Un proyecto del camporismo para modificar el cálculo de las indemnizaciones laborales generó rechazo en la oposición y las cámaras empresarias. En el Ejecutivo también lo miran de reojo

“No hay peor astilla que la del mismo palo”, reza un antiguo y conocido refrán, aplicable a muchos órdenes de la vida. Y la política no es la excepción. Desde el interior de Unión por la Patria, un proyecto de ley puso en aprietos al Ejecutivo que conduce Axel Kicillof, que hace equilibrio para salir indemne de las implicancias que el texto de la normativa propone.
Enrolada en La Cámpora, la diputada Maite Alvado, junto a su compañera de bancada Soledad Alonso, impulsó una iniciativa para reformar el método por el cual se calculan las indemnizaciones laborales en el territorio bonaerense. Un régimen que los empresarios rechazan porque, aseguran, pone en jaque a las Pyme.

Con la colaboración del bloque Unión, Renovación y Fe -autodenominados “libertarios dialoguistas” y señalados por los mileístas como “libermassistas”-, el proyecto camporista pasó con éxito por la cámara de Diputados. Mientras tanto, el resto de las bancadas que conforman la oposición le dijo NO a la iniciativa.

La ley propone igualar el cálculo de las indemnizaciones con el que rige en la Ciudad de Buenos Aires, esto es aplicar el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) más el 6 por ciento. Se trata de un indicador creado con el objetivo de ajustar el capital de depósitos y créditos por la inflación y así atar el valor de la moneda de los contratos celebrados antes de la pesificación establecida por el Decreto 214 del año 2002.

Dicho índice se compone del IPC publicado por el INDEC, es decir, por la inflación oficial promedio a nivel nacional, mientras que el resto de los elementos de la fórmula del CER son temporales.

Poco tardaron algunos dirigentes gremiales en levantar la bandera de la reforma. La primera en desmarcarse de la propuesta camporista fue la vicegobernadora Verónica Magario, quien tiró la pelota a la tribuna al señalar, de manera cortante, que “no es un proyecto del Ejecutivo”. Le siguió, días después, el mismísimo Axel Kicillof, siguiendo el camino de patear la pelota a la tribuna, utilizando casi el mismo argumento que la titular del Senado.

Otro alineado con el mantra “no es nuestro” fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en conferencia de prensa brindada en la Gobernación.

La presión de los sectores productivos (comercio, industria y también el campo) por las consecuencias presuntas que tendría sobre la economía de las empresa preocupa al Ejecutivo, ya bombardeado en sus finanzas por las políticas de la gestión nacional que encabeza Javier Milei.

Así, el proyecto duerme en el Senado, sin que el oficialismo acelere para que transite rápidamente por las comisiones. Una muestra más, aseguran algunos, de que la lucha de poder dentro de Unión por la Patria no afloja y se manifiesta en la tarea legislativa.
En la Cámara alta el oficialismo no tendría por ahora el viento de cola de los “libertarios dialoguistas”, que en Diputados conforman un grupo de nueve manos dispuestas a “bancar” al peronismo y colaborar para el quórum y la votación. No obstante, buscan sumar a los senadores de la bancada que conduce Carlos Kikuchi.

Los radicales dijeron que no, lo mismo que el PRO y los bloques libertarios.
Sin apoyo de todos los sectores de UP, sin empuje del Gobierno y con un poroteo legislativo que da negativo, es difícil, cuando no imposible, que la iniciativa avance. Aunque quedan dos opciones: recurrir a algún “faltazo” opositor o un eventual veto de Kicillof, en caso de sancionarse. La primera opción es compleja; la segunda pondría al Gobernador contra la espada y la pared, con el riesgo de enfrentarse a La Cámpora.

MAITE ALVADO (UP)
El caso porteño y una fórmula que busca “eliminar desigualdades”

La diputada Maite Alvado aseguró que la iniciativa busca que “los trabajadores bonaerenses tengan los mismos derechos que los porteños, proponiendo equiparar las indemnizaciones que se pagan en los juicios laborales de ambos distritos”. Al respecto, consideró que “es injusto que un trabajador de la Provincia, en idénticas condiciones, reciba una indemnización menor”. Además, recordó que en comisiones explicaron por qué sería constitucional, y remarcó que “los legisladores tenemos la obligación y responsabilidad de sancionar normas para mantener vigentes todos los derechos fundamentales enunciados en la Constitución nacional y provincial y eliminar desigualdades o perjuicios existentes”.

En cuanto al temor por el impacto negativo sobre las empresas, expresó: “El proyecto propone el mismo índice de actualización que actualmente utiliza la Cámara Nacional del Trabajo porteña. Hace más de 20 años se aplica una tasa más beneficiosa para el trabajador de CABA y, sin embargo, no es un problema”.

