El arancelamiento del sistema educativo y sanitario se instaló con fuerza en tierras bonaerenses. La propuesta, los posicionamientos y las cifras que marcan el presente de una problemática de larga data.
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Con el telón de fondo de las recientes acusaciones de xenofobia y racismo contra Argentina, intensificadas tras la final del Mundial 2026, el debate también llegó a la provincia de Buenos Aires donde comenzó a tomar fuerza una discusión que apunta a poner límites a la gratuidad de la salud pública y la educación universitaria para extranjeros no residentes.
La propuesta, respaldada por sectores de La Libertad Avanza y el PRO, plantea que quienes ingresen al país sin residencia permanente deban pagar por determinadas prestaciones, bajo el argumento de que el Estado argentino no debe asumir automáticamente el costo de servicios destinados a quienes no cuentan con esa condición migratoria.
En la Provincia, el debate ya tomó forma. En la Legislatura se analiza un proyecto de La Libertad Avanza y el PRO que propone habilitar el cobro de la atención sanitaria y de los estudios universitarios de grado para inmigrantes que no acrediten residencia permanente. La iniciativa establece que los fondos obtenidos por el eventual arancelamiento de la atención médica sean destinados al Fondo Provincial de Salud y mantiene la atención gratuita para casos de urgencia y emergencia.
El proyecto bonaerense se inscribe en una discusión más amplia sobre el alcance de las políticas públicas y los criterios para acceder a servicios financiados por el Estado. Mientras sus impulsores plantean diferenciar entre residentes permanentes y quienes llegan al país sin esa condición, el debate también pone en tensión el principio de acceso universal que históricamente caracterizó a los sistemas públicos.
En el PRO existen otros posicionamientos que plantean revisar el esquema universitario y garantizar una carrera gratuita para cada persona, mientras que una segunda formación podría ser arancelada. A la vez, se sostiene que los extranjeros deberían mantener el acceso gratuito a la universidad pública y se cuestiona que su presencia sea abordada únicamente desde el costo para el Estado, al señalar que también genera actividad económica en las ciudades universitarias.
Según datos oficiales, el 95,9% de los estudiantes de otros países que cursan en Argentina proviene de naciones de América, mientras que el 2,9% llega desde Europa y el 1,2% restante son de Asia,
África y Oceanía. Entre los principales países de origen en las carreras de pregrado y grado aparecen Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela y Chile. En los posgrados, los quue tienen mayor presencia son Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Perú.
En el plano nacional, el Gobierno sostiene que las universidades públicas ya tienen habilitación legal para cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente. La decisión de aplicar o no un esquema de cobro queda en manos de cada universidad, en función de su autonomía.
La discusión se da en paralelo al conflicto por el financiamiento de las universidades y a los reclamos por el deterioro en la salud, con posiciones enfrentadas sobre si el arancelamiento constituye una herramienta o una medida de impacto económico limitado. La Legislatura será el centro de un debate que divide las opiniones sobre la creciente presencia de extranjeros en el sistema sanitario y educativo.
Las exigencias actuales
El Gobierno nacional reformó el régimen migratorio mediante el DNU 366/2025, con nuevas exigencias para el ingreso al país y mayores controles sobre la permanencia de extranjeros. La norma establece la presentación de una declaración jurada, prevé rechazos en la frontera y sanciones para ingresos irregulares. El decreto también modifica el acceso a servicios públicos. La atención sanitaria será gratuita en casos de emergencia, mientras que para otras prestaciones se requerirá seguro médico o pago previo, salvo para residentes permanentes. La educación inicial, primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos, mientras que las universidades públicas podrán cobrar a extranjeros sin residencia permanente.
Además, se prohíbe trabajar a quienes estén en situación migratoria irregular y se endurecen los requisitos para obtener la ciudadanía por naturalización, que requerirá dos años de residencia legal y continua. A la vez, se habilita la ciudadanía por inversión para quienes destinen más de US$500.000 a proyectos en el país.
