Nicolás Rappazzo había acusado a Javier Tarragona a partir del relato de un vecino que pidió mantener su identidad en reserva. El fiscal cerró el expediente, pero el exfuncionario prepara una contraofensiva junto a una diputada nacional.

El funcionario que denunció a un edil por narco renunció, pero dará lucha en la Justicia

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El escándalo político y judicial que sacudió a General Rodríguez sumó un nuevo capítulo. Nicolás Rappazzo, quien hasta este viernes se desempeñaba como secretario de Seguridad del municipio, presentó su renuncia luego de que la Justicia archivara la investigación que se había iniciado a partir de una denuncia suya contra el concejal peronista Javier Tarragona, a quien vinculó con una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Sin embargo, el ahora exfuncionario dijo a La Tecla que no se quedará quieto, sino que irá por la contrafensiva.

“Estamos trabajando con una diputada nacional y su equipo en una presentación que vamos a realizar en 10 a 15 días ante la Procuración bonaerense para que intervenga en este caso”, reveló Rappazzo. “Este es un tema complejo y queremos que se investigue a fondo”.

El procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es Julio Conte Grand. Será él, entonces, quien tome cartas en el asunto cuando se efectivice esta presentación.

Los hechos ocurrieron en General Rodríguez

La presentación había sido realizada el 11 de agosto ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de Moreno–General Rodríguez, a cargo del fiscal Ezequiel Freider. Rappazzo llegó a la Justicia después de mantener una conversación con un vecino que, según relató, decidió no brindar sus datos personales por temor a eventuales represalias.

De acuerdo con la denuncia, esa persona le habría aportado información sobre una supuesta estructura dedicada al narcotráfico en General Rodríguez y habría señalado a Tarragona como uno de sus integrantes. El entonces secretario de Seguridad sostuvo además que la organización tendría actividad en distintos barrios del distrito.

La denuncia incluía referencias a vehículos y números telefónicos que, según Rappazzo, estarían relacionados con el concejal y con otras personas presuntamente involucradas. El funcionario aseguró que había incorporado esos datos en un sobre cerrado y pidió que se realizaran distintas medidas de investigación, entre ellas el relevamiento de ingresos y egresos al country durante los últimos seis años, el análisis de comunicaciones de determinados abonados y la información patrimonial de Tarragona.

La acusación generó un fuerte impacto político debido a que el denunciado integra el mismo espacio político que gobierna el distrito. Tarragona, además, había sido secretario privado del intendente Mauro García antes de llegar al Concejo Deliberante, donde fue elegido en 2023.

Luego de que la denuncia tomara estado público, Tarragona solicitó licencia en el Concejo Deliberante y se presentó ante la Justicia para ponerse a disposición de la investigación. En ese marco, entregó la tarjeta SIM de su teléfono celular y facilitó el código de acceso al dispositivo.

Sin embargo, el proceso tuvo una resolución rápida. Freider citó a Rappazzo para que ratificara el contenido de la denuncia y, 17 días después de la presentación inicial, resolvió archivar las actuaciones. El fiscal consideró que la exposición no había incorporado elementos nuevos que permitieran sostener las acusaciones. Según la resolución, el entonces funcionario se limitó a confirmar el relato que había recibido de un tercero y no sumó información adicional que permitiera orientar una investigación concreta.

Rappazzo objeta que la causa se haya archivado tan velozmente sin dar lugar a las medidas de prueba solicitadas, por lo que decidió recurrir a la Procuración provincial.

El hecho también tuvo derivaciones siniestras: Rappazzo fue víctima de dos intimidaciones. Unos desconocidos que se movilizaban en moto balearon su casa y además, alguien le dejó un sobre en el que advertía: “Cuidá a tus hijos”. Estas amenazas también fueron denunciadas ante la Justicia.

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