Tras el pedido de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) bonaerense hacia los poderes Ejecutivo y Legislativo para tener mayor injerencia en el manejo de los recursos económicos, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires expresó su postura al respecto. De esta manera, se suman voces que van en la sintonía de impulsar la autarquía y autonomía.
En declaraciones a La Tecla, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios señalaron que “apoyan la solicitud” de la Corte en torno a tener más peso en las decisiones sobre el Presupuesto 2022. Al respecto, señalaron que “la autarquía presupuestaria del Poder Judicial para poder fijar sus políticas de manera autónoma y mejorar la respuesta del sistema de justicia a la sociedad bonaerense. Esto perfecciona de división de poderes”.
En cuanto a la posibilidad de avanzar en la autarquía del Poder Judicial, señalaron que "estamos convencidos de que es absolutamente posible. Siempre se trabaja sobre la hipótesis de un esquema definido en diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo. Es un cambio estructural que va a mejorar la institucionalidad de nuestra provincia y el proceso para alcanzarlo debe tener los estándares más altos de acuerdo para hacerlo sostenible en el tiempo".
"El Colegio provincial ha hecho del diálogo y la cooperación con las instituciones del sistema de justicia, del Estado y de la sociedad civil el eje de su manera de gestionar los temas de interés público", añadieron.
La diferencia salarial entre la Justicia bonaerense y Federal
En esta discusión, uno de los temas centrales es el aspecto salarial y quién fija la pauta. Por ese motivo, desde el Colegio indicaron a este medio que existe la solicitud de equipararlos a los que se perciben en la Justicia Federal. Entonces, detallaron que "medida desde 2007, la evolución de los salarios de las y los magistrados bonaerenses sufrió una aceleración en su deterioro respecto tanto del costo de vida - medido por el INDEC, entre otras fuentes oficiales - como de las remuneraciones de sus colegas de la Justicia Nacional".
"Desde 2007 a septiembre de 2021 el IPC se incrementó un 5383%; las remuneraciones de la justicia nacional se incrementaron un 7776%; y los salarios de las y los magistrados de la provincia de Buenos Aires, un 3683%. Es decir que ni siquiera compensó la inflación acumulada", relataron.
Asimismo, explicaron que "la diferencia en promedio entre los salarios de los operadores de la justicia nacional y la justicia provincial es de 93%. En las y los jueces de Cámara es del 116%, los de primera instancia 110%. Se trabaja más, en peores condiciones, y siempre perdiendo poder adquisitivo contra la inflación. Está afectada la intangibilidad de manera evidente".
En ese sentido, aseguraron que "una de las situaciones que van a ser solucionadas por la autarquía es la penosa discusión sobre la pauta salarial a la que nos vemos sometidos, año tras año. Es absolutamente inconveniente – y afecta la independencia judicial – que un Poder independiente del Ejecutivo dependa del Ministerio de Economía para definir el salario de sus operadores y empleados, como si fuera una dependencia del Ejecutivo".
"Es una anomalía que debe ser resuelta", sentenciaron desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
El pedido de la Corte bonaerense de cara al Presupuesto 2022
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la provincia de Buenos Aires presentó el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2022 y al mismo tiempo retomó un viejo pedido: poder tener más influencia a la hora de disponer de los recursos.
"Se solicita a los Poderes Ejecutivo y Legislativo que en la Ley de Presupuesto para la administración General de la Provincia correspondiente al Ejercicio 2022 se incorpore un
precepto o párrafo adicional en la norma respectiva, según el cual, en el caso de las remuneraciones de magistrados, funcionarios y agentes judiciales, las atribuciones del Poder
Ejecutivo, en orden a la adecuación del presupuesto, sean ejercidas de acuerdo con la iniciativa o propuesta que formulare la Suprema Corte de Justicia, sobre la base de los objetivos institucionales de la política salarial para Poder Judicial”, solicitaron.
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