Un juez de Pehuajó ordenó al Gobierno nacional restituir los fondos destinados a urbanización de villas y asentamientos. Tendrán que presentar un plan de obras y se hará un seguimiento mensual

Más de 850.000 familias de todo el país viven en barrios populares, un universo que comprende a varios millones de argentinos a los que se asiste con diferentes programas, algunos de ellos bajo la órbita del Gobierno nacional.

La Ley 27.453 creó el Programa de Integración Socio-Urbana, con la idea de asistir a los 6.467 barrios de este tipo y que se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), determinando, además, los mecanismos para garantizar su financiamiento.

Tras el cambio de gobierno, la administración de Javier Milei modificó los porcentajes de asignación de fondos al FISU, el Fideicomiso para la Integración Sociourbana, que se encuentra bajo la órbita del diputado provincial en uso de licencia y máximo armador del mielísmo en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

A través de un decreto (está judicializado por presunta inconstitucionalidad), la administración libertaria paralizó la casi totalidad de los trabajos planificados y en marcha en villas y asentamientos, que había permitido mejorar las condiciones habitacionales y de infraestructura de los barrios, atravesando gestiones de diferente color político como las de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Ante el brutal recorte de fondos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una vecina de Pehuajó (Vanesa Noguera) y el cura Lorenzo Vedia promovieron un amparo colectivo para garantizar la continuidad de los trabajos.

En las últimas horas, el juez federal de ese distrito de la Cuarta sección bonaerense, Héctor Heim, dio la razón a los demandantes y emplazó al FISU a presentar, en un plazo no mayor a tres meses, un plan de acción en forma conjunta con los estados locales en su rol de “unidades ejecutoras”.

Además, el magistrado exhortó al Congreso para que, “haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, arbitre los medios necesarios para contemplar y/o establecer mecanismos de financiamiento para la continuidad de la referida política pública, restableciendo el aporte del impuesto PAIS”. La gestión Milei sólo mantuvo el 1% del presupuesto asignado, que sólo alcanza para el 20% de los trabajos.

La Justicia federal considera que desfinanciar dichos programas resultaría violatorio del derecho a la vivienda, a la salud, a la integridad física, y a un ambiente sano, todos ellos con consagración constitucional.

De esta manera, el Gobierno nacional deberá sumar a las 137 obras previstas las restantes planificadas, unas 716 que estaban en marcha hasta diciembre del año pasado.

Al respecto, exige que la administración nacional informe de manera mensual sobre las líneas de acción a los fines de la continuidad de la política pública y de los eventuales fondos girados al FISU.

LUNA MIGUENS - CELS
Planes paralizados, obras sin final y vecinos separados por zanjas

La directora del Área de Tierra y Vivienda del CELS, Luna Miguens, aseguró que “muchas políticas se modificaron drásticamente a partir de esta nueva gestión de Gobierno nacional, y una de las más regresivas fue la suspensión de las políticas de integración sociourbana de los barrios populares”.

Al respecto, explicó que “hasta diciembre había 716 obras pendientes de finalizar, y además contemplaba otra línea específica que se llamaba Mi Pieza, que eran recursos destinados específicamente a mujeres para mejoramientos en la vivienda muy puntuales. Podía ser un baño, una habitación, y ya había alcanzado a 12.000 mujeres, pero se cortaron los desembolsos y quedaron las obras en las casas sin terminar”. En cuanto a la urbanización, explicó que “la paralización de las obras no sólo implica que personas que tenían la expectativa de poder tener su calle asfaltada o poder tener luz eléctrica o agua potable, no la van a tener. En muchos casos empeoró la condición del barrio, como pasó en Moreno, donde en octubre empezaron las obras, les hicieron una zanja que atraviesa de punto a punto todo el barrio, y en diciembre se paralizaron las obras. ¿Qué pasó?, que la zanja quedó abierta y hoy el barrio está partido a la mitad. Hasta una plaza quedó inhabilitada”.

Miguens refirió, además, que la participación del CELS “surgió de la Mesa Nacional de Barrios Populares, que se creó por la ley, que nos pidió judicializar el caso del barrio Cumba de Pehuajó, y luego se sumaron otros de Moreno y Mercedes”.

RADIOGRAFIA DEL FISU
Miles de millones y un ramillete de organismos que aportan a la caja

Además de la financiación internacional, el FISU se nutre principalmente de aportes provenientes del impuesto PAIS, un tributo creado durante el gobierno de Alberto Fernández por 5 períodos fiscales. Inicialmente gravaba la compra de dólares para ahorro y los bienes y servicios adquiridos en el exterior, pero en 2022 se incorporaron otras actividades como la importación de cualquier bien y el transporte de mercadería de exportación e importación.

De acuerdo con lo relevado por el juzgado, los aportes del impuesto al FISU, de diciembre de 2023 a julio de 2024, alcanzaron los 115 mil millones de pesos. También recibe fondos provenientes del impuesto a las “Grandes Fortunas” o Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerarlos efectos de la pandemia; de las rentas de propiedad; de aportes de la Agencia de Bienes del Estado (ingresos provenientes de transferencias de inmuebles); de transferencias del Tesoro Nacional; del programa Casa Propia (ingresos provenientes del fondo fiduciario vivienda social) y de devoluciones provenientes de unidades ejecutoras por fondos no invertidos.

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