12 de mayo de 2026
EN PROBLEMAS
La universidad en emergencia: salarios bajo la pobreza y un ajuste del 41%
Un informe CEPA advirtió que el presupuesto universitario sufrió una caída histórica durante la gestión de Javier Milei y que gran parte de los docentes y no docentes cobran por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto, la comunidad educativa vuelve a movilizarse contra el ajuste.
La cuarta Marcha Federal Universitaria vuelve a poner en las calles el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. Con movilizaciones previstas en distintos puntos del país, docentes, no docentes y estudiantes denuncian un deterioro presupuestario y salarial que, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), ya tiene consecuencias estructurales sobre el sistema universitario.
El trabajo sostiene que el presupuesto de las universidades nacionales registró “un fuerte ajuste durante la gestión de La Libertad Avanza” y que entre 2023 y 2025 la caída real alcanzó el 32,5%. Si se toma el presupuesto vigente proyectado para 2026, la reducción acumulada llega al 41,6% respecto de 2023.
El informe además compara la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2025 con el proyecto impulsado luego por el Gobierno nacional. La norma había sido sancionada, vetada por el Ejecutivo y finalmente ratificada por ambas cámaras, aunque posteriormente quedó suspendida mediante decreto. Incluso, la Justicia ordenó su aplicación, pero el Ejecutivo respondió enviando una iniciativa para modificarla.
Según CEPA, si la ley original se hubiera aplicado, el presupuesto universitario habría recuperado prácticamente los niveles previos al ajuste. En cambio, el esquema propuesto por el Gobierno “consolida el recorte” y dejaría a las universidades con recursos un 35,1% inferiores a los que hubieran correspondido bajo la ley votada por el Congreso.
La situación salarial aparece como otro de los puntos más críticos. El estudio señala que desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026 el salario real de docentes y no docentes cayó 34,2%, con el golpe más fuerte concentrado durante los primeros meses del gobierno libertario.
Los números reflejan un escenario alarmante dentro de las universidades nacionales. De acuerdo al informe, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y algunos cargos jerárquicos no docentes logran ubicarse por encima de la línea de pobreza. El resto de los trabajadores universitarios queda por debajo de la Canasta Básica Total y muchos docentes con dedicación simple ni siquiera alcanzan la línea de indigencia.
El caso de un Jefe de Trabajos Prácticos semi-exclusivo grafica el deterioro: mientras en noviembre de 2015 su salario equivalía a $1,18 millones en valores constantes, en abril de 2026 cayó a poco más de $584 mil, lo que implica una pérdida real superior al 50%.
En ese contexto, la Marcha Federal Universitaria vuelve a reunir a sectores estudiantiles, gremiales y políticos bajo una consigna común: defender la universidad pública frente al ajuste. La movilización no solo busca reclamar mayores partidas presupuestarias, sino también advertir sobre el impacto social de un sistema universitario cada vez más precarizado.
Para gran parte de quienes llegan a la universidad pública, el título no representa únicamente un logro individual. Detrás de cada estudiante hay años de sacrificios familiares, trabajos precarios, viajes eternos y esfuerzos silenciosos para sostener una posibilidad de ascenso social. Por eso, el conflicto universitario excede la discusión técnica sobre partidas presupuestarias: pone en debate qué lugar ocupa la educación pública en el modelo de país que impulsa el Gobierno nacional.