Padrinazgos, concesiones y tercerizaciones forman parte de una receta que la gestión de Neme heredó de Montenegro y busca profundizar. La oposición cuestiona sus alcances.
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En tiempos de “no hay plata”, el gobierno municipal convirtió una consigna en una herramienta de gestión: si el Estado local no alcanza para sostener por sí solo el ritmo de obras y servicios que demanda Mar del Plata, el privado aparece como socio. Esa es, desde hace años, una de las banderas del llamado “Modelo Mar del Plata” y, con Agustín Neme al frente del Ejecutivo, la articulación público-privada mantiene su lugar como uno de los principales caballitos de batalla de la administración.
La política tomó forma con Guillermo Montenegro desde 2019. Durante su primer mandato, la asociación entre ambas esferas comenzó a instalarse como una alternativa frente a las restricciones presupuestarias y, en el segundo, pasó a ocupar un lugar central en el discurso oficial. La llegada del interinato de Neme no modificó esa hoja de ruta. La consigna apareció en las conferencias de prensa del COM, en las redes de los funcionarios y en distintos proyectos elevados al Concejo Deliberante.
La explicación oficial tiene un componente económico difícil de ignorar. La percepción de tasas promedió el 51%, lejos del 71% de 2019 y en niveles comparables con los de la pandemia. A eso se sumó la caída del Coeficiente Único de Distribución (CUD), que alimentó las críticas del Ejecutivo hacia la Provincia y las acusaciones de discriminación contra Axel Kicillof. En paralelo, el cierre de la obra pública impulsado por Javier Milei dejó al Municipio con menos margen para esperar inversiones estatales, justo cuando la iniciativa privada alcanzó nuevos récords de metros cuadrados aprobados.
Con ese escenario como telón de fondo, la “creatividad” se transformó en una palabra recurrente dentro del oficialismo. El primer estandarte fue el “padrinazgo de espacios públicos”, una iniciativa que Neme había presentado como concejal y que luego retomó el Ejecutivo. El mecanismo era sencillo: un privado podía poner en valor una plaza u otro espacio público a cambio de publicidad. La idea buscaba resolver necesidades de mantenimiento sin cargar todo el costo sobre las cuentas municipales y abrió una discusión que todavía atraviesa la gestión: hasta dónde puede avanzar el capital privado sobre bienes que tradicionalmente estuvieron bajo responsabilidad estatal.
La apuesta más ambiciosa llegó en 2025, con la concesión por 30 años, prorrogable por otros 10, de los estadios José María Minella, Polideportivo Islas Malvinas y espacios comunes del Parque de Deportes. La operación fue presentada como una oportunidad para recuperar infraestructura deteriorada, pero quedó “embarrada” por cuestionamientos vinculados a la falta de obras, un cambio societario y la judicialización de la concesión, con una causa que alcanza a Minella Stadium y al Municipio. El caso puso en tensión una de las premisas del modelo: que el privado pueda hacerse cargo de aquello que las arcas públicas no logran sostener.
Otro capítulo se abrió a comienzos de 2024 con la tercerización del estacionamiento medido. Bajo el argumento de modernizar el sistema, el Ejecutivo avanzó con una licitación y dejó en manos privadas la operación del servicio. La concesión quedó en manos de B0l Tech, empresa controlada por la familia Tabanelli, por nueve años. La misma lógica aparece, aunque de manera más solapada, en el Régimen de Incentivos a la Construcción, creado en 2021 para reactivar la obra privada tras la pandemia y prorrogado hasta 2027. Los desarrolladores reciben beneficios y excepciones urbanísticas para obras en la ciudad a cambio de “compensaciones urbanísticas”, aunque el esquema carece de un marco preciso.
Así, el “Modelo Mar del Plata” fue construyendo un mapa en el que el privado aparece como padrino de una plaza, concesionario de un estadio, operador de un sistema municipal, desarrollador beneficiado por excepciones urbanísticas o aliado para recuperar recursos. Son instrumentos distintos, pero responden a una misma premisa: hacer con recursos privados aquello que el Estado municipal asegura no poder afrontar solo. Desde el oficialismo sostienen que no se trata de una retirada del Estado, sino de multiplicar sus capacidades en un contexto de recursos escasos. La oposición, en cambio, cuestiona el “modus operandi” y advierte que detrás puede haber una definición política sobre qué tareas debe conservar el Municipio y cuáles está dispuesto a delegar. Incluso señala que determinados espacios pueden quedar sin mantenimiento para luego ser presentados como “elefantes blancos” que el Estado ya no puede sostener.
El debate ya no pasa por si hay plata para cumplir con las obligaciones municipales. La pregunta es cuánto de la gestión está dispuesto el Ejecutivo a compartir, delegar o entregar para conseguir resultados. Mientras Neme profundiza una estrategia que Montenegro convirtió en marca, el “caballito de batalla” del gobierno enfrenta una discusión: si la articulación público-privada es una salida frente a un Estado sin recursos, la consecuencia de un Estado que hace cada vez menos o si hay algo más atrás.
