La medida anunciada por Manuel Adorni generó un amplio rechazo de la comunidad sanitaria en la provincia de Buenos Aires, a pesar de la crítica situación que atraviesa el sector
Compartir
Una nueva medida desregulatoria del gobierno nacional encendió las alarmas en el sistema de salud público tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. El pasado 2 de febrero, el Jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, realizó un posteo anunciando que a partir de esa fecha, “las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado”.
El argumento que utilizó el funcionario nacional se relaciona con uno de los principales pilares discursivos del gobierno. Sostuvo que con esta medida de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) hay “menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos”. Con este anuncio se consolida la flexibilización de la norma que habilita la importación de equipos médicos usados, con el argumento de bajar los costos para los usuarios.
La ANMAT está bajo la órbita del ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, quien todavía enfrenta las consecuencias de las más de cien muertes por fentanilo contaminado. Esta entidad ya redujo una importante cantidad de regulaciones, como la anunciada el cinco de mayo del año pasado relacionada a la no intervención en los trámites de importación de productos médicos cuya condición sea de uso sin prescripción.
La medida en cuestión se aplica siempre que sean adquiridos por personas físicas y destinados exclusivamente al uso personal y también la impulsaron bajo la excusa de promover la simplificación de procesos y la eficiencia en la gestión pública para beneficiar el acceso a productos médicos.
Sin embargo, la decisión del gobierno nacional puso en alerta a diversos sectores de la salud pública y despertó las quejas de la oposición, principalmente en la provincia de Buenos Aires que rápidamente salió a contestar, ante una nueva flexibilización que permite la importación de artefactos usados que podrían poner en jaque al sistema sanitario.
Como era de esperarse, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, fue tajante al cuestionar la medida impulsada por el gobierno nacional. A través de redes sociales, el funcionario bonaerense chicaneó y sentenció: “¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales? No, algo mucho mejor. Se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control”.
Pese a que finalizó su mandato en la Cámara de Diputados, Laura Cano Kelly es trabajadora de la salud en un hospital público y una férrea opositora al gobierno de Javier Milei. Cuando La Tecla le consultó sobre esta medida, la dirigente del Frente De Izquierda fue contundente: “La tomo como de quién viene. El mismo gobierno que ataca el Garrahan y a las niñeces, que deja sin medicación a los pacientes con cáncer, que ataca a la discapacidad, que vacía programas, ¿qué puede querer de bueno para nuestro sistema de salud ? Estoy en contra de esta medida”.
“Como trabajadora de la salud, considero que el acceso a tecnología segura y de calidad es parte del derecho a la salud, no un lujo ni una mercancía. Esta disposición no apunta a mejorar la atención de la población, sino a administrar la escasez generada por el propio ajuste”, cerró.
Mientras tanto, en la eterna disputa entre el gobierno nacional y el de Axel Kicillof surge un nuevo inconveniente. Además de esta problemática con los insumos médicos, apareció otra problemática que abrió un nuevo frente de batalla. Se trata de la posibilidad de la privatización de los cinco hospitales de gestión compartida con PBA. Se trata de los hospitales de Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) que funcionan en la Provincia y que asisten a cientos de miles de personas.
LA MIRADA DEL GOBIERNO Postura oficial: para Lugones, el esquema es “simple y transparente”
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, respaldó rápidamente la medida del que oficializó el gobierno y aseguró que se realizó “con el foco en la ampliación del acceso a equipos médicos para mejorar la atención de los pacientes”. Allí sostuvo que “la nueva norma de ANMAT ordena el régimen de importación y facilita el ingreso de equipamiento médico usado y reacondicionado, seguro y de calidad".
Por su parte, también explicó que muchos centros de salud a nivel nacional se veían obligados a realizar compras de equipamiento con muchos años de antigüedad debido a los altos costos y la complejidad de los trámites para obtenerlos.
Allí sostuvo que esta medida implementada por ANMAT es “simple y transparente" y que establece reglas claras para promover la libertad de mercado, una de las principales aristas discursivas del gobierno.
Finalmente, dijo que con esta medida habrá una “fuerte innovación” en el sistema de salud público a nivel nacional.
LAURA CANO “Consolida un modelo degradado para las mayorías”
La exdiputada del Frente de Izquierda Unidad y médica del hospital Cestino de Ensenada, Laura Cano, se refirió a esta iniciativa del gobierno nacional. Sostuvo que “lejos de fortalecer el sistema público de salud, habilitar la importación de insumos y equipos médicos usados, consolida un modelo de salud degradada para las mayorías, donde el Estado renuncia a garantizar equipamiento nuevo, seguro y de calidad”.
