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Viernes, 29 marzo 2024
JUSTICIA
10 de mayo de 2019

Llaman a indagatoria a empresarios y funcionarios por las obras de la central de Ensenada

El juez federal Sebastián Casanello citó a dos exfuncionarios K y cuatro empresarios por presuntas irregularidades en la construcción de la central. La Tecla había anticipado a fines de abril que el magistrado evaluaba medidas. La planta está en proceso de venta.

Llaman a indagatoria a empresarios y funcionarios por las obras de la central de Ensenada - La Tecla

El juez Sebastián Casanello llamó a indagatoria a dos funcionarios públicos durante el kirchnerismo y a cuatro empresarios por presuntas irregularidades en las obras de construcción de la central termoeléctrica Ensenada de Barragán, la misma que ahora el Estado puso a la venta. 

Se trata de una medida que el juez estudiaba desde hace tiempo. La Tecla había anticipado en abril que el magistrado federal porteño evaluaba medidas, luego de la recepción de un informe de peritos de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, Casanello aceptó el pedido del fiscal Ramiro González. Y llamó a indagatorias a Exequiel Espinosa, titular de la ex Enarsa entre 2003 y 2013, así como también al ex gerente de la firma, Santiago Pierro.

Asimismo, la causa involucra al consorcio empresario Iecsa-Isolux, que llevó adelante la construcción de la planta de Ensenada y la de Brigadier López, en Santa Fe. Casanello citó a Juan Carlos De Goycochea, por Isolux y, a llamó a tres ex directivos por Iecsa: al exCEO Héctor Sánchez Caballero, Santiago Altieri y Alejandra Kademian.

Ieca es la empresa constructora que fue propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Sin embargo, para las citaciones, solo se tuvo en cuentas a aquellos que pusieron sus firmas para las ampliaciones del contrato original, eje de las sospechas. 

Los acusados estuvieron involucrados por la firma de seis adendas que disparon la polémica. Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), la central de Ensenada tuvo incremento de 66% en su costo debido a adendas. Pasó de $1.508 millones a $2430 millones.

Adjudicadas en 2008, hubo varios contratiempos, que fueron detectados por la Auditoría General de la Nación. Con acta de inicio de obra el 23 de abril de 2009, se acordó la reformulación del proyecto en septiembre de ese año y, finalmente, se concretó en febrero de 2010 con nuevas incorporaciones. 

Polémica
El exdiputado Manuel Garrido (UCR) judicializó el caso a partir del informe de la AGN que analizó  como miembro en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, según contó a La Tecla. En su denuncia marcó que  ENARSA sorprendentemente “olvidó” u omitió obras esenciales. En el caso de la usina de Ensenada, se construyó posteriormente la Estación Hudson y la Estación Transformadora para que la energía generada por esta Central Térmica pudiera ser despachada así como líneas de alta tensión.

Para Garrido, la contratación directa para adjudicar las obras” que fueron necesarias realizar con posterioridad a los contratos originales, no fue el medio de contratación adecuado”.

Hay otro punto que hace ruido. Para la selección de IECSA-Isolux, Enarsa se basó en un pliego y un presupuesto elaborado por Transener, la compañía estatal de transporte de electricidad. El informe de AGN destaca que el director de Transener fue, a su vez, el responsable técnico del proyecto Grandes Centrales.  

Otra causa
A raíz de este otro trámite, Casanello recibió este año la causa por la venta de la central Ensenada de Barragán y la de Brigadier López, en Santa Fe, que fueron puestas a la venta por el gobierno nacional. 

El proceso es cuestionado por opositores que denunciaron que se pretende vender ambas centrales a un “precio vil” e indicaron que hay un trámite direccionado. Se trata de una presentación firmada por los diputados Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana (FpV).

La acusación canza al presidente Macri, a los exministros de Energía, Juan José Aranguren y Javier Iguacel, a los ex titulares de Enarsa, Hugo Balboa y Mario Dell’ Aqua, y al empresario Ángelo Calcaterra.

La denuncia de los legisladores había sido presentada en noviembre y había recaído en el juzgado de Daniel Rafecas y en la fiscalía de Germán Pollicita. Pollicita consideró mediante dictamen que la causa tenía conexidad con la que tramita ante Casanello.


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