Argentina
Jueves, 18 abril 2024
DENUNCIA
10 de junio de 2020

Justicia avanza en el espionaje en tierras bonaerenses

Una nueva denuncia que investiga el Poder Judicial de la provincia dio cuenta de las tareas de espionaje realizadas durante la gestión del macrismo en tierras bonaerenses

Justicia avanza en el espionaje en tierras bonaerenses - La Tecla

Una nueva denuncia que investiga el Poder Judicial de la provincia dio cuenta de las tareas de espionaje realizadas durante la gestión del macrismo en tierras bonaerenses.

Según destacan los hechos denunciados en el escrito al que tuvo acceso LaTecla.info, entre los años 2016 y el mes de noviembre de 2019 se realizaron tareas de investigación sobre personas físicas y jurídicas por parte de fuerzas de seguridad de la provincia.

La denuncia compromete a Guillermo Christian Berra, en su calidad de Auditor General de Asuntos Internos de la Policía de Provincia de Buenos Aires y María Rosario Sardiña, en su carácter de Auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales. En tal sentido se puntualizó que “abusando de los deberes de su cargo” al realizar "tareas de inteligencia sin intervención judicial".   

Entre las personas Jurídicas investigadas se encuentran:
  • Poder Judicial,
  • Administración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,
  • Ministerio de Seguridad provincial,
  • Policía federal Argentina,
  • Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
  • Caja de Retiros y Jubilaciones y pensiones de la Policía de Provincia de Buenos Aires,
  • Cámara de diputados de la Provincia,
  • AFIP,
  • Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia,
  • Municipalidad de La Matanza,
  • Municipalidad de José C. Paz,
  • Municipalidad de Berazategui,
  • Municipalidad de Lincoln,
  • Municipalidad de Tres Arroyos,
  • Colegio de Escribanos de la provincia,
  • Avances Médicos,
  • Curavis SRL,
  • Haras Dilu SA,
  • Hipódromo Argentino de Palermo S.A.,
  • Fundación Compañía Social Equidad,
  • Banco Santander Río, Entre otros.

En relación a las personas físicas se precisó a:
  • Marcelo Hugo Rochetti,
  • Sergio Ricardo Maldonado,
  • María Daniela Pezzutti,
  • Daniel Jorge Pezzutti,
  • María Cristina Sosa,
  • Ana Claudia Amorosi,
  • Máximo Zitti,
  • Gonzalo Martín Pepe Fernández Bird,
  • César Ricardo Melazzo,
  • Gastón Andrés Rueda,
  • Mario Alejandro Mc Dougall,
  • María Florencia Musich,
  • Juan Pablo Mussi,
  • Franco Daniel Schillaci,
  • Tomàs Fernando Espinoza,
  • Juan Domingo Tomás Espinoza,
  • Mario Alberto Ishi,
  • María Florencia Alconada,
  • Tomás José Gigli,
  • María Alejandra Bellini,
  • Diego Ariel Otero,
  • Néstor Emilio Otero,
  • Elías Mahli,
  • Juan José Tocci,
  • Daniel Alejandro Salcedo, 
  • Ricarfo OScar Bogoliuk,
  • Nrberto Aníbal Degastaldi, entre otros.

En este sentido, se destacó que "para llevar tales tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información, tanto pública como privada, antes referida, hicieron uso de servicios pagos por la Administración Pública provincial, en algunos en caso en provecho propio y de otros, de terceros que no han sido identificados”. 

También se destacó “A tales fines, utilizaron los recursos humanos y económicos destinados al organismo, personal policial, así como claves de acceso pagas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos de Aires" (...) De la dirección Nacional de Migraciones y el acceso a las declaraciones juradas reservadas, entro otros para con ello acceder a daros confidenciales y reservados". En parte del extenso escrito se subraya la realización de observaciones discretas y toma de fotografías, que eran llamadas “tareas de averiguaciones encubiertas o tareas de inteligencia”.
 

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