El líder de la agrupación La Cámpora, Máximo Kirchner, cuenta los días para los comicios que lo podrían instalar en la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos, convocados para el próximo 2 de mayo.
Así lo dispuso el Consejo del PJ bonaerense, una decisión que resiste el actual vicepresidente del cuerpo, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien presentó un recurso ante la Justicia. El mismo fue rechazado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, por lo que fue apelado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).
El jefe comunal peronista, en la más absoluta soledad, asegura que se violan las normas partidarias al adelantar el cambio de autoridades (las actuales, con Gustavo Menéndez, alcalde de Merlo, tienen mandato hasta fin de año) y que el órgano que debe convocar a elecciones internas es el Congreso, no el Consejo.
Luego de que Gray recurriese en segunda instancia a la Cámara, el trib unal federal más importante en la materia, los ojos se posaron sobre los integrantes de este cuerpo, que cuenta con tres integrantes que tienen la responsabiliad de velar por la transparencia de los procesos electorales.
El Presidente es Santiago Corcuera, a quien adjudican cercanía al peronismo. Fue funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 1986, convirtiéndose en vocal del exmagistrado Carlos Fayt y secretario de ese cuerpo.
Daniel Bejas es el vicepresidente, designado a propuesta del kirchnerismo y el rechazo de Juntos por el Cambio, contando con antiguos lazos con el peronismo tucumano. De hecho, fue el titular del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, señalado como un hombre de José Alperovich, exgobernador de esa provincia y Senador nacional en uso de licencia tras ser acusado de abuso sexual por una de sus colaboradoras. Además, fue abogado de las empresas del legislador.
También fue apoderado del Partido Justicialista de esa provincia entre 1984 y 1996 y, ya como juez, sobreseyó al exministro de Salud de la Nación y gobernador tucumano, José Luis Manzur, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Impulsor de varias causas por delitos de lesa humanidad, en 2015 se negó a indagar al exjefe del Ejército durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, César Milani, acusado de falsificar el acta de deserción de Alberto Agapito Ledo, soldado riojano desaparecido durante la dictadura. Milani fue absuelto en 2019.
Finalmente, Alberto Ricardo Dalla Via es el tercer juez de la Cámara, un magistrado de tradición radical. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y formó parte del Consejo para la Consolidación de la
Democracia, puesto en marcha por el expresidente Raúl Alfonsín para avanzar en reformas institucionales (también participaron el actual juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y el jurista Roberto Gargarella).
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