El Gobierno bonaerense elaboró un nuevo Régimen de Recupero de la Inversión en Vivienda y redefinió el esquema para calcular el pago de los beneficiarios. La medida llega en plena crisis económica con severo impacto en el bolsillo de amplias capas de la sociedad,

La Provincia cambia las cuotas de viviendas sociales y crean un plan para deudas

El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires y el Instituto de la Vivienda aprobaron un nuevo Régimen de Recupero de la Inversión en Vivienda. La medida que redefine cómo se calculan y actualizan las cuotas que pagan las familias adjudicatarias de viviendas sociales construidas o financiadas por el Estado provincial. También incorpora un plan especial para regularizar deudas de beneficiarios que tienen cuotas impagas.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta N° 1, publicada en el Boletín Oficial, firmada por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el administrador general del Instituto de la Vivienda bonaerense, Diego Menéndez.

El eje central de la medida es la aprobación de un nuevo sistema para el recupero de la inversión estatal en programas habitacionales. En la práctica, se trata del mecanismo mediante el cual las familias que reciben una vivienda social pagan cuotas accesibles para devolver parte del financiamiento que el Estado destinó a la construcción de esos hogares.

Según se explica en la resolución, esos recursos que vuelven al sistema son clave para garantizar la continuidad de los programas de vivienda, ya que permiten reinvertir el dinero en nuevos proyectos destinados a otras familias que aún no accedieron a una casa propia.

El Gobierno bonaerense remarcó que entre diciembre de 2020 y septiembre de 2025 se desarrollaron numerosas soluciones habitacionales en el marco de programas del Instituto de la Vivienda y del Ministerio de Hábitat, lo que consolidó la política habitacional provincial y generó una mayor demanda de acceso a estas iniciativas.

La resolución señala que un análisis financiero realizado por áreas técnicas del Instituto de la Vivienda detectó distorsiones importantes en el valor de las cuotas que pagan adjudicatarios de distintos programas habitacionales.

Esas diferencias se explican, en parte, por los distintos momentos en que se entregaron las viviendas y por los mecanismos de actualización aplicados hasta ahora. Como resultado, familias que accedieron a viviendas similares podían terminar pagando cuotas muy diferentes, lo que afectaba tanto la capacidad real de pago como el principio de igualdad que debe regir en la relación entre el Estado y los beneficiarios.

Frente a ese diagnóstico, el Ejecutivo provincial consideró necesario implementar una nueva metodología de actualización de cuotas, que permita equilibrar tres variables centrales:

la inversión pública realizada por el Estado,

la capacidad de pago de las familias adjudicatarias,

y la sostenibilidad del sistema para financiar nuevas viviendas.

El rol de las UVIs y el financiamiento habitacional

El sistema de financiamiento habitacional de la Provincia ya venía utilizando como referencia las Unidades de Vivienda (UVI), un instrumento creado por la Ley Nacional 27.271 para promover el ahorro y el crédito hipotecario a largo plazo.

Las UVIs funcionan como una unidad de valor que se actualiza diariamente y cuyo precio en pesos es publicado por el Banco Central de la República Argentina. Este mecanismo permite que los costos de construcción y los planes de financiamiento se ajusten a la evolución de la economía.

En 2021, un decreto provincial estableció que los contratos de obra pública destinados a viviendas y los programas habitacionales financiados por la Provincia se calcularan tomando como referencia el valor de esa unidad.

La resolución ahora aprobada introduce ajustes en el esquema de actualización y recupero, con el objetivo de evitar desequilibrios entre distintos programas y asegurar que las cuotas mantengan una relación razonable con los ingresos de los beneficiarios.

Además de modificar el régimen general, la normativa crea un “Plan de Saneamiento y Consolidación de Deuda – Período Hogar BA” destinado a familias que tienen cuotas impagas.

Podrán acceder a este plan los adjudicatarios alcanzados por la resolución anterior del Instituto de la Vivienda (N° 1949/2023) que registren deudas al 15 de mayo de 2026.

El objetivo del programa es ordenar la situación financiera de los beneficiarios y facilitar la regularización de pagos, evitando que las deudas acumuladas se vuelvan impagables y pongan en riesgo la continuidad de los planes de financiamiento.

La normativa vigente también contempla situaciones excepcionales en las que el Estado puede eximir total o parcialmente del pago de las cuotas. Entre los casos contemplados se encuentran:

procesos de relocalización de familias,

hogares sin capacidad suficiente de pago,

personas con discapacidad que requieren asistencia permanente,

mujeres cis o personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género,

y personas travestis o trans.

En estos casos, la autoridad de aplicación debe evaluar cada situación y emitir un acto administrativo fundado para otorgar la excepción.

Con la entrada en vigencia del nuevo régimen, el Gobierno provincial derogó la Resolución 1949/2023 del Instituto de la Vivienda, que establecía el sistema previo de cálculo de cuotas y actualización mediante el coeficiente “Hogar BA”.

Según se indicó, el nuevo esquema busca corregir las desigualdades generadas por ese sistema y garantizar que los programas habitacionales sean financieramente sostenibles en el tiempo.

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