Los titulares no tienen quórum por las vacantes que el Gobierno demora en cubrir y jueces de menor rango dictan fallos de alzada. Cabildeos entre los ministros, presupuesto, salarios y la rosca para completar el pleno

De los tres poderes del Estado, el Judicial es siempre el más intrigante, fundamentalmente cuando se trata de su máxima conducción. El lema “los jueces hablamos a través de las sentencias” es un mandamiento para los miembros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, más allá de que en algunas ponencias públicas, generalmente en actividades organizadas por la propia Justicia, expresan sus opiniones y con ellas generan cosquilleos y alertas tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Pero, como en todo palacio, hay cabildeos, internas y decisiones de otros estamentos estatales que inciden directamente en su funcionamiento.

En 2025 la Suprema Corte pasó menos desapercibida. En principio, por la particular e
irregular situación de no tener quórum propio y porque el Gobierno demora la designación de los cuatro ministros faltantes. También tuvo una mayor visibilidad su presidenta, Hilda Kogan, por el proceso electoral que debió llevar adelante. En otro orden, un juicio mediático que culminó en un jury ha incomodado a los cortesanos, además de generar una atención particular en la política, a la que parecen no alcanzarle cuatro cargos para saciar su sed en el reparto del poder. En el medio, sigue el reclamo por las vacantes en los juzgados, pese a que muchas se completaron este año, y es constante el pedido de mayor presupuesto mientras los empleados presionan por recuperar poder adquisitivo.

La foto institucional de Hilda Kogan, Fernando Soria y Sergio Torres. Se los ve poco juntos, a excepción de actos protocolares que involucran a la Corte.

Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres son los tres ministros de una Corte que debiera tener siete. El quórum para las acordadas es cuatro. Esto lleva a que deba completarse con miembros del Tribunal de Casación Penal. “Es escandaloso que jueces inferiores dicten fallos de la Corte. Lo de los subrogantes debe ser una excepción y se ha convertido en regla”, cuestionó ante La Tecla uno de los principales legisladores de la oposición. Por estos días, desde varios sectores volvieron las demandas para que Axel Kicillof envíe al Senado los pliegos de quienes completarán el Tribunal. Aseguran que hay un compromiso de avanzar durante el primer semestre de 2026.

Los propios miembros de la Corte lo reclaman. En el cierre del Congreso de Magistrados y Funcionarios, realizado en junio en Mar del Plata, el ministro decano del Tribunal, Daniel Soria, se refirió al tema. “Faltan cuatro jueces de siete. Probablemente, esto sea inédito, no lo puedo asegurar con profundidad”, destacó; y agregó como necesario “que se hagan las propuestas porque la Corte tiene que deliberar, tiene que poder conjugar una multiplicidad de voces, de procedencias, de género, de estilo, de edades”. No fue la primera vez en señalarlo. Ya en el Congreso Provincial de Magis-trados y Funcionarios de octubre de 2021 había aludido a la necesidad de la cobertura de vacantes en la Corte.

Para esa fecha, el Tribunal había sufrido las bajas de Héctor Negri, Eduardo de Lázzari y Eduardo Pettigiani, entre enero de 2020 y agosto de 2021, y transitaba un periodo de cuatro jueces sobre siete. Con la renuncia de Luis Genoud, en junio de 2024, se instaló la minoría.
“Cuando nosotros tenemos una vacante, la reemplazamos con subrogantes y suplentes”, explicó Sergio Torres en el Congreso de la Magistratura y la Función Judicial, en Mar del Plata en 2023. “En definitiva, nos cubrimos entre nosotros, pero todos sabemos que eso es insuficiente”, dijo el ministro en aquella oportunidad. Se refería en gran medida a las faltantes en los distintos fueros, pero después de la salida de Genoud el reclamo también se focalizó en la Corte.

El primer subrogante es el presidente del Tribunal de Casación Penal, actualmente Mario Kohan (rota anualmente en febrero). Le sigue el vice, Carlos Natiello. Ambos responsables de la Sala 4 del Tribunal. En algunos casos, la primera subrogante es María Florencia Budiño (vicepresidenta de la Sala 2), quien presidía Casación cuando esas causas ingresaron al Máximo Tribunal tras quedar en minoría. Si es necesario, la Corte se completa con miembros de otras salas.