También argumentó que “naturaliza que hospitales y centros de salud trabajen con tecnología descartada por los países centrales y traslada a cada institución la responsabilidad de ‘arreglarse como pueda’, en un contexto de presupuestos congelados o recortados”. La exlegisladora recordó otros recortes por parte del gobierno nacional cuando sostuvo que Milei “vacía programas nacionales de HIV, tuberculosis y cardiopatías congénitas, amenaza con privatizar hospitales SAMIC y ataca presupuestariamente a instituciones emblemáticas como el Hospital Garrahan. Es decir: no hay una política integral de fortalecimiento de la salud pública, sino todo lo contrario”.
A su vez, sostuvo que esta medida genera “más problemas que beneficios”, y argumentó: “Mayor riesgo de fallas técnicas y menor vida útil de los equipos. Sin garantías y dificultad para conseguir repuestos, mantenimiento y soporte técnico. Posible aumento de eventos adversos vinculados al uso de aparatología envejecida. Desincentivo a la producción nacional y al desarrollo tecnológico propio. No se trata de una política de inversión, sino de una estrategia de abaratamiento basada en degradar estándares”.
“El problema no es si los equipos son nuevos o usados, sino que el Estado debería garantizar presupuesto suficiente para equipamiento nuevo”, cerró Cano.
DESREGULACIONES Qué dice la normativa que impulsó el ANMAT con los insumos
Según la disposición Nº 2857/2025 publicada en el Boletín Oficial, se estableció que el gobierno nacional “no intervendrá en los trámites de importación de productos médicos cuya condición sea de uso sin prescripción. La medida se aplicará siempre que sean adquiridos por personas físicas y destinados exclusivamente al uso personal”.
Aseguraron que el objetivo es la “simplificación de procesos y la eficiencia en la gestión pública para beneficiar el acceso a productos médicos”. También aseguraron que estos productos deben ser de “uso directo por parte del paciente o usuario, sin necesidad de indicación médica ni intervención profesional”, pero prohíbe también la comercialización o distribución gratuita de dichos insumos.
El Instituto Nacional de Productos Médicos elaboró un listado de los productos que están comprendidos bajo esta condición. Estos son: adhesivo para dentadura, aerocámara, almohadillas eléctricas, andadores, apósitos protector adhesivo, baja lengua, barbijos, bastones, bolsa colectora de orina, bolsa colectora de ostomía, botas ortopédicas, cámara espaciadora, camas médicas manuales y eléctricas.
También la medida rige para la cera para ortodoncia, cinta/venda kinesiológica, cintas médicas adhesiva, coche postural, colchón antiescara, colectores de drenaje, dilatadores nasales / Tiras nasales, disco de ostomía, ejercitador para rehabilitación, esfigmomanómetro, estetoscopio, gasas, gel de silicona para cicatrices, guantes de examinación, inmovilizadores, muletas, nebulizador, oxímetro de pulso, silla de rueda, sistemas motorizados para movilidad reducida, soluciones para lentes de contacto, tensiómetro, termómetro y vendas (todos los tipos).
Desde la ANMAT destacaron que con esta medida “reafirma su compromiso con una regulación sanitaria centrada en la autonomía del paciente y el acceso equitativo a tecnologías médicas”.
ALEJANDRA LORDEN “Con mucho control, puede ser una medida beneficiosa”
En la política bonaerense hay muchos dirigentes que son médicos de profesión, que pueden brindar una mirada amplia respecto con esta iniciativa que generó controversias en el mundo sanitario.
La Tecla dialogó con la diputada de la Unión Cívica Radical por la Séptima sección, Alejandra Lorden, quien se refirió sobre la posibilidad de importar insumos médicos usados con menos trabas por parte del estado y dejó una postura ambigua respecto al tema.
La dirigente del radicalismo sostuvo que “si lo miro como médica, sin politizarlo, te digo que muchas clínicas a veces compran equipos usados”, dando así un baño de realidad sobre el sistema sanitario debido a la problemática para conseguir insumos.
Allí planteó una mirada desde el punto de vista de su profesión, destacando la necesidad de realizar controles a la hora de adquirir equipamiento con un uso previo, siempre y cuando el mismo esté en condiciones de seguir usándose: “Si un equipo usado está bueno, puede ser de utilidad. Por ejemplo, una ciudad que no tiene mamógrafo, consigue uno usado, pero de buena calidad, está bien. Es eso, o no detectar cáncer de mama”, añadió la presidenta del bloque.
“Pueden servir equipamientos mientras no compremos ‘chatarra’ como se dijo por ahí”, parafraseando lo que dijo el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak para cuestionar la iniciativa.
También sentenció que “pueden servir equipos que estén certificados, que estén funcionando bien. Que sean usados pero no obsoletos. La medida puede servir, como también han servido otras”.
Por otra parte, la legisladora de la Unión Cívica Radical reiteró la necesidad de reforzar la supervisión a los insumos que se compran usados: “Con mucho control y con mucha selección, es una medida que podría no afectar y que podría ser beneficiosa”.
“Ahora, si esto es para traer cualquier cosa, puede traer una serie de problemas”, cerró la legisladora de Saladillo.
