Mientras la Provincia reivindica el rol del Estado frente al ajuste nacional, persisten modalidades laborales cuestionadas por gremios y opositores, con miles de trabajadores que continúan sin estabilidad ni certezas sobre su futuro.

Contratos eternos: uno de cada tres trabajadores bonaerenses está precarizado

Mientras el gobierno de Axel Kicillof mantiene sus cuestionamientos al ajuste impulsado por Javier Milei, crecen las críticas por una problemática que persiste dentro de la propia administración bonaerense: la precarización laboral de miles de trabajadores estatales. El tema volvió a escena tras los reclamos de ATE por la falta de avances en los pases a planta permanente y fue abordado por el diputado provincial Christian Castillo (PTS-FIT) durante una entrevista en el programa Desconfiados.

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El legislador puso el foco en la situación de los trabajadores de Salud incorporados durante la pandemia, muchos de los cuales continúan bajo distintos esquemas de becas. Según explicó, existen alrededor de 3.200 becarios de contingencia y otros 6.000 trabajadores encuadrados como becarios de capacitación.

“Hay 3.200 trabajadores aproximadamente que cobran apenas poco más de un millón de pesos y otros 6.000 que están con una beca de capacitación, supuestamente, que vienen desde la época del COVID y cobran de 700 mil pesos para abajo”, señaló.

Para Castillo, el problema excede la discusión salarial y expone una situación estructural. “No fueron trabajadores eventuales que después dejaron de ser necesarios. En muchos centros de salud son los que desempeñan las tareas. Sin ellos no se hacen las actividades”, afirmó.

El diputado sostuvo que las becas podrían tener sentido como mecanismo excepcional de ingreso, pero cuestionó que se hayan transformado en una modalidad permanente. “Lo extraordinario se volvió cotidiano desde hace mucho tiempo. Siempre está la promesa del pase a planta, algunos pasaron, pero queda un universo muy grande que está muy enojado porque no se cumple”, expresó.

En ese sentido, denunció que la precarización atraviesa a buena parte de la administración pública provincial. “Una vez que el Estado es el que tendría que controlar que no se haga fraude laboral, ese fraude laboral se ha institucionalizado en el propio Estado”, afirmó.

Aunque reconoció que situaciones similares existen en la administración nacional, Castillo remarcó que en la Provincia persisten modalidades de contratación que dejan a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad permanente. “Si dependés de la renovación de tu contrato es muy difícil organizarte sindicalmente o protestar. Levantar la voz puede significar que no te renueven”, advirtió.

El legislador también vinculó estas formas de contratación con los problemas financieros que atraviesan organismos clave. “Esto además desfinancia al IPS y a IOMA”, sostuvo, al señalar que la proliferación de becas, monotributos y contratos especiales reduce aportes al sistema previsional y a la obra social provincial.

Castillo cuestionó además la falta de información oficial consolidada sobre la magnitud del fenómeno. “La realidad es que el Estado provincial no ha dado la cifra total de las diversas formas de contratación. He buscado esa información y no la he encontrado”, señaló.

También cuestionó lo que considera una inconsistencia entre el discurso oficial y las prácticas laborales dentro de la administración bonaerense. “Si uno está cuestionando la reforma laboral y las formas de precarización que impulsa el Gobierno nacional, debería ser consecuente con ese discurso”, planteó. Y agregó una definición contundente: “Si Kicillof cuestiona la reforma laboral, debería empezar por terminar con la precarización en el Estado”.

Las críticas no se limitaron a la estabilidad laboral. El diputado también apuntó contra el deterioro salarial de los empleados públicos bonaerenses. “Los salarios han perdido un 34% en los seis años que lleva de gobierno Axel Kicillof”, aseguró, y planteó que esa situación derivó en una expansión del pluriempleo entre estatales.

“Ya está naturalizado que los salarios son tan bajos que no alcanza para vivir de esto. Muchísimos trabajadores terminan haciendo otro trabajo, manejando para una aplicación, repartiendo o haciendo changas para completar ingresos”, describió.

Según el legislador, esta realidad también se replica en numerosos municipios, donde los salarios suelen ser incluso más bajos y las modalidades precarias de contratación están ampliamente extendidas.

Las declaraciones se producen en medio de un conflicto que continúa abierto. ATE reclama la regularización de todos los trabajadores precarizados incorporados hasta diciembre de 2025 y denuncia que miles de empleados siguen desempeñando funciones permanentes bajo becas, monotributos o contratos temporarios.

Los propios datos presupuestarios muestran la dimensión del problema. De acuerdo con las previsiones oficiales para 2026, la Provincia contará con más de 530 mil trabajadores entre administración central y organismos descentralizados, de los cuales cerca de 166 mil seguirán encuadrados como personal temporario.

Con una nueva discusión paritaria prevista para las próximas semanas, la presión sindical vuelve a crecer y el gobierno bonaerense enfrenta una contradicción cada vez más incómoda: mientras denuncia la flexibilización laboral a nivel nacional, persisten dentro del Estado provincial miles de trabajadores sin estabilidad laboral y con salarios que, según denuncian gremios y opositores, continúan perdiendo poder adquisitivo.

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