La gran mayoría de los 135 intendentes se presentó por la reelección en los pasados comicios. Y la gran mayoría logró su objetivo. Apenas un puñado se quedó con las ganas de continuar hasta 2023. Otros, en tanto, más allá de la derrota del espacio, decidieron no presentarse por un nuevo mandato, ya sea para recalar en la Legislatura, como el caso de Francisco Durañona, de San Antonio de Areco, o para alejarse momentáneamente de la política, como el caso de Ramón Canosa, de Las Flores.
Perdió el jefe comunal o perdió la gestión del alcalde, lo mismo es. Lo importante pasa por las rendiciones de cuentas tratadas a principio de este año en los diferentes concejos deliberantes. ¿Malos manejos o política? Llamativamente, apenas fueron aprobados cinco de los 24 ejercicios 2019 de las gestiones que no lograron continuidad a través de las urnas. Claro está, en casi todos los casos, aquel oficialismo es ahora oposición y cuenta en el Deliberativo con menos manos que el nuevo gobierno.
La fecha límite para la presentación de los dictámenes era el 30 de marzo, pero la pandemia del coronavirus hizo que en algunos lugares, las fechas sufrieran un corrimiento. Por caso, en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, también decidieron posponer los tiempos que concluirán con la emisión de los respectivos fallos, que son, en realidad, los que determinarán, más allá de lo aprobado o desaprobado por el Concejo, si la rendición de cuentas está o no OK, si merece o no algún tipo de multa o sanción económica. Por otra vía irán, en caso de que existan, las presentaciones judiciales vinculadas a esa rendición.
“La rendición de cuentas es el acto mediante el cual el Concejo ejerce un control
posgestión sobre el Ejecutivo, en su carácter de representante de la comunidad. En este sentido es de suma importancia el examen que realice el cuerpo legislativo local, más allá del control legal y técnico que realiza el Tribunal de Cuentas de la Provincia, ya que analizar cómo se utilizan estos fondos nos permite visibilizar y revelar el grado de competencia o incompetencia que desde el punto de vista polític podamos observar a la gestión”, señala a
La Tecla, a modo de explicación, un edil del Gran Buenos Aires que viene de dar un voto negativo.
Agrega que en la rendición se evalúa “el criterio en la manera de ejecución del presupuesto de acuerdo a las áreas, insumos y personas sobre los que se ha ejecutado, atendiendo y dando respuesta no solo a lo proyectado sino, asimismo, al emergente surgido en el año”. Completa el concejal: “Es el Poder Ejecutivo, en cada gestión, quien asume la responsabilidad de administrar el presupuesto elaborado, definido y aprobado en
tiempo y forma, y, por lo tanto, es quien tiene a su cargo cumplir con las metas y los objetivos que el Concejo Deliberante aprobara en su oportunidad”.
En síntesis, según la ley 10.869 de la Provincia, cada intendente debe presentar al Concejo antes del 31 de marzo (esta vez, 31 de mayo) la rendición de cuentas de la percepción e inversión de los fondos comunales del año anterior. Según la norma, a partir de entonces,
el Deliberativo tiene 60 días corridos para pronunciarse al respecto. La puede aprobar o rechazar, pero su pronunciamiento es meramente político. Luego, el Municipio envía los expedientes al Tribunal de Cuentas de la Provincia, que los evalúa y actúa en
consecuencia. La norma puntualiza también que, si vencido el plazo el Concejo no se expide, las rendiciones quedarán aprobadas de efecto.
Palabras más, palabras menos, salvo raras excepciones, donde el exoficialismo es minoría, la rendición de cuentas termina siendo rechazada; y en los municipios en los que el oficialismo domina el Concejo, la rendición de cuentas del año anterior, y en este caso sin excepciones, es aprobada. Sí, se impone la política, la rosca, más allá de lo que digan los números, sea o no cierto. Será por eso que la decisión final, como se dijo, la tomará el Tribunal de Cuentas.
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