En tiempos de escasez, cuando la realidad obliga a ajustarse el cinturón, los diversos actores sociales toman un extremo de las cuerdas y tiran hacia sí mismos, intentando obtener un trozo lo más grande posible de la torta.
Tras la pandemia de coronavirus, ese pastel se redujo, agravando la situación de crisis que Argentina arrastraba desde mucho antes de marzo de este año, cuando el mundo entró, prácticamente, en estado de shock.
Para intentar reconducir la economía y hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de coronavirus, el gobierno de Alberto Fernández impulsó en el Congreso una ampliación presupuestaria, a falta de un proyecto de Presupuesto 2020, que debería ser analizado próximamente, luego de logrado el acuerdo con los bonistas extranjeros.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el poder de los rectores.
El derrotero de la iniciativa tuvo varios picos de tensión en el Congreso, tanto en su debate en comisión como cuando fue tratado sobre tablas en sesión de la Cámara de Diputados, con un punto conflictivo y que acabó con voces disonantes y acusaciones al por mayor.
Se trata de los recursos que el Estado destinará este año a las Universidades Nacionales, cuyo presupuesto de actualización fue enviado para aprobación a las cámaras.
La discusión por los fondos mostró a oficialismo y oposición en una dura lucha, que tuvo su primer round en la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller (Frente de Todos). Allí, los radicales presentaron varios pedidos de informes para conocer detalles de los fondos destinados a las casas de estudios, que –dijeron- no fueron respondidos.
Finalmente, se plantearon dos cuestiones de fondo: el monto de actualización para este año respecto del 2019, y la manera de distribuir los mismos, que levantó polvareda.
“El grupo de legisladores de la UCR solicitó que el proyecto vaya acompañado de la planilla anexa al artículo 12 de la Ley de Presupuesto, que distribuye el crédito total del presupuesto universitario entre las 57 universidades nacionales en tres columnas, vinculadas a sus funciones de enseñanza, ciencia y técnica y salud (en el caso con que cuenten con hospitales universitarios u otros espacios sanitarios)”, aseguró Emilio Cornaglia, responsable del área de la Fundación Alem, una de las usinas del radicalismo.
Emilio Cornaglia.
Tras obtener despacho de mayoría en comisión, con el voto del oficialismo y de algunos legisladores de otros espacios, se incorporó un crédito adicional para las universidades nacionales del 32% con respecto al presupuesto 2019.
Sin embargo, la iniciativa que iba a ser discutida en sesión de Diputados eliminó dicha planilla, que especifica cómo se reparten los fondos.
La presión también se ejerció desde la provincia de Buenos Aires. En su cuenta de Twitter, el diputado provincial Maximiliano Abad alertaba de que la eliminación de ese instrumento de control y seguimiento (la planilla anexa) dejaba “a criterio del Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, la decisión de cómo se va a distribuir el presupuesto, lo cual coloca a las universidades en una situación crítica, porque dependerá de la voluntad política del gobierno la asignación de fondos, lo cual daña gravemente la autonomía universitaria”.
Los radicales consideraron dicha medida como “un atropello a la autonomía universitaria, ya que la Constitución Nacional establece dicha condición, y no se puede funcionar con autonomía si no sabés por ley del presupuesto contás. El Ejecutivo, en definitiva, se está arrogando una facultad del Legislativo”.
Con el proyecto ya en el recinto, el mismo día de la sesión los radicales exigieron que se incorpore la planilla, cosa que el oficialismo no aceptó. A cambio, y para evitar un enfrentamiento mayor, aceptaron incorporar un párrafo dentro de la Ley de Presupuesto que decía que el crédito presupuestario detallado en dicha ley se distribuiría entre las universidades nacionales de acuerdo al criterio de proporción establecida en la planilla A, anexa al artículo 12 de la Ley de Presupuesto.
Negativa y cautela
El rector de la Universidad Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto Villanueva, descartó que el Ejecutivo pudiese estar habilitado para realizar un manejo discresional de los fondos universitarios. El funcionario sostuvo que "aunque la tuviese, no la va a poder utilizar, porque si se calcula cuánto ha sido el incremento presupuestario, el 95% se va en pago de sueldos".
El rector, enrolado en el sector peronista de las casas de altos estudios, añadió entre risas: "A menos que el gobierno no quiera pagarle a algunos docentes. Es muy difícil eludir la planilla de sueldos", y aseguró que en este tipo de temas “hay más especulación partidaria que realidad”.
"En lo personal, yo sería partidario de que hubiese una capacid financiera importante del gobierno para ir orientando las prioridades. Las universidades somos tradicionalmente conservadoras, pero si usted es el ministro de Educación y piensa que hay, por ejemplo, poca ingeniería en petróleo, si da algún tipo de incentivo económico eso lo va a favorecer", añadió Villanueva.
