El paquete de leyes que precisa el Gobernador requiere de una ingeniería de acuerdos entre el oficialismo y la oposición. Los dilemas que envuelven al peronismo para no repetir el fracaso legislativo del 2024
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El sistema político bonaerense enfrenta un nuevo desafío sobre el final de este 2025, y la chance de que la provincia de Buenos Aires no tenga presupuesto por tercer año consecutivo mueve el avispero. Axel Kicillof ya envió su paquete de leyes a la Legislatura y espera la aprobación para meterse de lleno en los dos años de gestión que le quedan. Cada sector hace su juego, todos muestran voluntad de consenso, pero hasta el momento no hubo avances concretos.
Todos, principalmente el Gobernador, esconden las cartas y son parte de un juego de seducción sin ofertas concretas. Especialmente hacia adentro, donde la amenaza de la interna pareciera ser más fuerte que la pulseada con las fuerzas de la oposición.
Kicillof nombró sus espadas, pero no se involucra de manera personal en la “rosca”, generando más dudas que certezas. Aunque sus tropas creen que “deberá ser más generoso que el año pasado y entregar algo a cambio de apoyos legislativos”.
Si bien es casi unánime la lectura sobre que el escenario es similar al de diciembre de 2024, en el Poder Ejecutivo enviaron una clara señal de cambio al designar a Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis como interlocutores con los actores de la Cámara de Diputados. De todos modos, si bien plantean estar dispuestos a escuchar las demandas de la oposición, tampoco hay certezas en torno a qué están dispuestos a ceder.
Ya hubo contacto entre el tándem kicillofista y los alfiles legislativos (Alexis Guerrera, Facundo Tignanelli, Rubén Eslaiman y Juan Pablo de Jesús). Los legisladores de Unión por la Patria les trasladaron las demandas de la oposición en el marco de la apertura de discusión del Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y Endeudamiento.
Los pedidos opositores no tienen nada nuevo: reclaman que se pongan a consideración los lugares que le correspondieron históricamente y que por ahora no fueron ocupados. La respuesta del Gobierno todavía no se oficializó, pero se espera que sea a la brevedad y en forma positiva.
El 26 de noviembre será el primer intento mediante el cual se buscará aprobar el paquete que envió Kicillof, pero nadie asegura si efectivamente se concretará. La idea que ronda entre muchas cabezas es que se logre antes del 10 de diciembre, momento en que cambiará la conformación del Parlamento en ambas Cámaras.
En algunos sectores había intención de llegar a un acuerdo para comenzar con el proceso de designación de jueces de la Suprema Corte y votar antes del recambio legislativo. La posibilidad quedó descartada -debido a los plazos legales del procedimiento-, pero hay voces que cuentan que sí podría consensuarse durante esta negociación y que, en todo caso, se apruebe después del 10. Por supuesto, todo en el marco de las especulaciones y de que nadie quiere dejar ningún detalle al azar.
Las ganas y el optimismo que muestran todos no se condicen por ahora con las acciones que impulsa cada campamento, por lo que se huele en el ambiente que se esconden algunas otras intenciones. En los últimos días comenzaron a aflorar tensiones internas en el peronismo que se mantenían en silencio. El kirchnerismo salió a cuestionar el reparto de fondos que dispuso Kicillof para los municipios y denunció que existe un favoritismo hacia los del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) por sobre los de La Cámpora. Asimismo, advirtieron que el endeudamiento que pidió el Gobernador representa alrededor del 30% del total de la deuda que tiene el Estado provincial.
En el Frente Renovador le rehúyen a la pelea que encarnan los primos kicillofistas y cristinistas y reiteran que “nosotros, básicamente, creemos que es necesario que salgan las tres leyes”. Además, sostienen que sin el endeudamiento “va a estar muy difícil para que los municipios puedan pagar salarios. Hay alrededor de 80 municipios que van a tener problemas para pagar el aguinaldo”.
La situación acuciante que atraviesan los distritos no solo es patrimonio de la oposición, sino también de muchas comunas que conduce el peronismo. Tal situación implica también una presión extra para los legisladores por parte de los intendentes que piden ayuda económica urgente.
“Hay cuestiones que son del Ejecutivo y hay reclamos de la oposición que solo el gobernador los puede dar y va a tener que poner lo suyo”, dicen en el massismo para incluir en la discusión la responsabilidad que poseen en Calle 6. En ese sentido, indicaron que “debemos tener una discusión madura y entender que todos tienen que poner su parte”.