La ya irregular situación lo es más cuando los de Casación votan todos en un sentido y los de la Corte, o algunos de ellos, en otro, y prevalece un fallo donde los cortesanos han perdido. Con otra particularidad: suelen coincidir Kogan y Soria mientras que Torres ve varias veces favorecidas sus opiniones con el acompañamiento de los subrogantes. Hasta ahora una sola vez se dio, en un caso de expropiación en el que la Suprema Corte debió expedirse nuevamente tras un fallo de la Corte nacional, que la sentencia del Tribunal salió con el voto unánime de los jueces de Casación, que impusieron su criterio por 3-1 sobre la disisdencia de Torres (Kogan y Soria no participaron porque habían participado de la primera sentencia).

Hubo otros casos donde el resultado fue 4 a 0 sin necesidad de convocar a nadie más que a Kohan o Budiño, mientras que algunos se resolvieron 4-2 o 3-2, con Torres y los subrogantes en una línea, y Kogan y Soria en minoría en otra la mayoría de las veces.

Julio Conte-Grand, el titular del Ministerio Público, fue designado por el Senado durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Fuentes de la Corte descartaron la existencia de bloques entre sus integrantes. “Hay cantidad de fallos con los tres votos, o coincidentes o mayorías alternadas, según los temas”, aseveraron. Sin embargo, en los cotilleos tribunalicios, en pasillos del Ejecutivo y en despachos de la Legislatura, el tema está presente. Se comenta, además, de la buena relación de Torres con los subrogantes, sobre todo con Kohan, lo que le permitiría tener una ventaja a la hora de buscar opiniones favorables a su criterio judicial. Al parecer, durante la presidencia de Budiño no hubo tanta exposición de la interna mediante los fallos como en este año. La magistrada no siempre acompañaba a Torres en las disidencias con Soria y Kogan.

A juicio de expertos en el ámbito judicial, Kohan tiene un “extraordinario bagaje jurídico y podría ser un muy buen juez de Corte”, destacó una fuente; que a la vez puso acento en que sus coincidencias con Torres terminan por torcer la mayoría. El actual presidente de Casación aparece dentro de los posibles pliegos que el Gobierno mandaría el año que viene para completar el Supremo, impulsado por uno de los sectores políticos que integran la alianza gobernante.

En cuanto a los cortesanos, Hilda Kogan ha recogido elogios por el trabajo como presidenta de una Junta Electoral que afrontó tareas inéditas por consecuencia del desdoblamiento. Además de que la elección se hizo sin ningún contratiempo ni impugnación, la jueza se puso firme y logró modificar las fechas entre la presentación de listas, oficialización de boletas y elección provincial, frente a la negativa inicial de la mayoría de los sectores políticos, sobre todo de espacios del peronismo que no comulgaron con la iniciativa de desdoblar decidida por Kicillof.

Es una de las personas de la justicia provincial que más respeta y escucha el juez federal con competencia electoral en la Provincia, Alejo Ramos Padilla, sobre todo en temas concernientes a la jurisprudencia bonaerense. Ella se cuida de no pasar el límite e inmiscuirse en la competencia del colega federal, celoso de su jurisdicción. Con orígenes en el radicalismo, especialista en derecho previsional, de familia y menores, es una jueza que da preeminencia a los jury. Vulgarmente se dice que cuando le ha tocado la presidencia “se ha cargado a unos cuantos magistrados”, por su tendencia a no dormir y acelerar las causas que trabaja la Secretaría de Enjuiciamiento.

Por el contrario, Daniel Soria tiende a poner los jury en baja velocidad o directamente en punto muerto, mientras que es destacable su actividad en los períodos en los que preside el Consejo de la Magistratura (es actualmente el titular). Vinculado al peronismo, Soria tiene una muy buena relación con el intendente de La Plata, Julio Alak. Antes de ser cortesano ocupó cargos importantes en los tres poderes del Estado y fue Convencional Constituyente en 1994. Se le ha destacado siempre su labor como componedor de rencillas internas cuando la Corte estaba integrada por siete ministros con muchos años en el Tribunal.

Sergio Torres llegó a la Corte durante el gobierno de Vidal, con el impulso de los ministros Federico Salvai y Gustavo Ferrari. Fue juez federal, con experiencia en causas de derechos humanos y narcotráfico, y ello aportó una mirada diferente en el alto Tribunal. Hábil para construir vínculos políticos, de muy buena relación con Cristian Ritondo, habría edificado en el último tiempo un buen diálogo con Sebastián Pareja, armador de La Libertad Avanza en la Provincia.

Se dice que dentro de poco no estarán solos en la Corte. La puja por esas sillas tuvo en las últimas semanas acciones concretas, pero cuando del palacio se trata, las intrigas son mayores que las certezas.

