Finalmente quedó fijado el cronograma electoral, pero estalló la polémica por los plazos para la presentación de listas y boletas. El Gobierno y la Justicia advierten que habrá muy poco tiempo
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Finalmente, y después de varios meses de incertidumbre, los bonaerenses ya sabemos cuándo y cómo vamos a votar. Por decisión del gobernador Axel Kicillof, los comicios provinciales se harán un mes antes de la elección nacional, con la tradicional boleta sábana que lleva la lista de los candidatos de cada partido, y sin una instancia previa de primarias abiertas. De modo que habrá que votar dos veces, y no tres.
De esta manera, los partidos deberán definir y presentar sus alianzas hasta el 9 de julio inclusive, y la fecha límite para el cierre de listas es el 8 de agosto. Treinta días después, los bonaerenses concurriremos a las urnas.
Pero los consensos políticos llegaron tarde, por la disputa interna del peronismo, que enfrentó al kicillofismo y al cristinismo. Y ahora, tanto en el Gobierno como en la Junta Electoral temen que concretar la elección y el escrutinio se convierta en una pesadilla.
El problema: que aunque se arribó al consenso para el desdoblamiento y la suspensión de las Elecciones Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (EPAOS), la Legislatura rechazó la propuesta de Kicillof para ampliar el plazo entre el cierre de las listas de candidatos y el día de la elección. Esto, pese a las advertencias desde la Justicia y desde la propia Junta Electoral de que los plazos actualmente vigentes son demasiado cortos.
“Hay un montón de tareas que estamos trabajando desde el año pasado y las venimos acelerando. Nos hubiese gustado tener un poco más de tiempo. Por eso el gobernador Kicillof le pidió celeridad a la Legislatura el 5 de marzo”, dijo a La Tecla el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
La responsabilidad primaria sobre el proceso recae en la Junta, pero el ministerio de Gobierno colabora en virtud de convenios firmados con ese organismo, cuya estructura es pequeña. También se firmará un convenio con el Juzgado Federal que aportará expertise y personal para el recuento.
Entre las tareas que ya se están realizando figura la coordinación con el Correo Argentino de la logística de la elección, como el traslado, despliegue y recogida de urnas. El contrato con el Correo es el que más recursos le demandará a la Provincia, e incluye la contratación, por parte de la empresa postal, de la compañía encargada de realizar la transmisión de datos y el escrutinio provisorio. Ese escrutinio podría hacerse, por primera vez, en La Plata en vez de la sede del Correo en la Ciudad de Buenos Aires.
La Provincia ya dispuso la compra de los elementos necesarios (urnas, sobres, lapiceras y demás) por un monto cercano a los 4.000 millones de pesos. En el Gobierno calculan que toda la elección costará entre 70.000 y 80.000 millones. Incluye impresión de boletas para los cuartos oscuros y el aporte que el Gobierno hace a los partidos, equivalente “hasta dos padrones de boletas”, que utizan en la campaña.
En cuanto a la seguridad de los comicios, en las elecciones desdobladas quedará a cargo de la Provincia, a diferencia de otras ocasiones en que, por haber comicios simultáneos, se hacen cargo las fuerzas federales y la Policía bonaerense aporta efectivos. Ahora es al revés: la Provincia se hará cargo del operativo, y la Nación contribuirá con efectivos y asistencia técnica.
El problema de la campaña corta
Además de generar complicaciones por la superposición de calendarios electorales, la no modificación de los plazos para presentación de alianzas y cierre de listas en la Provincia tiene una consecuencia práctica y política: la campaña durará un solo mes, en lugar de los 70 días que habría significado el esquema propuesto por el gobernador Kicillof.
En rigor, los plazos quedan igual que en otras elecciones, pero esta vez con la diferencia de que el desdoblamiento elimina el arrastre de los candidatos nacionales y por lo tanto, se requiere más trabajo para instalar a los postulantes de cada sección y municipio; sin contar, además, con los fondos que la Nación enviaba automáticamente a los partidos.
“Para la gente, 30 días de campaña es bárbaro: cuanto más corta, mejor. Pero para los políticos es un poco corto. La instalación de candidatos es bastante compleja”, le dijo a La Tecla Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP).
Para el consultor, “la Argentina necesita una reforma electoral importante para que no pasen estas cosas, o lo de 2023, que fue un festival de elecciones en todo el país”. Para eso, advirtió, “se necesita una reforma constitucional”.
Un intendente kicillofista consultado por La Tecla, y habituado a lides electorales, dijo que la campaña corta no será un problema para él ni para sus colegas de otros distritos. “Todos tenemos en la cabeza lo que tenemos que hacer”, señaló. “De todas maneras, el Gobernador quería trabajarlo con más tranquilidad, y si lo está pidiendo quien conduce la Provincia, creo que los legisladores tendrían que haber sido consecuentes con eso”, puntualizó.
El día que el juez apuró al Gobernador e hizo una sugerencia
En diciembre, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, preocupado por la indefinición del panorama de cara a los comicios de 2025, envió a las autoridades bonaerenses y de la Nación una resolución en la que advertía sobre las complejidades que se abrirían en los distintos escenarios posibles (primarias abiertas, concurrencia, desdoblamiento, boleta única) y exhortaba al Gobernador a definir la cuestión. “Es urgente que las autoridades políticas brinden, cuanto antes, las certezas que permitan avanzar con la organización de los comicios para no ponerlos en riesgo”, enfatizó Ramos Padilla.
“El desdoblamiento de las elecciones nacionales y provinciales podría representar el escenario más complejo y costoso desde la perspectiva de la gestión electoral en la Provincia de Buenos Aires”, advirtió. Esta es la opción que finalmente terminó imponiéndose casi cuatro meses después.
El compromiso de la Nación para el envío de efectivos
El Ejecutivo bonaerense ha avanzado en las conversaciones con las autoridades nacionales para coordinar el comando electoral en la Provincia. En ese sentido, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que unos 6.000 efectivos federales prestarán colaboración en los comicios del 7 de septiembre.
“Pondremos un equipo a trabajar en la tarea”, anunció Bullrich, y dijo que “en principio se habló de unos 6.000 efectivos”, aunque no determinó cuántos serán de la Policía Federal y cuántos de la Gendarmería.
También la funcionaria dejó en claro que el costo corre por cuenta de la Provincia. “La tienen que pagar ellos, como también les paga a los agentes de la Policía Bonaerense que van a trabajar ese día, porque es como un operativo especial. Tiene que estar en el presupuesto de la Provincia, pero ya Interior nos derivó el tema a nosotros”, sentenció Bullrich.