Provincia al hueso con su posicionamiento en áreas clave
Los posicionamientos más duros a favor del arancelamiento de la educación universitaria pública a extranjeros (especialmente sin residencia permanente) provienen principalmente del espacio libertario (La Libertad Avanza), sectores del PRO y del Gobierno de Javier Milei.
Con el marco normativo actual, las universidades nacionales pueden (no están obligadas) establecer aranceles/retribuciones para los estudiantes extranjeros. Cada rectorado decide si cobra, cuánto y con qué excepciones o becas. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ha reiterado públicamente que los rectores están habilitados desde el 28 de mayo de 2025 y ha cuestionado que muchas universidades no lo apliquen mientras reclaman más presupuesto.
Respecto al sistema sanitario, varias jurisdicciones limitaron la atención a residentes argentinos con domicilio en ese distrito o provincia.
Desde la gestión bonaerense, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se hizo eco de un informe realizado por Soberanía Sanitaria donde demuestra claramente que “el verdadero debate que se esconde detrás de las propuestas de cobro por prestaciones a extranjeros tiene más que ver con distintas concepciones respecto a la salud y al rol del Estado en garantía del acceso universal que con el impacto sanitario que la atención de no residentes podría tener sobre los sistemas de Salud provinciales”.
“Los datos sanitarios dan cuenta del mínimo impacto que tiene la atención de los grupos migratorios sobre el sistema de salud y por lo tanto sobre la posibilidad de financiamiento del mismo”, asegura. En esta línea, el titular de la cartera sanitaria añadió: “Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a ‘extranjeros’. Una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto. No existen extranjeros no residentes que utilicen nuestro sistema de salud por cosas no urgentes”.
Silvana Scali "Parece una paparruchada este tipo de iniciativas"
La secretaria general adjunta de CICOP, Silvana Scali, cuestionó el proyecto que propone cobrar la atención sanitaria a extranjeros no residentes y sostuvo que la medida no tendría un impacto significativo en las cuentas públicas. La dirigente sindical afirmó que la propuesta responde más a una discusión política que a una necesidad concreta del sistema de salud bonaerense.
“Nos parece una paparruchada este tipo de iniciativa”, sostuvo Scali, y señaló que, según datos del propio ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, “el 0,2% de las consultas pertenecen a extranjeros y un 0,8% de las internaciones”. En ese sentido, consideró que se trata de “números bajísimos de extranjeros no residentes” y cuestionó el argumento de que el cobro pueda funcionar como una herramienta de recaudación.
“¿Cuánto se puede recaudar con estos números que te doy?”, planteó la secretaria general adjunta de CICOP. Para la dirigente, la propuesta responde más a la intención de instalar una determinada discusión política que a resolver los problemas de financiamiento del sistema sanitario. “Parece más una cuestión de alimentar cierta xenofobia, ciertas ideas que a veces se tienen desde ciertos partidos políticos de derecha”, afirmó.
Silvana Scali también marcó una diferencia entre los extranjeros no residentes y quienes viven de manera permanente en el país. “No están hablando de residentes, que además los protege la propia Constitución”, sostuvo, y recordó que la Carta Magna contempla a quienes “quieran habitar nuestro territorio”. En ese marco, advirtió sobre el riesgo de que iniciativas de este tipo terminen ampliando el universo de personas alcanzadas por eventuales cobros. “Estas intentonas de cobrar, de mercantilizar derechos, no tienen más que esto. Incluso son puertas de entrada hacia el cobro a otras poblaciones”, afirmó. Por último, la dirigente sindical vinculó la discusión con la situación general del sistema sanitario y cuestionó las políticas implementadas por Javier Milei. “Seguimos teniendo un ataque feroz por parte del Gobierno nacional en todo lo que tiene que ver con políticas de salud, políticas educativas”, sostuvo.
