La Defensoría Policial aseguró que las bajas se dispararon en los últimos años superando ampliamente los ingresos. Lo atribuyen a los bajos salarios y a las condiciones laborales. El ministerio de Seguridad no aportó estadísticas oficiales para contrastar los datos.

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La crisis de la Policía Bonaerense suma un nuevo capítulo con una advertencia sobre la pérdida de efectivos y el deterioro de la capacidad operativa de la fuerza. Luis Tonil, titular de la Defensoría Policial, aseguró que las bajas se multiplicaron en los últimos años y sostuvo que la situación es "mucho más grave" que la que reflejan las renuncias.

En una entrevista con Desconfiados, Tonil detalló que las bajas oficiales fueron 260 en 2023, 715 en 2024 y 1.130 en 2025. Para este año, afirmó que hasta junio se registraron 1.475. Según explicó, los números surgen de publicaciones oficiales de la Policía Bonaerense. A esas cifras sumó agentes con licencias médicas y psiquiátricas, abandonos de servicio y policías que directamente dejan la fuerza por razones económicas.

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El salario aparece como uno de los principales factores de la crisis. Tonil estimó en $900.000 el ingreso promedio de un efectivo bonaerense y afirmó que representa aproximadamente la mitad de lo que percibe un policía de la Ciudad de Buenos Aires. También aseguró que un puesto inicial en seguridad privada puede alcanzar los $1,9 millones, una diferencia que, a su entender, vuelve cada vez menos atractivo el ingreso a la fuerza.

La falta de personal, según el dirigente, ya tiene impacto directo en el patrullaje. Como ejemplo, aseguró que el Comando de Patrullas de La Plata pasó de disponer de unos 120 móviles por turno a contar actualmente con 18. La cifra no pudo ser corroborada con datos oficiales: el Ministerio de Seguridad bonaerense no respondió al pedido de estadísticas realizado para esta nota.

Tonil también apuntó contra el proyecto de policías municipales y cuestionó la posibilidad de dividir la seguridad entre los 135 distritos bonaerenses. En su opinión, la medida podría generar una mayor fragmentación frente a organizaciones delictivas que, por el contrario, no reconocen límites jurisdiccionales. En paralelo, formuló fuertes acusaciones contra el Gobierno provincial y denunció presuntas irregularidades en la estructura policial.

Desde el Ministerio de Seguridad rechazaron las declaraciones y cuestionaron la difusión de los dichos de la Defensoría. "No hablamos sobre temas inventados por gente que no tiene ninguna representación y solo es levantada por medios que no conocen la ley o operan fuera de la ley", señalaron. La cartera agregó: "Con La Tecla hablamos en varias oportunidades, pero de cosas serias". No obstante, el Ministerio no respondió el pedido de información estadística sobre las bajas policiales y la cantidad de efectivos disponibles.

El cruce deja expuesto un problema de fondo: la Provincia no cuenta con estadísticas públicas y actualizadas que permitan conocer con precisión cuántos policías abandonan la fuerza, cuántos ingresan y cuál es el nivel real de despliegue operativo. En ese vacío de información, las denuncias sobre una fuerza cada vez más debilitada conviven con un Gobierno que evita convalidar los números, pero tampoco aporta datos propios para refutarlos.

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