Por el lado de la oposición, el panorama es más complejo en el rincón donde hoy se amontonan la tropa del radicalismo y del PRO. Con un poder de fuego que será menor desde el 10 de diciembre, ahora buscan negociar como un bloque para no perder terreno ante el peronismo, pero sobre todo frente a La Libertad Avanza (LLA).
Los radicales atraviesan un cortocircuito entre sus legisladores y los intendentes que ponen el pecho en el territorio. Los alcaldes se reunieron con el ministro de Economía, Pablo López, y no cayó bien en los diputados. “Si ellos no están preocupados por el porcentaje del fondo para municipios, nosotros no tenemos nada que discutir por ellos”, cuestionó a los jefes comunales una voz boina blanca de la Legislatura.
En el campamento libertario fueron claros y se mantienen en su postura firme de no mezclar la discusión presupuestaria con los cargos. Ellos comprenden que es el momento de poner la lupa sobre la política económica de Kicillof, el diseño del programa impositivo y la deuda que quiere contraer. En cuanto a los jueces de la Corte y las vacantes en diferentes organismos, afirman que no entrarán en esa lógica. En todo caso, según comentan, será un debate para dar más adelante.
Hay trascendidos que aseguran que la intención es ir por las vicepresidencias de la Cámara de Diputados y Senadores, pero será una batalla que estarán dispuestos a dar en otra oportunidad.
Bajo este panorama, es que parece que habrá mayor facilidad para avanzar con el Presupuesto y la Fiscal Impositiva, pero no así con el pedido de endeudamiento. El punto con mayor sensibilidad es la prioridad que fijó Kicillof para obtener su aprobación , atándola a un porcentaje (8% de USD 1.990 M) para destinarlos al Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FFIM).
“Si Axel consigue todo el financiamiento, ya no necesitará más de la Legislatura y ni siquiera pasará el 1 de marzo para la apertura de sesiones”, graficó -con ironía- un legislador oficialista sobre la verdadera discusión que se librará.
Son muchos intereses, la interna del peronismo hará su papel, el desgranamiento de la oposición será otro elemento y gran parte de la proyección presidencial de Kicillof también está en juego.
Los números de PBA en rojo y los tironeos para conseguir recursos
El pedido de endeudamiento que formalizó Axel Kicillof ante la Legislatura bonaerense comienza a encontrar algunos cuestionamientos tanto de la oposición como del propio oficialismo. Lo cierto es que en el Gobierno insisten con la imperiosa necesidad de conseguir recursos tanto para hacer frente a vencimientos de deuda, como para obras y fondos destinados a los 135 municipios, gran parte de los cuales se encuentran asfixiados en busca de un salvataje.
Son varios los jefes comunales que buscan contacto con el Gobernador y con el ministro de Economía, Pablo López. Incluso muchos de ellos se han reunido con el titular de la cartera de Hacienda y le han demandado respuestas para aliviar las arcas municipales. Hay quienes han elegido el camino del diálogo con otros funcionarios, pero en general las respuestas son las mismas.
La orden de Kicillof a sus alfiles es que les recuerden a los alcaldes que, para poder brindarles soluciones, necesita contar con el financiamiento y que, por lo tanto, les digan a sus representantes legislativos que ayuden con la aprobación de la ley. Hay intendentes -los del radicalismo, por ejemplo- que piden un gesto de que al menos se les salden en algún porcentaje las deudas que posee la Provincia con los distritos.
En el kirchnerismo advierten sobre el total del financiamiento que pidió Kicillof y dicen que “el Presupuesto 2026 también se apoya en un esquema de endeudamiento sin precedentes, que representa el 30% del total de la deuda provincial”. Entonces, expresaron que “en total, el Gobierno provincial prevé USD 3.685 millones de nueva deuda, aumentando la fragilidad fiscal y supeditando la inversión real al financiamiento externo”.
En algunas áreas de la administración pública corre el rumor de que el Gobierno precisa el endeudamiento para poder garantizar el pago de salarios y aguinaldo. En cuanto a la voz oficial y pública, en el Ejecutivo se limitan a plantear que la prioridad que poseen es cumplir con el cronograma de haberes de todos los trabajadores y que, mientras tanto, esperan que en la Legislatura se avance con el proyecto con el que solicitan fondos para hacer frente a todas las obligaciones que tienen por delante.