La normalización de la Corte dio un primer paso en una noche candente

En medio de las negociaciones por el Endeudamiento, en la agitada jornada del 3 de diciembre, y pese a la negativa de Kicillof de poner sobre la mesa la discusión por las vacantes en la Suprema Corte, se habló del tema y se avanzó para que la situación quede resuelta durante la primera parte del año entrante.

“Fue un pedido del radicalismo, y el compromiso del Ejecutivo fue que se iba a resolver antes de la feria judicial de julio. Los representantes del Ejecutivo (Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis) tomaron ese compromiso, con la presencia de representantes de todos los sectores de nuestro espacio, para que se resuelva antes de la mitad de año”, le dijo a La Tecla el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Facundo Tignanelli.

En esa reunión, además de Cascallares y Katopodis, que estaban en contacto telefónico con Kicillof, participaron Tignanelli, Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman, Alejandro Dichiara, Juan Pablo de Jesús y los radicales Maximiliano Abad y Diego Garciarena. El radicalismo se quedaría con uno de los cuatro lugares que hay en la Corte, y lo pondría el sector que conduce Abad.

Los otros tres lugares, en principio, serían para el oficialismo. Uno para cada sector interno. De todos modos, La Libertad Avanza pretende hacer valer su posición de bloque opositor con mayor número de legisladores y quedarse con una de las sillas. En una entrevista con La Tecla en octubre, Sebastián Pareja advirtió: “Tengo que tener mucha claridad respecto de la persona que uno está proponiendo para ocupar un lugar de tanto poder e importancia”. Los libertarios cuidan con celo el nombre que propondrían.

Mientras tanto, son varios los que suenan en el oficialismo. Axel Kicillof tiene en carpeta a Santiago Pérez Teruel, actual Asesor General de Gobierno. “El tema es que el Gobernador lo necesita en el cargo que ocupa ahora”, afirmó una fuente conocedora de los cabildeos por la Corte. Parece haber perdido algo de terreno Federico Thea, quien preside el Tribunal de Cuentas.

Por el lado del kirchnerismo siempre se mencionó a Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia, pero en el último tiempo comenzó a tallar fuerte el nombre del ministro de Justicia de la Provincia, Juan Martín Mena. Algunos ponen en la nómina de los posibles a Manuel Alberto Bouchoux, presidente de la Sala 5 del Tribunal de Casación Penal, vinculado a Justicia Legítima.

Mientras tanto, caída la posibilidad de la destituida jueza Julieta Makintach, ahora la primera opción de Sergio Massa para la Corte es Sofía Vannelli, quien acaba de culminar su mandato como senadora provincial. Hay quienes aseguran que el Frente Renovador también pone alguna ficha Mario Kohan, actual presidente del Tribunal de Casación Penal. De todos modos, siempre hay lugar en estos casos para los “tapados”.

Dos cargos clave que todavía no aparecen en el radar político

Mucho se habla de las sillas vacías en la Corte pero poco se menciona, y la política parece haberse olvidado, sobre otras dos vacantes clave en el andamiaje judicial bonaerense: la del Subprocurador General y la del Defensor Adjunto del Tribunal de Casación, que también requieren acuerdo del Senado.

La Subprocuración está vacante desde la renuncia, para acogerse al régimen jubilatorio, de Juan Ángel de Oliveira, que fue presentada a fines de 2022 y aceptada en mayo de 2024. Es un cargo de suma importancia, vitalicio, que además produce la cobertura de la Procuración General si esta llegara a quedar vacante.

En tanto, la Defensoría del Tribunal de Casación, de la que dependen los defensores oficiales, quedó sin titular el 19 de marzo de 2021, día que se produjo el fallecimiento de Mario Coriolano, quien ocupaba el cargo desde 1998.

Un solo nombramiento en los últimos veintitrés años

Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en mayo de 2019, Sergio Torres asumió como juez de la Corte para ocupar la vacante que había dejado Juan Carlos Hitters. Fue el único nombramiento de un cortesano en los últimos 23 años. Ni Daniel Scioli, ni Axel Kicillof hasta ahora, propusieron jueces para el Máximo Tribunal. Vidal también nombró al actual Procurador, Julio Conte-Grand.

En febrero de 2002, con su gestión como gobernador recién iniciada, Felipe Solá se encontró con una catarata de renuncias del Supremo. Dimitieron, consecutivamente, Guillermo San Martín, Elías Laborde, Ernesto Ghione y Alberto Pisano. Por entonces la Corte tenía 9 miembros.

