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La Tecla
Redacción
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Entre extorsiones y despidos, el Ministerio de Justicia avanza sobre sus trabajadores
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, abrió el retiro voluntario para casi 3 mil empleados que cobran el sueldo a través de ACARA. Una caja millonaria en disputa y su impacto en la Provincia.
Fiel a su promesa de campaña de eliminar los Registros del Automotor, el Gobierno avanza sobre una millonaria caja que maneja la Asociación de Concesionarios de la Argentina (ACARA) mediante un acuerdo con el Ministerio de Justicia de la Nación. En la misma línea, la gestión libertaria busca eliminar esta “caja paralela” a través de la cual se vienen pagando los sueldos de 2.800 empleados de esa cartera, desde hace cuatro décadas.
Dicha asociación tiene el monopolio de la venta de documentos, formularios y patentes a esas dependencias. Según datos oficiales, este servicio le asegura una recaudación millonaria que, en 2023, ascendió a $29.000 millones.
En un nuevo paso de la motosierra, el gobierno de Javier Milei anunció el despido de 2.400 empleados dependientes del Ministerio de Justicia y eliminó un incentivo que apuntaba a capacitaciones, con el argumento de que en la práctica no se concretaban.
Así lo contó el vocero presidencial Manuel Adorni, en una conferencia de prensa realizada este martes en la Casa Rosada, donde explicó que estos empleados cesanteados habían sido contratados de manera espuria.
“Se eliminaron dos nuevos curros de la política relacionados al rubro automotor. El Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares a través de ACARA. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público”, dijo Adorni.
Además, informó que “se suprimió el pago de incentivos al personal del Ministerio que representaban un gasto anual de 15.600 millones de pesos“.
La pelea por una caja millonaria
Por esa tarea de intermediación se queda con una comisión, que hoy es del 3% del total de lo recaudado luego de que esta gestión la redujera al 5% que venía cobrando hasta ahora. El resto de los fondos se los gira al Ministerio de Justicia para el pago de los sueldos de más del 50% de la plantilla de personal que cumple funciones en esa cartera u otras dependencias bajo su órbita. Según los datos del INDEC de octubre pasado, los empleados de planta del Ministerio de Justicia, dentro y fuera de convenio, suman 2.023.
Los contratados por ACARA se llevan alrededor de un 40% de los fondos recaudados por ACARA. Con esa “caja” del Ente Cooperador se pagan, también, otros gastos de funcionamiento que no tienen los mismos controles que el resto de los fondos del Presupuesto asignados al Ministerio. Quien decide cómo se usan y adónde se destinan esos recursos, tercerizados a través de ACARA, no es esta entidad sino la cartera de Justicia.
En provincia de Buenos Aires, los acuerdos celebrados entre ACARA y los municipios se rigen a través del convenio marco 1797/12.
En el documento se aclara que, las sumas que obtenga el ente cooperador de “la venta de formularios, solicitudes tipo y demás elementos y servicios registrales y las que sean donadas y legadas, más sus intereses, se integrará un Fondo de Cooperación Técnica y Financiera denominado Ente Cooperador MJyDH- Automotor Ley N° 23.283 y N° 23.412”.
Con las sumas del Fondo de Cooperación Técnica y Financiera se cubrirán los “costos directos producidos por el suministro de elementos y servicios”; los “gastos e inversiones que demanden las prestaciones que constituyen el objeto de la cooperación técnica y financiera, tanto en forma directa como indirecta”; y los “honorarios al “Ente cooperador” por administrar esos montos”
Esos honorarios que percibirá ACARA representan un “3, 5 por ciento de los ingresos anuales obtenidos, una vez deducidas las sumas insumidas por la cobertura de los costos directos producidos por el suministro de los elementos y servicios registrales requeridos por el Ministerio”. Esto está señalado en la cláusula 12da.
Finalmente, en la cláusula 15ta, las partes acuerdan la “conformación de un Consejo de Administración del Fondo de Cooperación Técnica y Financiera”, integrado por tres personas designadas por el Ente Cooperador, con la conformidad del Ministerio.
