Un fallo judicial dictaminó que la empresa, que el gobierno nacional quiere privatizar, debe garantizar el servicio en 26 distritos de la provincia de Buenos Aires antes de que eso ocurra.

La Justicia le ordena a AySA pagar su deuda ambiental en la Provincia

La Justicia le ordenó a la empresa (por ahora) estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que garantice el servicio en 26 distritos de la provincia de Buenos Aires y que se abstenga de reducir los controles y abandonar obras en vista de su inminente privatización.

El fallo, adoptado por el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de La Plata, fue la respuesta a una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que interpuso la medida en previsión de que el plan de venta de la empresa redunde en una degradación del servicio y el abandono de obras en curso y planificadas.

La medida de “no innovar” dispone que AySA debe “abstenerse de reducir o alterar sus obligaciones operativas y de infraestructura”, subrayó la Defensoría.

La presentación fue realizada en forma preventiva por el titular del organismo, Guido Lorenzino, luego de que el gobierno de Javier Milei autorizara el llamado a licitación para privatizar el 90% de la empresa estatal de aguas.

La Defensoría había recurrido a la Justicia para que AySA cancelara la “deuda ambiental” que mantiene con la Provincia.

También solicitó la realización de una auditoría externa para determinar “todos los pasivos ambientales y sitios contaminados acumulados por AySA antes de avanzar con cualquier modificación en su esquema societario o contractual”.

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