Un informe elaborado por legisladores nacionales sostiene que la expresidenta está sometida a condiciones de detención "arbitrarias y discriminatorias". Aseguran que enfrenta restricciones que no se aplican ni siquiera a condenados por delitos de lesa humanidad, narcotráfico o asociación ilícita.

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Consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación presentaron un informe institucional en el que cuestionan las condiciones de detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner y sostienen que la exmandataria se encuentra sometida a un régimen más restrictivo que el aplicado a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, narcotráfico y otros delitos federales graves.

La presentación se realizó en el Salón Azul de la Facultad de Derecho y estuvo encabezada por los consejeros Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. El trabajo fue elaborado a partir de información obtenida mediante pedidos de Acceso a la Información Pública realizados por el propio Consejo de la Magistratura.

Según las conclusiones del informe, las condiciones impuestas a Cristina Fernández de Kirchner no responden a criterios jurídicos objetivos sino a una decisión política destinada a limitar su actividad pública y condicionar al conjunto de la dirigencia política. Los expositores sostuvieron que las restricciones también buscan obstaculizar la reorganización del peronismo y del campo nacional y popular.

Entre los datos relevados, señalaron que más de la mitad de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones. En contraste, remarcaron que la expresidenta enfrenta controles y limitaciones excepcionales.

Durante la exposición, la consejera Vanesa Siley presentó estadísticas que, a su entender, demuestran el carácter discriminatorio de las medidas aplicadas. Indicó que en la Ciudad de Buenos Aires existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna tiene restricciones para recibir visitas. Además, afirmó que Cristina Fernández de Kirchner es la única persona privada de la libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública que enfrenta limitaciones para recibir visitantes.

“Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”, sostuvo Siley.

Por su parte, el diputado nacional Rodolfo Tailhade vinculó la situación judicial de la exmandataria con una estrategia de persecución política. “Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país”, afirmó.

En la misma línea, el senador Mariano Recalde aseguró que la expresidenta es una “presa política” y sostuvo que existe una persecución orientada a disciplinar a la dirigencia política y a impedir la reorganización del peronismo. Según expresó, el informe demuestra que las restricciones impuestas no tienen fundamentos jurídicos sino una motivación política.

Durante el encuentro también hubo críticas al funcionamiento del Poder Judicial. César Grau trazó paralelismos históricos entre la situación de Cristina Fernández de Kirchner y la de Hipólito Yrigoyen, mientras que la senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó con dureza a la Corte Suprema y al sistema judicial argentino.

“La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”, afirmó la legisladora mendocina, quien llamó a debatir si el derecho funciona como una herramienta de liberación o como un mecanismo de persecución política.

El informe presentado por los consejeros suma un nuevo capítulo a la disputa en torno a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y busca instalar la discusión sobre las condiciones de cumplimiento de su prisión domiciliaria, comparándolas con las que reciben otros condenados por delitos federales en todo el país.

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