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La Tecla
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La resolución del máximo órgano de justicia provincial, a la que accedió Séptima Sección, consideró que el caso es de su competencia y otorgó un plazo de cinco días al presidente del Concejo Deliberante para responder la demanda, aunque este aún no fue notificado. Además, ordenó la suspensión de las ordenanzas 2.685/26 y 2.687/26 hasta que exista una sentencia definitiva.