El proyecto propone ampliar el límite para la compra de campos por parte de extranjeros. Especialistas y dirigentes advierten sobre riesgos para el control de recursos naturales y zonas estratégicas.

La reforma de Milei sobre tierras rurales suma críticas por sus efectos en la Provincia

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Con el inminente tratamiento en el Senado del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Tierras Rurales, crecen las críticas de sectores políticos, académicos y sociales que advierten sobre el impacto que podría tener la iniciativa en el control de áreas consideradas estratégicas. Aunque el Ejecutivo moderó su propuesta original para facilitar la compra de campos por parte de extranjeros, el debate sigue centrado en el equilibrio entre la atracción de inversiones y la protección del territorio.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que la propiedad extranjera de tierras rurales no puede superar el 15% del territorio nacional, provincial o municipal, además de fijar límites por nacionalidad y por titular. También restringe la adquisición de predios ubicados en zonas de frontera o con cuerpos de agua relevantes. Según datos oficiales, actualmente la extranjerización alcanza cerca del 5% del total de las tierras rurales del país, muy por debajo del límite vigente.

La iniciativa oficial forma parte del proyecto denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" y plantea elevar ese tope hasta el 25% por provincia, luego de que el Gobierno desistiera de eliminar completamente las restricciones ante la falta de consenso político. La Casa Rosada sostiene que la flexibilización permitirá atraer inversiones extranjeras para el desarrollo agropecuario, forestal y de otras economías regionales, al considerar que la normativa actual desalienta el ingreso de capitales.

Sin embargo, especialistas y organizaciones que rechazan la reforma sostienen que la tierra constituye un recurso estratégico cuya regulación trasciende la lógica del mercado. Entre los principales cuestionamientos figuran la posibilidad de una mayor concentración de tierras con acceso a recursos naturales, agua dulce, infraestructura logística y zonas de frontera en manos de capitales extranjeros, además de una eventual reducción de la capacidad del Estado para intervenir sobre esos activos.

En la provincia de Buenos Aires, el debate adquiere una dimensión particular por la ubicación de algunos municipios sobre el corredor del Río Paraná. Un relevamiento del Observatorio de Tierras del CONICET-UBA identifica a Zárate y Campana como dos de los distritos donde la presencia de propietarios extranjeros se vincula con áreas ribereñas y portuarias. Para los investigadores, más que el porcentaje de tierras en manos foráneas, resulta relevante su localización en sectores estratégicos para la logística y el comercio exterior.

El investigador Matías Oberlin, integrante del Observatorio de Tierras, advirtió que una flexibilización de la normativa podría facilitar nuevas adquisiciones en zonas sensibles. Según explicó, la discusión involucra también el alcance de la intervención estatal sobre la propiedad privada y la posibilidad de preservar herramientas para actuar cuando estén comprometidos recursos considerados estratégicos. "¿Cómo los sacás después?", planteó al referirse a la dificultad de revertir esos procesos una vez concretadas las operaciones.

Los datos disponibles muestran que la provincia de Buenos Aires registra menos del 3% de tierras rurales en manos extranjeras, equivalente a unas 827 mil hectáreas sobre un total cercano a los 28,8 millones. No obstante, los especialistas remarcan que ese porcentaje oculta situaciones puntuales en municipios donde existen importantes extensiones bajo dominio extranjero, como General Villegas o Balcarce, y sostienen que la eventual ampliación de los límites podría profundizar esa tendencia.

En paralelo, el proyecto cosechó rechazo dentro de distintos sectores del peronismo bonaerense y motivó iniciativas para mantener las restricciones actuales en el ámbito provincial. Legisladores de Unión por la Patria presentaron propuestas para conservar el límite del 15% previsto por la ley vigente y argumentaron que el territorio y los recursos naturales deben permanecer bajo mecanismos de control estatal. Mientras el oficialismo nacional insiste en que la reforma busca impulsar inversiones sin comprometer la soberanía, la definición final dependerá de las negociaciones parlamentarias en el Congreso.

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