El kirchnerismo advierte distribución desigual de fondos a municipios
Entre legisladores e intendentes del kirchnerismo circula un informe en el que dan cuenta de que el Presupuesto 2026 enviado por Axel Kicillof hace diferencias de recursos entre los municipios del peronismo. En ese sentido, el relevamiento indica que La Plata recibirá cinco veces más inversión per cápita que Lomas de Zamora y Quilmes. Mientras la capital bonaerense proyecta más de $110.000 por habitante, el distrito que comanda Federico Otermín alcanza $ 20.400 y el de Mayra Mendoza $ 19.600. Incluso La Matanza recibirá la mitad de lo que obtiene la ciudad de las diagonales, y en el extremo inferior Merlo tendrá solo $ 1.312 por persona.
El esquema del Ejecutivo concentra recursos en La Plata, en contraposición con municipios gobernados por La Cámpora -como Quilmes, Lanús y Hurlingham-, que figuran entre los que menos inversión per cápita reciben. A la vez, el informe sostiene que los distritos más cercanos al gobernador son los más beneficiados y pone en la mira a General San Martín (Fernando Moreira, que responde al ministro Gabriel Katopodis), que alcanza $ 96.967 por habitante. En contraste, Florencio Varela recibe la mitad pese a tener indicadores sociales más críticos y una fuerte dependencia del gasto provincial.
La misma lógica se reproduce en los fondos destinados al sistema universitario. La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) es la más beneficiada, con 3.000 millones de pesos anuales para 25.000 alumnos. La Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Florencio Varela, con más de 30.000 estudiantes, recibirá 800 millones. También se destaca el caso de la Universidad Nacional Guillermo Brown -que tiene como rector al legislador radical Pablo Domenichini-, que, con 2.000 alumnos, tendrá 1.000 millones, muy por encima de universidades del Conurbano como las de La Matanza, Quilmes o Lomas de Zamora, que no alcanzan los 100 millones.
“Lejos de corregir las brechas existentes, la propuesta presentada por el gobernador Axel Kicillof consolida las diferencias estructurales entre la capital provincial y los principales distritos del Conurbano”, sostiene el análisis realizado.
En LLA hacen escuchar su rechazo a los proyectos del Ejecutivo
En La Libertad Avanza ponen la lupa sobre los proyectos que envió Axel Kicillof y no quieren entrar en la discusión por los cargos. Fuentes consultadas por La Tecla explicaron que “el presupuesto que envió el gobernador Kicillof vuelve a mostrar un modelo de gestión que no va más: una Provincia que gasta más de lo que recauda, que presenta déficit estructural y que pretende taparlo con más impuestos y más deuda”.
“Los ingresos propios no alcanzan para cubrir el nivel de gasto que propone el Ejecutivo, pero aun así el proyecto incluye autorizaciones de endeudamiento por más de 1.045 millones de dólares solo para pagar vencimientos de 2025, además de otros 1.990 millones de pesos de uso discrecional. Es insostenible seguir pidiendo crédito para financiar un Estado que no se ordena ni se moderniza”, manifestaron voces legislativas libertarias.
En esa sintonía, sobre la política fiscal impulsada por el Gobierno bonaerense, indicaron que “además, la Ley Impositiva incorpora un mecanismo absolutamente inaceptable: habilita a ARBA a actualizar las cuotas de los impuestos inmobiliarios y automotor sin pasar por la Legislatura, una delegación de facultades que vulnera la institucionalidad y genera incertidumbre para los contribuyentes”.
Por ese motivo, desde LLA remarcaron que “otra vez, las prioridades de Kicillof quedan expuestas en la estructura del presupuesto: sostiene ministerios y organismos que duplican funciones o carecen de impacto real, como el ministerio de la Mujer, el ministerio de Ambiente, el ministerio de Desarrollo Urbano y una serie de unidades políticas internas que solo agregan burocracia”. Más adelante, resaltaron que “mientras tanto, pide 250 millones de dólares más para Letras del Tesoro, 150 millones de dólares para BAESA y 250 millones de dólares para AUBASA”.
“La Provincia no necesita más organismos ni más deuda: necesita eficiencia, transparencia y terminar con la casta bonaerense de una vez y para siempre; eso es lo único que va a permitir dejar de asfixiar a los contribuyentes”, concluyeron.
Los antecendentes que inquietan ante una nueva negociación clave
El gobernador Axel Kicillof no pudo obtener sus leyes de Presupuesto, Fiscal Impositiva y Endeudamiento para este año, en medio de acusaciones cruzadas acerca de las responsabilidades por este fracaso.
