Empresas denuncian demoras de hasta siete meses en los cobros. Desde el sector advierten riesgos en salud, alimentos y servicios esenciales. Mientras que los parches no son sufientes ante el atraso continuo

“Nadie quiere venderle a la Provincia”: fuerte advertencia por la deuda con proveedores

La Provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario financiero delicado que ya impacta de lleno en su vínculo con proveedores, con atrasos en los pagos que, según distintos sectores, alcanzan entre tres y siete meses y ponen en tensión la continuidad de servicios esenciales.

El diagnóstico más crudo lo expresó el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro, quien resumió a Desconfiados la situación sin matices: “La provincia está igual que siempre. Paga lo urgente y lo otro no lo paga. Sacan un bono, te cancelan la deuda vieja, te siguen comprando… pero nadie quiere venderle a la provincia”. Y agregó: “Le venden los que ya están atrapados en el sistema. Es casi un mecanismo adictivo”.

Guillermo Siro

El problema se profundizó en el inicio de 2026 y afecta principalmente a áreas sensibles como salud, alimentos y provisión de bienes y servicios. Prestadores, como sanitarios y empresas que abastecen programas sociales advierten que la falta de cobros en tiempo y forma compromete su operatoria diaria y, en algunos casos, ya genera riesgos concretos de interrupción.

El efecto no se limita al vínculo directo con el Estado. Los atrasos generan un impacto en cadena: proveedores que no cobran tampoco pueden cumplir con sus propios compromisos, se incrementan los cheques rechazados, crece la morosidad y se dificulta el acceso al crédito. En regiones como el Gran La Plata, empresarios y comerciantes aseguran que la cadena de pagos “se rompió”, en un contexto de caída de ventas y presión sobre costos.

En este escenario, crece la preocupación en sectores clave como el alimentario, especialmente por la continuidad de programas vinculados al ciclo lectivo, y en el sistema farmacéutico, donde advierten dificultades para reponer medicamentos ante las exigencias de pago de las droguerías en plazos mucho más cortos que los que maneja el Estado.

En paralelo, durante 2025 el Gobierno bonaerense impulsó, tras gestiones con entidades como FEMAPE, un mecanismo para regularizar parte de la deuda mediante la emisión de bonos en pesos por $72.800 millones. Se trata de títulos a tasa variable (BADLAR), con vencimiento en 2027, un año de gracia para el capital y amortización en cuotas durante 2026. La adhesión fue voluntaria y estuvo atada a requisitos crediticios con el Banco Provincia.

Más allá de ese instrumento, los proveedores coinciden en que los plazos de cobro continúan extendidos y que, en la práctica, muchas empresas están financiando al Estado con su capital de trabajo, lo que agrava su situación financiera y condiciona su continuidad.

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