10 de febrero de 2026
PREOCUPACIÓN
Deudas impagas y números en rojo: la crisis acorrala a la gestión de Axel Kicillof
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires mantiene compromisos sin cancelar y complican al sector privado. Las dificultades también impactan en áreas sensibles del gabinete.
La situación económica y financiera de la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la asunción de Axel Kicillof. El problema de la deuda dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en un obstáculo concreto para el funcionamiento del Estado, con proveedores impagos, ministerios asfixiados y un rojo fiscal persistente que compromete el futuro inmediato de la gestión.
En lo más urgente, el Poder Ejecutivo bonaerense mantiene obligaciones sin saldar con proveedores del Estado, una situación que se arrastra desde un 2025 completamente asfixiado en términos financieros. Durante ese año, la Provincia no logró cumplir con sus compromisos y el Gobernador presionó con fuerza por la aprobación de un nuevo endeudamiento.
Finalmente, a fines de 2025, Kicillof obtuvo la Ley de Financiamiento por un monto superior a 3.600 millones de dólares. Sin embargo, con la herramienta que tanto reclamó, todavía no aparecieron soluciones concretas. Según estimaciones que circulan en el propio ámbito oficial, la deuda con proveedores alcanzaría 1,5 billones de pesos, sin plazos claros ni certezas sobre su cancelación.
El problema no se limita al vínculo con el sector privado. Los retrasos también golpean hacia adentro del gabinete. Distintos ministerios enfrentan dificultades para sostener su funcionamiento cotidiano y no son pocos los ministros que reclaman al Ejecutivo la liberación urgente de partidas para cancelar compromisos pendientes.
La tensión crece puertas adentro. Algunas áreas cerraron 2025 con la expectativa de un ordenamiento financiero que nunca llegó. Ya entrado el segundo mes de 2026, la falta de respuestas empieza a generar malestar, bronca contenida y un clima de incertidumbre que se extiende por toda la estructura provincial.
El endeudamiento al que recurrió el Gobernador dejó al descubierto un problema estructural: la Provincia no logra financiarse con recursos propios. Con una autonomía financiera del 41%, depende en gran medida de fondos nacionales para sostener su funcionamiento, una debilidad que se vuelve crítica en un contexto de recortes y caída de ingresos.
Los números fiscales reflejan el desequilibrio, según la consultora Empiria, la Provincia presenta un resultado fiscal negativo del -0,5% del Producto Bruto Geográfico y un Tesoro que gasta de manera sistemática por encima de sus ingresos. A esto se suma un nivel de deuda equivalente al 50% de los ingresos totales, uno de los más elevados del país.
Desde el propio Gobierno admiten que la recaudación ronda los 1,2 billones de pesos mensuales, pero con una fuerte dependencia de Ingresos Brutos: tres de cada cuatro pesos recaudados provienen de ese tributo. La caída de la actividad en sectores clave como la construcción, el comercio y la industria complica aún más cualquier proyección para 2026.
Mientras el rojo financiero se profundiza, las deudas con proveedores siguen sin saldarse. El paso del tiempo no hace más que agravar el escenario: los compromisos se acumulan, crecen los intereses y la incertidumbre se instala en sectores clave de la economía bonaerense.
La entrada en vigencia de la Ley Fiscal Impositiva 2026 sumó un nuevo obstáculo. El Estado provincial volvió a exigir el Certificado de Cumplimiento Fiscal de ARBA para liberar pagos. Si el proveedor tiene deudas impositivas, el cobro queda retenido hasta regularizar su situación.
La paradoja es evidente: empresas con atrasos provinciales de hasta nueve meses necesitan cobrar para poder pagar impuestos, pero no pueden hacerlo sin antes estar al día con el fisco. El círculo vicioso golpea de lleno a cientos de pymes que dependen del Estado para sobrevivir.
La preocupación escaló en las últimas semanas hacia un área especialmente sensible: los proveedores de alimentos que abastecen programas sociales de la Provincia. El temor a un corte en la cadena de pagos crece y el reclamo por una respuesta urgente se multiplica.
El impacto no sería solo económico. Con el ciclo lectivo a punto de comenzar y en un contexto inflacionario que golpea el consumo, las deudas impagas podrían afectar la implementación de programas alimentarios, con consecuencias directas sobre los sectores más vulnerables.
Desde el sector mayorista describen el escenario como una gestión de “sábana corta”, atravesada por la caída de la recaudación propia y de la coparticipación. Los atrasos varían según el organismo: algunos mantienen pagos relativamente ordenados, pero las áreas de mayor volumen, como Salud, acumulan demoras de entre 3 y 7 meses o más.
La frase que circula entre proveedores resume el clima actual: cuando la crisis se profundiza en la cúpula, los costos terminan cayendo sobre los más chicos. Y, en última instancia, sobre la población que depende de un Estado provincial hoy atrapado en sus propios números en rojo.