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La Justicia ordenó una pericia psiquiátrica de urgencia a la denunciante de Joaquín Levinton
La jueza Alejandra Provitola dispuso un examen psicológico y psiquiátrico al Cuerpo Médico Forense luego de que la mujer no se presentara a declarar. Se busca determinar si está en condiciones de prestar testimonio y evaluar posibles indicadores de violencia o riesgo
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La causa que involucra a Joaquín Levinton sumó un giro importante. A casi un mes de la denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal, la jueza Alejandra Provitola ordenó una evaluación psicológica y psiquiátrica de urgencia para la denunciante, identificada como Paula.
La medida se resolvió después de que la mujer no asistiera a la citación prevista para los primeros días de octubre. Ante esa ausencia, la magistrada reprogramó la audiencia e intimó el estudio técnico a cargo del Cuerpo Médico Forense.
Según fuentes judiciales, Provitola requirió determinar el estado psicofísico actual de la denunciante, incluyendo los rasgos fundamentales de su personalidad y su estado de consciencia. También solicitó que se evalúe si se encuentra en condiciones psicofísicas de prestar declaración testimonial o de estar en juicio.
Entre los puntos de pericia se incluye esclarecer si existen indicadores de comportamiento compatibles con haber sido víctima de actos de violencia física, psicológica y/o sexual. Además, se buscará detectar signos compatibles con estrés postraumático, fobias, depresión u otras consecuencias derivadas de eventos violentos o abusivos. El Cuerpo Médico Forense deberá precisar si Paula requiere tratamiento médico de forma inmediata o si presenta un riesgo cierto e inminente para sí misma o para terceros.
Cabe recordar que en 2023 la misma jueza había archivado un expediente impulsado por la misma persona por el mismo delito, tras constatar irregularidades en sus dichos. En aquella oportunidad, la denunciante refirió que no había realizado ninguna denuncia y que ni siquiera conocía a Levinton. La decisión actual no implica un sobreseimiento, pero establece un paso previo para definir la aptitud de la denunciante para continuar el proceso.