22 de abril de 2026
CON IMPACTO BONAERENSE
Ajuste, conflicto y protesta: la universidad pública entra en una fase crítica
Con salarios deteriorados, recortes presupuestarios y proyectos frenados, el sistema universitario convoca a una movilización nacional en mayo.
En medio del conflicto por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docentes nucleados en CONADU anunciaron una nueva etapa del plan de lucha. La principal medida será una marcha nacional educativa el martes 12 de mayo en Plaza de Mayo, bajo la consigna “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.
La protesta se inscribe en un escenario de creciente tensión con el Gobierno nacional, al que acusan de no aplicar una norma vigente que fue aprobada por el Congreso, vetada y luego ratificada por amplia mayoría. Según la titular de CONADU, Clara Chevalier, el Ejecutivo es el único de los tres poderes que se niega a cumplir la ley, pese a que ya existen fallos judiciales en primera y segunda instancia que respaldan su implementación.
Como parte del plan de acción, los gremios también convocaron a un paro sin asistencia a los lugares de trabajo entre el 27 de abril y el 2 de mayo en todas las universidades del país. A esto se sumarán iniciativas de visibilización como las “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, una reedición simbólica de la histórica carpa blanca de los años noventa, con la consigna “Milei, cumplí la ley”.
El conflicto se da en un contexto de fuerte deterioro del sistema universitario público. Según distintos informes, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 los salarios reales de docentes y no docentes cayeron más de un 33%, mientras que los investigadores del CONICET perdieron cerca de un 38,5%. Este retroceso impacta directamente en la capacidad de las universidades para sostener sus actividades académicas, de investigación y extensión.
La crisis se vuelve especialmente visible en las universidades del conurbano bonaerense. Instituciones como la Universidad Nacional de Moreno, la Arturo Jauretche y la de Avellaneda declararon la emergencia presupuestaria ante la combinación de matrícula en աճo y recursos congelados. En paralelo, las transferencias nacionales registran caídas significativas en términos reales, lo que agrava la situación operativa.
Las consecuencias son concretas: salarios por debajo de los niveles necesarios, renuncias docentes, becas estudiantiles desactualizadas y obras de infraestructura paralizadas. A esto se suma la cancelación de proyectos de investigación, con miles de iniciativas sin financiamiento y trayectorias académicas interrumpidas, lo que compromete el desarrollo científico a mediano plazo.
Desde las universidades advierten que el ajuste no solo afecta el presente, sino también el futuro del sistema. La imposibilidad de planificar, la pérdida de recursos humanos calificados y el deterioro sostenido del financiamiento generan un escenario de difícil reversión. Frente a esto, el reclamo central se mantiene: la aplicación urgente de la Ley de Financiamiento como condición para evitar daños estructurales en la educación superior argentina.