Este “servicio” le asegura una recaudación millonaria que, en 2023, ascendió a $29.000 millones, y en abril de este año fue de $8.200 millones.
Patricia Vásquez, la diputada por la Provincia de Buenos Aires que presentó un proyecto en el Congreso de la Nación para eliminar los registros automotores, señaló a La Tecla que "el convenio se puede rescindir en cualquier momento y no tiene ningún efecto o consecuencia para el Estado".
Sobre las contrataciones, la legisladora dijo que "las mismas las hace ACARA que es un ente de cooperación y lamentablemente se convirtió en un ente de recaudación, son ellos quienes tienen la manija en los contratos en el Ministerio de Justicia y otros lugares".
Más allá de la órbita, la desarticulación de este complejo sistema de recaudación pegaría de lleno a fuente de recursos y contrataciones con las que cuenta el Estado y generaría una suma de despidos si las administraciones que cuentan con estos servicios no absorben los contratos finalizados.
Desde Gobierno provincial no dieron respuesta frente a la situación de disputa entre Nación y ACARA, como tampoco de los contratos que penden de un hilo en caso de darse por finalizado el convenio.
Municipios
Cabe recordar que, como se señaló en los convenios firmados por los municipios, de la venta de las “solicitudes tipo” para la cancelación de infracciones de tránsito, el 70 por ciento restante va a la DNRPA, de los cuales un 40 está destinado al “cumplimiento y operatividad” del convenio, previo acuerdo con la Municipalidad.
Por otra parte, surge un Fondo Especial Integrado administrado también por la entidad de las concesionarias y que incluye un aporte de la Municipalidad por el “15 por ciento” de las “multas por infracciones de tránsito perciban los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor”. ACARA está autorizada a “retener” esta suma.
A la entidad se le retribuye “con una suma equivalente al 30 por ciento de los ingresos del Fondo Especial Complementario”, mientras que el 70 restante va para la Dirección, de los cuales también destina un cuarenta a la marcha del convenio.
En el caso de las tasas de radicación, las sumas del Fondo de Cooperación Técnica “serán depositadas en una cuenta especial”. De ahí se deducen los” costos de suministro y honorarios” por la administración realizada de este dinero por parte de ACARA, estipulados en el convenio marco 1797/12. El resto va a la DNRPA, que debe destinar un 50 por ciento a la “operatividad” del convenio.
Finalmente, ACARA administrará un “Fondo especial” destinado a la DNRPA, integrado por un “aporte que la Municipalidad realizará mensualmente” de un “uno por ciento de la recaudación bruta -monto de los impuestos efectivamente cobrados- que se perciba a través de los Encargados de los Registros Seccionales”.
La Cámara de concesionarios tiene a su cargo la administración de la base de datos de las multas municipales y la conexión on line de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor.
Las municipalidades ponen recursos humanos y una “base de datos de multas por infracciones” de tránsito que registre, que podrá ser consultada on line por los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor.
Ratificación y puestos de trabajo
Por otra parte, el convenio marco 1797/2012 debe ser ratificado cada 24 meses por el Ministerio, a su vez que se tienen que actualizar los valores de los costos de los formularios.
Los contratos financiados por ACARA en el Ministerio están regidos bajo las leyes nacionales 23.283 y 23.412 de 1985 y 1986, respectivamente. La primera establece que el ministerio de Justicia “podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas que tengan por objeto la cooperación técnica y financiera de éstas con la DNRPA, previa autorización del Poder Ejecutivo”.
Que pasará en la Provincia
Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires este tema también trae cola, principalmente para los trabajadores del Centro de Acceso a la Justici, del Registro del Automotor, de ARBA, entre otros.
En ese sentido, el coordinador general de ATE migraciones, Hugo Bellon sostuvo que esta decisión del gobierno nacional tiene que ver con la política de achicar el Estado, “son despidos encubiertos” y además agregó que desde el Ejecutivo buscan retiros voluntarios sin indemnizaciones lo que generará miles de juicios, “ya que hay trabajadores que están desde hace más de 30 años con este convenio de ACARA”.