Solá completó las cuatro vacantes en ese mismo año. Primero fue Francisco Roncoroni en abril, luego Daniel Soria en julio y por último Hilda Kogan y Luis Genoud en octubre. Kogan fue la primera mujer cortesana de la Provincia, y hasta ahora la única. El reclamo por mayor participación femenina en el Tribunal es cada vez mayor. De hecho, la semana pasada el Colegio de Magistrados del Poder Judicial y el gremio Asociación Judicial Bonaerense plantearon públicamente que se incremente la presencia de ministras en el cuerpo.

Solá también impulsó la reducción de 9 a 7 ministros, cantidad que tiene desde el 1° de octubre de 2007, cuando se hizo efectiva la renuncia de Roncoroni. Desde entonces y hasta la dimisión de Hitters, la Corte tuvo uno de sus períodos más largos con la misma composición, siendo considerada una de las mejores integraciones. “Allí no había bloques que votaran siempre unidos, las disidencias y coincidencias eran cambiantes de acuerdo con los criterios de cada uno”, resaltó un nostálgico funcionario, aunque tampoco esa época estuvo exenta de internas.

Durante el gobierno de Axel Kicillof se produjeron cuatro vacantes, por el fallecimiento de Héctor Negri (enero de 2020) y las renuncias de Eduardo de Lazzari (marzo de 2021), Eduardo Pettigiani (agosto de 2021) y Luis Genoud (junio de 2024).

El jury que desató una tormenta y posó las miradas sobre un cortesano

El jury que derivó en la destitución de la jueza Julieta Makintach tras haber pretendido filmar un documental (presuntamente llamado Justicia Divina) durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona dejó algunos interrogantes. ¿Serán revelados en el proceso penal que ahora se le sigue a la exmagistrada y que involucra a los otros dos miembros del tribunal del malogrado proceso (que se realizará de nuevo) por el que se buscaba justicia por la muerte del Diez? Probablemente no. Dependerá de hasta dónde Makintach presione con sus supuestas relaciones políticas y judiciales, y de si efectivamente cuenta con las pruebas que dice tener pero hasta ahora no ha mostrado.

Durante el jury, la acusada sostuvo que tenía vínculos con la Corte, pero nunca dijo con quién o quiénes. Un poco más allá en cuanto a las supuestas relaciones fue su colega Maximiliano Savarino, pero tampoco nombró a ninguno de los cortesanos. Pese a ello, las miradas se posaron sobre Sergio Torres.

Makintach, Savarino y Verónica Di Tommaso fueron los integrantes del Tribunal que buscaba la verdad sobre la muerte de Maradona. Los dos últimos vicepresidente y presidenta, respectivamente, del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de San Isidro, a cargo de la causa. Por eso nadie comprende cómo Makintach terminó al frente del juicio, cuando llegaba como subrogante del juzgado Criminal 2 del mismo departamento judicial. Y menos justificaciones tiene por qué cambió la presidencia en medio del proceso, cuando Savarino era quien arrancó como presidente, y no hubo motivo aparente para el cambio.

Según el propio juez, cedió su lugar por las presiones de Makintach, quien permanentemente le recordaba sus vínculos con la Corte. Además, Savarino contó que en el inicio del proceso había un problema con la sala donde se realizarían las audiencias, que iba a ser compartida, pero quedó como exclusiva cuando supuestamente Makintach habló con su contacto en la Corte. Un logro que le sirvió para seguir presionando por la presidencia.

El cambio en la titularidad del juicio encendió las alarmas, las denuncias de demandantes y demandados coincidieron en apuntar a la jueza y saltó el tema de la cámara para el documental que derivó en el jury. El juicio político puso después la lupa sobre la Corte. Hilda Kogan, presidenta del jury no permitió incorporar como prueba el teléfono de Makintach, por extemporaneidad del pedido (las pruebas ya estaban todas presentadas). De inmediato, el ámbito judicial y político se hizo vox pópuli que la relación de la jueza destituida sería con el vicepresidente del Supremo.

También se posaron las miradas sobre Sergio Massa. Hay quienes aseguran que el titular del Frente Renovador y Torres sugirieron que se le aceptara la renuncia a Makintach para evitar el juicio político. No habrían cedido ni Kicillof ni Kogan. Nadie que frecuente los pasillos de la Legislatura o los tribunales desconoce que la magistrada expulsada del cargo era una de las candidatas del Frente Renovador para ocupar una de las vacantes de la Corte. Sin embargo, y rápido de reflejos, Massa fue quien le pidió al diputado Rubén Eslaiman, en un asado, que impulsara el juicio político, y de esa manera despegarse de la jueza que había concentrado la atención mediática. Gajes del oficio, desapegos propios de la política.

