La falta de acuerdo para las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema, que incluye la discusión por el nombramiento del Defensor del Pueblo y del Procurador General de la Nación también operarían como traba para avanzar en el nombramiento de magistrados en la Suprema Corte provincial. Kicillof no se apura y a la oposición la demora tampoco le sienta tan mal.

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Javier Milei consiguió la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales, que en la Casa Rosada festejaron como un campeonato. Pero todavía quedan cosas pendientes por resolver, de impacto político e institucional. Una es la aprobación de los pliegos, por parte del Senado Nacional, de los jueces que completarán la Corte Suprema de Justicia. Se suman al paquete la Defensoría del Pueblo y la Procuración General de la Nación. Y aunque parezcan cuestiones diferentes, de esas resoluciones también depende en parte que se avance o no en completar las vacantes de la Suprema Corte bonaerense.

Como publicó La Tecla, tras una jornada académica y cultural en los Tribunales de Morón, el presidente del Máximo Tribunal de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, volvió a pedir premura para completar los despachos vacíos del Poder Judicial y la composición de la Corte. En una entrevista con el medio local Primer Plano Online, el magistrado reconoció que en el último tiempo hubo avances en la cobertura de cargos, pero señaló que de todas formas la situación los sigue “preocupando”.

“Esto trae problemas, dificultades, afectaciones al servicio de justicia, así que para nosotros sigue siendo una prioridad. De hecho, la propia Suprema Corte, que supo estar integrada por siente miembros, en este momento solamente tiene tres”, agregó Torres, quien de este modo mostró la inquietud que hay en el palacio de calle 13. Pero, al parecer la situación no se revertirá en lo inmediato.

En el entorno de Axel Kicillof habían anticipado que era un tema a tratar en el segundo semestre. Pues bien, el segundo semestre se inaugura el lunes y por lo pronto las negociaciones con los espacios opositores, para lograr el consenso y arrimar las propuestas al Senado bonaerense, siguen a ritmo cansino. Desde el Ejecutivo provincial aseguran que esa discusión llegará en el debido momento y después de avanzar un poco más en la designación de funcionarios que ocupen vacantes en juzgados de paz, tribunales de primera instancia, cámaras de alzada, fiscalías y defensorías. De hecho, el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, tiene prácticamente listos unos 90 pliegos que entregará al Gobernador para que finalmente sean mandados al Senado una vez que pase el receso invernal.

Sin embargo, en el Congreso Nacional distintas fuentes, tanto de lo que fue Juntos por el Cambio como de Unión por la Patria, confiaron a La Tecla que “no se avanzará en la Provincia hasta tanto no se resuelva lo de la Corte Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Procuración General de la Nación”. Esa es la versión, digamos, “protocolar”. El mentidero de los pasillos dice que el kirchnerismo está centrado en la resolución del paquete de cargos nacionales. Desde hace tiempo en el Instituto Patria desvelan las causas que se siguen contra Cristina Fernández, pero sobre todo aquellas que apuntan a complicar judicialmente a Máximo Kirchner.

Ariel Lijo

Mientras tanto, los expedientes de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, propuestos por Milei para completar la Corte de la Nación, todavía andan a las vueltas en la búsqueda del consenso que les permita el ingreso al Máximo Tribunal. Y, si es cierto lo que se vaticina en el Congreso, la Suprema Corte provincial deberá seguir completando el quórum con subrogancias mientras atisba algunos reclamos, leves en lo público y más notorios en lo privado, para que se acelere el proceso de la designación de los cuatro jueces que faltan.

En el Gobierno provincial aceptan que es un tema que debe resolverse pero frenan ansiedades en cuanto a los tiempos y prioridades. Tampoco para los espacios opositores, que pretenden estar en la mesa de negociación y llevarse algún poroto a su quinta, este parece ser el momento ideal para platear una discusión tan trascendental. El radicalismo acaba de comenzar un proceso eleccionario para renovar sus autoridades, y sumaría un nuevo problema si debe resolver su propuesta para la Corte antes de saberse quién será el próximo presidente del partido.

En el PRO la situación no parece diferente a partir de la separación entre el sector que se encolumna con Patricia Bullrich y el que ahora comanda en la Provincia Cristian Ritondo y responde directamente a Mauricio Macri. Los amarillos tienen la amenaza política de un sector libertario que, de la mano de Sergio Massa, se ha convertido como clave para el oficialismo en la Legislatura. Eso los lleva a discutir lugares entre todas las vacantes que hay. Por ahora parece que el número no les alcanza para forzar en su favor la designación de una butaca en la Suprema Corte. Pero esto es rosca política, el arte de hacer probable ahora lo que hace un rato era improbable.

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