Ernesto Villanueva, rector de la UNAJ.
En tanto, y en referencia a la polémica por los fondos destinados a las universidades y el presunto reparto discrecional de los mismos, el rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Tamarit, fue más cauteloso en su diagnóstico.
El funcionario puntualizó: "Este año no tuvimos presupuesto, estamos con uno prorrogado que atiende al normal desarrollo de las instituciones. No hemos visto discresionalidad en los repartos aunque hay que estar atentos, como lo hicimos con todos los gobiernos -y así lo hacemos todos los rectores- respecto a las planillas presupuestarias que es donde se puede ver lo que le toca a cada universidad, para que se respeten los planteos que hace el Consejo de Rectores y la proporcionalidad que tiene cada institución en esas planillas”.
Con respecto a los puntos a tener en cuenta en la próxima discusión de fondos, Tamarit respondió: "Hay que garantizar el funcionamiento de las instituciones, que comienza con los salarios de los docentes y no docentes que involucra el 90 por ciento del presupuesto universitario y luego no retrasarse en los gastos, además de acompañar la inversión en ciencia y tecnología, y otras cuestiones que se van retrasando como producto de la inversión en salarios. Pero hay que entender que hay un límite de los gastos generales que luego impacta de forma negativa en las instituciones, porque uno deja de invertir en equipamiento, tecnología o investigación y esto genera un tensión que tenemos todos los años, pero esta vez nos va a tocar discutirlo en un contexto muy particular".
Guillermo Tamarit, mandamás de la UNNOBA.
En tanto, el rector de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), Daniel Vega, fue categórico al señalar que "Nunca sucedió en la historia de las cuentas nacionales que no fuera junto con el monto establecido para el presupuesto universitario la pauta de distribución, y en el primer proyecto que se elevó esa pauta de distribución no existía. Eso fue modificado y se hizo el refuerzo de los 48 mil millones con una pauta que es la misma empleada para el presupuesto de 2019.
Money, money
Además de la polémica por las atribuciones discrecionales sobre los fondos, como telón subyace una discusión por el presupuesto con el que las universidades deberán contentarse para el corriente año.
La asignación de recursos para 2019 alcanzó los 123.507 millones de pesos para el universo de casas de estudios nacionales, al que se añade un 32por ciento de incremento para este ciclo lectivo.
Entre las bonaerenses que más fondos reciben se encuentra la Universidad Nacional de La Plata, con algo más de 8.000 millones, seguida de la de Mar del Plata, con casi 2.600 millones.
El monto de incremento fue introducido por el oficialismo en el proyecto que tuvo media sanción en Diputados, recibiendo críticas de parte de la oposición.
“Las universidades tuvieron que manejarse, desde comienzos de año, con un presupuesto completamente desfasado en cuanto a los valores, atrasados por la inflación que tenemos en nuestro país”, sostuvo Cornaglia en diálogo con La Tecla.
Los radicales propusieron sumar otro 14% al 32 votado, para llegar a un índice de incremento del 46 por ciento que, según calculan, se acerca algo más a la pauta inflacionaria que el propio gobierno reconoce.
Al respecto, Tamarit indicó que “se hace un gran esfuerzo desde la Secretaría de Políticas Universitarias para estar al día con los gastos y por supuesto en los salarios nunca hubo retrasos. Ahora se logró una ampliación presupuestaria y estamos discutiendo en estos días en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) lo que va a ser la propuesta de los rectores para el Presupuesto 2021 y también estamos en conversaciones con la Secretaría de Políticas Universitarias para cerrar el 2020. En el contexto general las universidades estamos bien y sin ningún problema a la vista".
Daniel Vega, rector de la UNS.
Por su parte, Vega manifestó que "al estar con el presupuesto de prórroga, que quedó desactualizado porque se armó en 2018 con una pauta de inflación del 30 por ciento y terminó siendo del 55, estábamos preocupados por cómo llegábamos a fin de año. Por suerte se actualizaron los gastos de funcionamiento, porque tuvimos una demora de seis meses y eso nos da un poco más de oxígeno".
Cuestión de tamaño
En un repaso de los fríos números, son varios los rectores que remarcan la posición desfavorable que tienen las universidades más chicas, especialmente las “nuevas”, con respecto a las tradicionales en cuanto a la asignación de recursos.
Al respecto, el rector de la UNAJ señaló que las casas creadas más recientemente “apenas representamos el 5% del total del presupuesto”. Y explicó que “en nuestro caso recibimos por mes unos 100 millones para sueldos, más otros 6 millones para gastos, que representa el 0,58% del presupuesto general”.
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