16 de abril de 2026
EN DISPUTA
Polémica en la costa bonaerense: avanzan sobre una playa en medio de un conflicto ambiental
Este jueves a las 14 se realizará la delimitación técnica en Playa Dorada, Mar del Plata. El operativo de la Autoridad del Agua establecerá restricciones sobre construcciones y concesiones. En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será reprogramada para el 23 de abril.
La Autoridad del Agua (ADA) realizará este jueves 16 de abril a las 14 una intervención clave en la costa sur de Mar del Plata: la demarcación de la línea de ribera en la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Dorada, en un contexto atravesado por denuncias de irregularidades y cuestionamientos al esquema de concesiones impulsado por el Municipio. En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será reprogramada para el jueves 23 de abril.
El procedimiento, de carácter técnico pero con fuerte impacto legal, definirá el límite a partir del cual se aplican restricciones sobre el uso del suelo dentro del dominio público. En otras palabras, fijará el “punto cero” que condiciona cualquier tipo de desarrollo o explotación en el frente costero.
La intervención se desarrollará en el área lindante al Mar Argentino y al Arroyo Seco, dentro de un sector que presenta características de costa acantilada. Por ese motivo, la delimitación deberá ajustarse a criterios geomorfológicos específicos, tal como establece la Resolución ADA 405/11.
El trasfondo no es menor. Según informes técnicos y observaciones de Fiscalía de Estado, el predio no cuenta con mensura ni designación catastral, lo que expone posibles inconsistencias con la Ley de Ordenamiento Territorial y la falta de convalidación provincial de la ordenanza que dio origen a la UTF Playa Dorada, actualmente concesionada a Desarrolladora Homs S.A.
En este marco, la demarcación cobra especial relevancia porque activa las restricciones previstas en la normativa vigente. Entre ellas, la prohibición de construir a menos de 150 metros del mar, establecida por la Ley 12.257, y la limitación de 50 metros a cada margen del Arroyo Seco, fijada por la Ley 6.253 para proteger el curso de agua.
Desde el Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur remarcaron que el procedimiento tiene carácter de acto público administrativo, por lo que cualquier persona puede asistir sin inscripción previa, formular observaciones y ejercer control ciudadano, tal como lo garantiza el artículo 19 de la Ley 12.257.
La convocatoria apunta a visibilizar una intervención que no solo define criterios técnicos, sino que también incide sobre el acceso al espacio público, la protección ambiental y el modelo de uso del frente costero.