En medio de la crisis económica, sanitaria y social que atraviesa la provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia del coronavirus, el gobierno de Axel Kicillof sumó un problema más a la ya complicada agenda de gestión. Un presunto caso de corrupción puertas adentro del gabinete encendió la alarma en el Ejecutivo provincial.
La historia tiene ribetes políticos también porque el funcionario apuntado es alguien con pasado en la gestión pública. Su último registro indica que formó parte apenas dos meses de lo que fue el paso por el Gobierno de la exmandataria María Eugenia Vidal. Si bien no ocupaba el mismo cargo (se desempeñaba en la Autoridad del Agua) en febrero de 2016 presentó la renuncia, luego de haber sido director del espacio durante el segundo mandato de Daniel Scioli.
Más acá en el tiempo, en marzo de este año se designó al exfuncionario en cuestión, Gustavo González, al frente de la dirección de Mantenimiento, en la órbita del ministerio de Infraestructura, comandado por Agustín Simone.
Hasta allí, solo una curiosidad. Sin embargo, meses más tarde se destapó una olla que causó malestar en el gobierno y derivó en un escándalo: denuncia penal del propio Simone mediante, el funcionario terminó presentando la renuncia. En este sentido, el ministro de Kicillof impulsó la vía judicial por supuestos arreglos con aseguradoras en el marco del programa de saneamiento bonaerense. La causa cursa en la UFI Nro. 8 de Martín Alejandro Almirón.
LaTecla.info tuvo acceso a la documentación presentada en la fiscalía que lidera Almirón. En el escrito se determina que el entramado que se busca investigar incluye “En el transcurso del mes de mayo del corriente se tomó conocimiento de cierta irregularidad con relación a las contrataciones de las pólizas de seguros en el marco del programa para el mantenimiento de arroyos y cauces hídricos”.
Según consta en la denuncia bajo la carátula Simone, Agustín c/ González, Gustavo s/ Denuncia IPP 0600-19378-2000, “37 convenios fueron realizados con la productora de Seguros Liliana Arango...por lo que la acción presuntamente desplegada por el funcionario público Gustavo Alfredo González, permitiría sostener que se ha interesado, en razón de su cargo, para que la contratación sea realizada por intermedio de los productores asesores de seguros mencionados, de lo que es dable colegir que ello redundaría en un beneficio para sí o para los terceros involucrados, violando el deber de imparcialidad que debe regir en el accionar de quien detenta un cargo público”.
La irregularidad que encendió la alarma en el ministerio se resume de la siguiente manera: González habría realizado un acuerdo multimillonario a través de los seguros de las cooperativas, condicionando a todas ellas a firmar una póliza de seguro de caución (obligatoria) con la misma aseguradora. Dicho seguro se contrata por el 100 por ciento del anticipo financiero y otro por el 10 por ciento del total de la obra. A ello deben sumar un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes personales para todas las cooperativas.
Según pudo recabar este medio, el modus operandi que habría empleado el denunciado, consistía en convencer a las cooperativas que la orden de trabajar todas con Provincia Seguros venía del mismísimo ministro Simone. Pero además, el trámite se haría directamente desde el área, donde las organizaciones adherían al descuento por débito bancario del seguro. Es decir: todas las cooperativas debían presentar CBU ante la dirección para poder cobrarle a la provincia y era González el encargado de administrar las facturas, los cobros y los débitos.
De esta manera, lo que se intenta dilucidar y demostrar ahora con la presentación ante la Justicia es la inexistencia del supuesto convenio entre la dirección y Provincia Seguros. De hecho, en la denuncia consta que la mayor cantidad de acuerdos entre cooperativas y la dependencia estatal por los seguros se hizo a través de una productora de seguros de Lomas de Zamora, llamada Liliana Arango.
En cuanto a la maniobra, se estipula que Arango cobraría alrededor del 25 por ciento (en realidad los montos varían según el tipo de seguro) de los gastos totales de la aseguradora, que ascienden solo el primer mes a 18 millones de pesos. Luego, el circuito iría variando y se extendería, al menos, a lo largo del año: las cauciones se pagan cada tres meses, pero el seguro de responsabilidad civil y de accidentes personales debe abonarse mensualmente. El negocio supera los 100 millones de pesos.
Es en este marco que el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Agustín Simone, involucrado en la maniobra, decidió denunciar penalmente a González.
La versión oficial de los hechos
Desde el ministerio de Infraestructura apuntaron a LaTecla.info que “Se detecta que todas las cooperativas que prestaban servicios para el ministerio, contrataban seguro de caución (que es un requisito legal) con el mismo productor de seguros. Cuando el Ministro toma conocimiento de esta situación, que se identifica de inmediato como irregular, procede a realizar una denuncia penal, asesorado por la subsecretaria legal y técnica”.
En la misma sintonía, fuentes de la dependencia gubernamental manifestaron a este medio que “La denuncia es contra el Director de Mantenimiento (Gustavo Alfredo González), se inició un sumario por influenciar y ser quien directamente condicionaba a las cooperativas a firmar con ese productor de seguros”.
En tanto, desde la cartera que conduce Simone explicaron que “el productor de seguros cobra una comisión por la contratación de esas pólizas, con lo cual, se establece que desde esa dirección se estaba favoreciendo el enriquecimiento de un tercero por fuera de la administración. Además se procede a determinar que las contrataciones con la aseguradora sean directas, es decir sin intermediarios (productores de seguro)”.
Por último, desde el ministerio apuntaron que “La figura por la cual se instruye la denuncia es la de negociaciones incompatibles con la función pública, artículo 265. La persona denunciada renunció a su cargo y la investigación sobre lo denunciado, implicancias y otras cuestiones la lleva la justicia. Desde el Ministerio se solicitó además que quien tenga conocimiento o haya sufrido alguna irregularidad similar acompañe la denuncia”.
El descargo del acusado
En búsqueda de lograr tener una mirada lo más completa posible del caso, LaTecla.info se comunicó con el denunciado González. Si bien prefirió no hablar sobre el tema, hizo un breve descargo: “por ahora no es momento para realizar ningún tipo de declaración, por consejo del profesional que me asiste. No obstante ello, quiero dejar en claro que los hechos denunciados no corresponden a la órbita de mi competencia y de los cuales soy ajeno, por lo que espero que se aclare la situación prontamente, realizando las presentaciones que sean necesarias en el ámbito judicial”.
Cabe señalar que el abogado defensor de González es Roberto Agustín Ortega, letrado de la Ciudad de Buenos Aires, quien también fue consultado por este medio pero prefirió seguir los pasos de su representado y no hacer declaraciones.
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