El proyecto para duplicar la población estacional y habilitar torres de hasta 25 pisos enfrenta denuncias por un entramado político-empresarial y posibles irregularidades en torno a un codiciado predio
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El ambicioso proyecto “Pinamar 2050”, que promete transformar a la ciudad balnearia en un polo urbanístico modelo, quedó en el centro de la polémica. La iniciativa que presentó el intendente Juan Ibarguren plantea duplicar la población estacional de 350.000 a 700.000 personas y habilitar torres de hasta 25 pisos, bajo el lema de un “desarrollo sustentable”. Sin embargo, detrás del discurso oficial emergen cuestionamientos sobre un entramado político-empresarial que vincula a figuras de peso de la economía, el juego y la política bonaerense. Más allá de la polémica por los alcances del proyecto, el eje del debate es el predio Montecarlo, de 500 hectáreas con 2,5 kilómetros de frente costero. En 2021, el entonces intendente Martín Yeza creó la “Unidad Ejecutora de Montecarlo” y delegó el control al entonces secretario de Turismo, Juan Ibarguren, hoy jefe comunal.
Los principales dueños del predio son Montecarlo Real Estate SRL, vinculada al empresario Victorio Américo Gualtieri —con Roque Fernández, ex ministro de Economía y exasesor de Javier Milei, como cara visible —, y Dunas S.A., de Daniel Mautone, uno de los mayores operadores del juego en la Provincia y socio de Daniel Angelici. Gualtieri concentra la franja costera y Mautone la zona hacia la Ruta 11. También figuran Pinamar S.A., El Martillo SRL y particulares.
En declaraciones a La Tecla, el ex titular de Turismo, Lucas Ventoso, advirtió que la cercanía entre el municipio y Gualtieri está dada porque Juan Ibarguren sería el representante del empresario. En paralelo, denunció que Gualtieri “ganó hace dos meses -con la firma Sabavisa S.A- la licitación de la obra pública más grande en la historia de Pinamar para hacer la planta depuradora”, considerada indispensable para habilitar la urbanización de Montecarlo.
El plan integral incluye cuatro etapas: estudios preliminares, actualización del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, ordenamiento de usos de suelo y sustentabilidad hídrica. La conducción quedó en manos de Ricardo Riddick, exfuncionario de La Plata durante la gestión de Pablo Bruera, y vinculado a una causa de coimas por rezonificaciones del Plan Procrear. Aunque fue absuelto, su regreso generó sospechas de que se repliquen las irregularidades que lo llevaron a rendir cuentas a la Justicia.
Ventoso, que renunció a la gestión en rechazo al proyecto, señaló que el plan busca duplicar la densidad poblacional sin resolver la falta de infraestructura, agua potable ni cloacas, y advirtió que la presión sobre las napas amenaza con agotar las reservas geológicas. Las denuncias y vinculaciones apuntan a un negocio millonario, donde queda bajo la lupa el desarrollo urbanístico y ambiental de uno de los principales destinos turísticos, donde el paisaje del balneario parece definirse en torno al avance inmobiliario en Montecarlo.
