Vía La Tecla Mar del Plata (www.lateclamardelplata.com.ar)
El secretario de Seguridad de General Pueyrredon y ex director nacional de Migraciones, Horacio García, se expresó en contra de la derogación del Decreto 70/2017 que endurecía el ingreso y permanencia de extranjeros con antecedentes penales y que era cuestionado por organismos internacionales. “El que rompe el contrato de confianza debe volver a su país”, sostuvo en una entrevista con La Tecla Mar del Plata.
García, quien se sumó al Gabinete de Montenegro en noviembre de 2020, se desempeñó en Migraciones durante los cuatro años del gobierno de Macri, por lo que intervino en el diseño y aplicación del DNU. “Lo que se buscaba era acelerar los plazos para las expulsiones de las personas que habían delinquido en Argentina y se extendían in eternum, pasaban años para expulsar a una persona”, explicó. En esa línea, remarcó que “en Argentina se viene a trabajar, producir y estudiar, el que rompe el contrato de confianza debe volver a su país”
En los considerandos del Decreto 138/2020 que hoy se publicó en el Boletín Oficial se hizo hincapié en que la normativa resulta “irreconciliable con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos” dado que “viola el principio del debido proceso y el derecho a contar con asistencia y defensa legal”. Asimismo, se señaló que “distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto”, incluido el Comité de Protección de Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migraciones y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de la ONU.
Sin embargo, García descartó que ello ocurriera. Para el funcionario municipal, durante la implementación del DNU se “respetaron todas las garantías, el debido proceso, la defensa en juicio, traductor, doble instancia, que en Argentina se transforma en una triple instancia. Ninguna expulsión de Migraciones no era revisada en una doble instancia administrativa, ni judicial. Los que expulsaban eran los jueces, nada más que se agilizaban los plazos en los cuales se tenían que expedir las partes”.
García fue el director nacional de Migraciones durante todo el gobierno de Cambiemos
El secretario de Seguridad puntualizó que “durante los 4 años todas las expulsiones fueron ratificas por jueces de todo el país, que se animaron a expulsar gente de distintos lados de Argentina. Son los jueces los que resuelven la expulsión, los que le dan el sustento jurídico. Si el juez dice que no, Migraciones no puede expulsar. La doble instancia estaba asegurada y hasta la triple instancia de la Corte”.
“Organismos se plantaron siempre en contra”
Sobre los motivos del gobierno nacional para avanzar con la derogación, García se mostró cauteloso, aunque sugirió una posible presión de organismos de derechos humanos. “Evidentemente organismos internacionales y nacionales que tienen injerencia en temas de derechos humanos siempre se plantaron en contra del decreto y me parece que esta derogación va en esa línea”, estimó.
De cara al futuro, el funcionario expresó que “ojalá esta derogación sea aparte de una nueva Ley de Migraciones que contemple no solo la parte de promoción de derechos, sino también la parte restrictiva para los que vienen a romper el contrato de confianza con la Argentina”. Asimismo, planteó la importancia de “hablar sobre este tema en el ámbito específico que es el Congreso. Es un tema fundamental para la Argentina. Cuando el país encausó de manera maestra el flujo migratorio, fuimos un país de primer orden”.
La política migratoria, en el centro del debate
“Nosotros radicamos 820 mil personas”
Por otro lado, García destacó la política migratoria que se llevó adelante durante el gobierno de Cambiemos, más allá de la polémica vinculada a la expulsión de extranjeros con antecedentes. “Una cifra que te marca lo abierta que fue la política migratoria en esos cuatro años: nosotros radicamos a 820 mil personas y expulsamos a 3 mil”, detalló a La Tecla Mar del Plata.
Asimismo, agregó que “paralelamente nos preocupamos en orientar los flujos migratorios hacia los lugares de Argentina donde se necesita trabajo genuino. Hicimos convenios con cuatro provincias, porque el 82% de esas 820 mil personas se radicaban en Capital y el primer cordón del Conurbano”. |
