finalmente, el decreto establece que las modificaciones vinculadas a la etapa de contratación se aplicarán a los procesos licitatorios en los que todavía no se haya producido la apertura de ofertas. En tanto, los cambios relacionados con la ejecución de obras alcanzarán a los contratos actualmente vigentes, siempre que no afecten el principio de igualdad entre los participantes.