El oficialismo culpó a la intransigencia de la oposición (radicales y el PRO), acusándolos de priorizar el reparto de sillones vacantes en la Corte bonaerense, el Bapro y otros organismos y empresas estatales de la Provincia. Sin embargo, estos apuntaron a la interna de Unión por la Patria, recordando que fueron legisladores de La Cámpora y sus aliados massistas quienes rehicieron el proyecto de Ley de Leyes para agregar un flujo de fondos hacia Lanús y Quilmes, distritos gobernados por Julián Álvarez y Mayra Mendoza, por daños en sus municipios provocados por el paso de camiones desde y hacia el puerto de Dock Sud, territorio del archikicillofista alcalde de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
“Es un intento de golpe de Estado”, lanzaron desde el Ejecutivo en su momento, comentando con sorna que cualquiera que pasara por la Legislatura agregaba o quitaba un artículo.
Como telón de fondo, la frustrada reelección indefinida de los intendentes, el incremento en la coparticipación para los municipios, y otros elementos de una negociación sin resultados, a la que la oposición vinculó con la falta de diálogo y disposición a negociar del oficialismo.
Con este antecedente, buscarán no reiterar los errores del pasado para finalmente llegar a consensos, sobre todo en el oficialismo.
El futuro del gabinete genera temor e incertidumbre por lo bajo
La situación interna en el peronismo no tranquiliza a ningún campamento y cada vez se miran con más desconfianza. Entre los debates pendientes, está sobre la mesa la incógnita en torno al gabinete del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Públicamente, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reitera que no están previstos cambios en el equipo de gestión. De todos modos, los rumores en torno a salidas e ingresos no cesan pese a las afirmaciones que emanan desde el Poder Ejecutivo.
Es que todavía resuena aquella idea que tenía Axel Kicillof de realizar cambios y que ahora parece dilatarse. Por lo pronto, deberá resolver qué futuro le depara al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, que fue electo senador por la Primera sección electoral. Hasta el momento no hay certezas sobre su decisión y la incógnita se mantiene.
En el kicillofismo hay sectores que piden la cabeza de ministros camporistas si es que la organización no logra dejar todo en la Legisla-tura para la aprobación del Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el Endeudamiento. El resto de las terminales de Fuerza Patria no se hace eco de las presiones y prefiere esquivar esas “provocaciones”. En el kirchnerismo plantean que a ellos nadie les comentó sobre posibles cambios en el gabinete y, además, aseguran que tampoco forma parte de las condiciones para negociar el paquete de leyes. No obstante, tampoco cierran la puerta a algunos cambios que se puedan dar porque “todo puede suceder”.
El PRO y la UCR hacen yunta para plantarse ante el oficialismo
“Lo único que está claro es que vamos a negociar juntos”, lanzó un legislador del PRO ante el inicio de la rosca por el paquete de leyes de Kicillof y los cargos vacantes. Se refería, claro está, a la ratificación de la alianza que mantienen en la Legislatura ese espacio con el radicalismo abadista, a través de UCR-Cambio Federal.
Los radicales tienen un objetivo prioritario: uno de los cuatro sillones sin ocupar en la Corte, sin quitar la mirada de la renovación de los miembros del directorio del Bapro, sabedores de que es ahora o nunca: a partir de diciembre quedarán con bloques sumamente reducidos. No así los amarillos, que conservarán 5 diputados y 5 senadores que se unirán a los que ingresaron en septiembre con la boleta de La Libertad Avanza. Para ambos partidos -la UCR cuenta con otro bloque, el de Somos Buenos Aires, en ambas Cámaras- es un tema central la defensa de los intereses de los intendentes, que reclaman un fondo fijo para distribuir entre los municipios. El Ejecutivo ya fue claro: solo habrá dinero por la vía del endeudamiento, destinando un 8 % a las comunas.
En cuanto a las autoridades de bloque a partir de diciembre, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, reclamaría una vicepresidencia en el Senado, siendo una incógnita aún el nombre del mandamás del bloque, donde convivirán acuerdistas con los libertarios y con legisladores que no ingresaron en el acuerdo.
En Diputados, aseguran que lo definirán Cristian Ritondo, el propio Montenegro y Diego Santilli, quien tiene en Agustín Forchieri, vicepresidente actual de la bancada y alfil del “Colo”, un candidato potable para conducir la bancada.
Los radicales deberán definir si sus dos senadoras se integrarán (Nerina Neumann, del abadismo, y Natalia Quintana, vinculada a Miguel Fernández), mientras que en la Cámara baja sería un hecho la continuidad de Diego Garciarena al frente de UCR-Cambio Federal, con un bloque que también incluirá a Alejandra Lorden y la monzoísta Silvina Vaccarezza. Si no surge un acuerdo interno, podría haber otro bloque conformado por el tandilense Matías Civale, el trenquelauquense Valentín Miranda y la electa Priscila Minaard.