La rotación de la presidencia

El 19 de abril de 2026 Hilda Kogan traspasará la presidencia de la Suprema Corte a Sergio Torres. Un año después, le tocará a Daniel Soria. En el sistema de rotación anual de la presidencia, Kogan volvería a la titularidad entre abril de 2028 y abril de 2029, dependiendo de si se completan las vacantes y de cuándo se completan. Si Kicillof envía los pliegos después de la fecha de recambio, Kogan quedará tercera en la línea de sucesión. En cambio, si los manda y el Senado los vota antes de que Torres asuma como titular, la actual titular quedará última en la lista.

Se rumoró en los últimos días que Kogan estaría por renunciar para acogerse a los beneficios jubilatorios. Las fuentes consultadas aseguraron que por el momento ella no ha expresado esa voluntad y que, por el contrario, su deseo sería tener otra vez la posibilidad de presidir la Corte. Quizá el Gobernador tenga el gesto de esperar hasta después de abril para completar el Alto Tribunal, pese a que la propia jueza le ha pedido en alguna oportunidad que nombre a los ministros faltantes.

El eterno pedido de la autarquía y la demanda de más recursos

Todos los años el Poder Judicial manda al Ejecutivo su pretensión presupuestaria. Casi siempre lo destinado termina muy por debajo de lo solicitado. Del Presupuesto total de la Provincia solamente el 3,3% se destina a la Justicia.

Del total de recursos recibidos por el Poder Judicial, dos tercios van a la Administración de Justicia y un tercio al Ministerio Público. En ambos casos el 93% es inciso 1: salarios y retribuciones de las locaciones de servicios. El 7% es lo que queda para la gestión. En consecuencia, el Ministerio Público tiene asignado el 0.07 % del Presupuesto bonaerense.

Desde hace años, la Justicia pelea por la autarquía económica y por una recomposición de partidas presupuestarias, pero en los sucesivos gobiernos no ha podido lograrlo, profundizándose año tras año el deterioro de los instrumentos de gestión e infraestructura del Poder Judicial.

Sueldos bajos que complican la permanencia en la justicia provincial

La lucha de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) es que los salarios en la Provincia se equiparen, o al menos queden mucho más cercanos, a los de la Justicia Federal o de la Ciudad de Buenos Aires. Esa diferencia y los sueldos insuficientes hacen que muchos abogados que trabajan en el Poder Judicial decidan regresar a la actividad privada y que magistrados provinciales concursen para cargos federales. Por eso, pese a que se cubrieron muchas vacantes en el último tiempo por parte del ministerio de Justicia, también hubo renuncias que hacen más lenta la cobertura de todos los cargos.

Durante el gobierno de Axel Kicillof, las paritarias buscaron equiparar la inflación, pero hay quienes aseguran que no se ha recuperado lo perdido durante la gestión de María Eugenia Vidal y que por ello han perdido un poder adquisitivo que, en algunos casos, alcanzaría al 25%. La realidad es que los salarios judiciales de la provincia de Buenos Aires se ubican entre los últimos de las 24 jurisdicciones del país (se asegura que están en el escalón 18).
El sueldo inicial de bolsillo de un ingresante al Poder Judicial (auxiliar 3º – nivel 8) es de 690 mil pesos. Hay otros ítems, como el bloqueo de título de abogado, que es un 25% más. La antigüedad lo incrementa un 3%. Un juez de primera instancia (nivel 20) con 20 años de antigüedad en el Poder Judicial cobra alrededor de cuatro millones y medio de pesos.

Desde la AJB alertaron: “Nosotros estamos pidiendo una recomposición salarial, como están pidiendo todos los gremios, y después estamos pidiendo la incorporación de subcategorías para las categorías iniciales del escalafón, las de menor antigüedad, de menos de diez años, porque están muy retrasadas. También pedimos eso para los jubilados y pensionados. El de las subcategorías es un ítem que tenemos en la carrera que les va mejorando a los que tienen más de diez años de antigüedad”. El gremio no representa a los jueces (aunque muchos son afiliados), pero de todos modos destaca que también son bajos los sueldos de los magistrados en comparación con otras jurisdicciones.

El universo aproximado de trabajadores del Poder Judicial de la Provincia es de alrededor de 27.000 personas, de las cuales unos 3.000 son jueces.

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