DIEGO GARCIARENA (UCR)
“Es probable que, si la ley sale, sea declarada inconstitucional”

El presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, aseguró que “las leyes laborales de fondo son competencias del Congreso de la Nación. Lo que puede dictar la legislación provincial es el procedimiento laboral”. Sobre la iniciativa, sostuvo que “tuvimos una ley que prohibía la indexación de las indemnizaciones, y la Suprema Corte, en el fallo Barrios, declaró inconstitucional las leyes que prohíben la indexación, por lo tanto, establece pautas de actualización. Lo que hace este proyecto es establecer en qué forma se van a actualizar, por eso decimos que la Legislatura no es competente, ya que lo vinculado a intereses le corresponde al Gobierno federal, que debe dar normas de fondo en materia laboral, según los artículos 75 y 112 de la Constitución. Es como si estuviéramos discutiendo el monto de las penas de los Derechos Humanos. Eso no corresponde, pertenece al orden federal”.

En tal sentido, el legislador boina blanca añadió que “la ley todavía no fue aprobada por el Senado, no está vigente porque no la han tratado, y sin embargo ya los jueces laborales están aplicando, en algunos casos, la actualización según el fallo Barrios (no es un fallo sobre una cuestión laboral),con intereses que en algunas ocasiones superan las ganancias de una Pyme de todo el año. Incluso, casos en los que aplican hasta 8.000% de intereses. Eso es, lisa y
llanamente, condenar a esas empresas al cierre y al trabajador a quedarse sin la fuente de trabajo”.

GUILLERMO SIRO (CEPBA)
“Si se aprueba esta ley nos vamos a presentar ante la Justicia”

En diálogo con La Tecla, el titular de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro, aseguró que “tenemos una gran preocupación, pero si se aprueba esta ley nos vamos a presentar ante la Justicia, ya que hay jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional y de la Suprema Corte Provincial en rechazo a este índice de actualizaciones”.

El dirigente empresarial consideró que, de sancionarse, “lo único que va a generar es la pérdida de trabajo a nivel bonaerense, porque ya las empresas están consultando si pueden radicar sus producciones en otro lugar, o contratar trabajadores de empresas tercerizadas radicadas en otros distritos”. Además, el referente empresarial evaluó que “vamos a perder el trabajo de los bonaerenses y vamos a complicar la producción; porque el problema sería que la provincia de Buenos Aires se transforme en el único de los 24 distritos productivos que tenga este índice de actualización, que podría ocasionar juicios que podría tardar 10 años en territorio bonaerense. Por consiguiente, va a salir siete veces más en la provincia de Buenos Aires que en otro distrito. En cuanto a la posible mudanza de empresas, fue más preciso al alertar acerca de que la producción podría trasladarse a La Pampa, Santa Fe o Córdoba, pero aquellos que no lo puedan hacer van a subcontratar mediante empresas radicadas en otro distrito, para que no se radique el conflicto en un fuero laboral de Buenos Aires. Eso es, lisa y llanamente, destruir la producción y el trabajo”.

EL CAMPO, EN ALERTA
El campo alertó sobre repercusiones en el empleo y la producción

La Mesa de Enlace Bonaerense manifestó su preocupación sobre la normativa que impulsó el oficialismo y alertó acerca de las graves problemáticas que puede conllevar su aprobación. Tras reconocer la importancia de proteger los derechos de los trabajadores,
advirtieron “sobre los efectos adversos que esta medida podría generar parala economía provincial, particularmente en sectores esenciales como el agropecuario”.

Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, aseguró que “estas modificaciones, que multiplicarían el monto de las indemnizaciones en más de siete veces, ponen en riesgo la continuidad de las pymes e impacta negativamente en la generación de empleo nuevo”. Y añadió que “en su gran mayoría somos pymes y, vaya a saber bajo qué premisas o intereses, que claramente no es defender trabajadores ni la creación de empleo, nos están sentenciando a desaparecer”. El sector advirtió que, de sancionarse la ley, podría derivar en una disminución de las contrataciones, reducciones de personal e incluso en el cierre de empresas, afectando directamente tanto a empleadores como a trabajadores”. Además, consideraron que “el sector agropecuario, uno de los pilares de la economía provincial y nacional, sería particularmente vulnerable a los efectos de esta ley. Empresas dedicadas a la producción agrícola y ganadera, ya afectadas por los crecientes costos operativos y las dificultades logísticas, podrían verse obligadas a reducir su actividad, lo que tendría un impacto directo en el empleo rural y en las economías regionales que dependen de este sector”.

ROSCA BOINA BLANCA

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