Drogas y municipios: los casos que ponen el foco sobre el avance del narcotráfico
Los registrados en General Rodríguez, Bragado y Morón volvieron a instalar una preocupación que excede las fronteras de una investigación judicial puntual. Funcionarios o dirigentes políticos vinculados de distinta manera y bajo diferentes circunstancias a causas o denuncias relacionadas con el narcotráfico.
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El avance del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires vuelve a mostrar una dimensión que excede la disputa por el control de los territorios y la venta de drogas en los barrios. En las últimas semanas, tres casos ocurridos en General Rodríguez, Bragado y Morón pusieron bajo la lupa a dirigentes políticos y exfuncionarios municipales por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes
Los casos no permiten establecer, por sí mismos, que exista una penetración generalizada del narcotráfico en las estructuras municipales. Tampoco corresponde convertir una denuncia o una imputación en una condena. Sin embargo, la sucesión de episodios plantea un interrogante político e institucional que obliga a prestar atención: qué ocurre cuando las organizaciones dedicadas al negocio de la droga comienzan a quedar vinculadas con quienes ocupan cargos dentro del Estado o tienen acceso a las estructuras de poder local.
General Rodríguez: un concejal denunciado por un funcionario de su propio espacio
Uno de los episodios que mayor repercusión generó ocurrió en General Rodríguez, donde el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal del municipio, Nicolás Rappazzo Demarchi, presentó una denuncia contra el concejal Javier Tarragona, de Fuerza Patria.
De acuerdo con lo publicado por La Nación, Rappazzo Demarchi recibió información de un vecino que, por temor a represalias, pidió mantener su identidad en reserva. Según ese relato, Tarragona formaría parte de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos barrios del distrito. La denuncia fue presentada ante el fiscal Ezequiel Freidier, titular de la UFI N°12 de Moreno-General Rodríguez.
La presentación contiene acusaciones particularmente graves. Según el denunciante, el concejal habría intentado obtener información sobre futuros allanamientos vinculados con la lucha contra el narcotráfico con el objetivo de advertir a integrantes de la organización. También se lo señala, siempre de acuerdo con el contenido de la denuncia, como quien tendría a su cargo una supuesta “cocina” de clorhidrato de cocaína.
El funcionario municipal aseguró además haber recibido información sobre vehículos y teléfonos que presuntamente serían utilizados por Tarragona para comunicarse con personas vinculadas al negocio de la droga. También incluyó en la denuncia un supuesto incremento patrimonial relacionado con la actividad ilícita. La presentación solicitó que la investigación avance con carácter urgente debido a la gravedad institucional de los hechos denunciados.
El dato político no es menor. Tarragona pertenece a Fuerza Patria, el mismo espacio político del intendente Mauro García y del propio Rappazzo Demarchi. El concejal asumió su banca en diciembre de 2023 y anteriormente se desempeñó como secretario privado del jefe comunal. Es decir, la denuncia no proviene de un dirigente de la oposición contra un funcionario oficialista, sino de un integrante del propio gobierno municipal contra un concejal del mismo espacio.
Bragado: detuvieron a un concejal libertario y encontraron cocaína y elementos para fraccionar
En Bragado, el caso ya tomó una dimensión judicial concreta. El concejal de La Libertad Avanza, Germán Díaz, fue detenido luego de un allanamiento realizado en su vivienda de la localidad de O'Brien, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Comunal de Bragado y de la Subestación de O'Brien, a partir de una orden del Juzgado de Garantías N°3, solicitada por la UFI N°7 del Departamento Judicial de Mercedes. En el domicilio del edil, de 52 años, se secuestraron restos de cocaína, flores de marihuana, elementos compatibles con el fraccionamiento y estiramiento de sustancias, una balanza de precisión, un teléfono celular y una computadora.
La investigación llevaba varios meses y había reunido testimonios de personas que aseguraban haber adquirido estupefacientes en el domicilio del concejal. La pesquisa habría cobrado impulso luego de un encuentro comunitario en el que vecinos de O'Brien expresaron ante autoridades municipales su preocupación por el crecimiento de la venta de drogas y señalaron a Díaz como presunto responsable.
El caso tiene además un antecedente. En 2024, Díaz ya había sido allanado en otro procedimiento relacionado con un establecimiento de O'Brien. En aquel momento, el concejal explicó que se trataba de un emprendimiento familiar dedicado al mejoramiento de semillas de cannabis y sostuvo que la actividad era lícita.
Tras su detención, Díaz fue trasladado para prestar declaración indagatoria y posteriormente quedó alojado en una dependencia policial de 25 de Mayo. El concejal negó tener vínculos con la comercialización de drogas y sostuvo que las acusaciones forman parte de un supuesto armado y de una persecución política.
Mientras avanza la investigación judicial, el caso también abrió un frente político dentro del Concejo Deliberante de Bragado. El presidente del cuerpo, Mauricio Yaffaldano, convocó a representantes de los distintos bloques para analizar la situación y sus posibles consecuencias institucionales.
Morón: una exfuncionaria municipal acusada de integrar una organización narco
El tercer caso tiene como protagonista a Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón.
Ortigoza fue detenida después de permanecer más de dos meses prófuga de la Justicia. La investigación comenzó con un allanamiento realizado el 21 de mayo en su domicilio de Castelar, donde los investigadores secuestraron alrededor de medio kilo de cocaína. A partir de ese procedimiento, la exfuncionaria quedó vinculada a una causa en la que se investiga la presunta comercialización de estupefacientes.
La investigación también incluye a otras personas. Uno de los detenidos declaró ante la Justicia que Ortigoza le habría vendido drogas en dos o tres oportunidades y que los pagos se habrían realizado mediante transferencias a cuentas de Mercado Pago y otras billeteras virtuales. La causa está caratulada como “Ortigoza, Luna Suyai y otros sobre estupefacientes. Tenencia con fines de comercialización”.
El expediente tuvo además consecuencias políticas para el gobierno de Lucas Ghi. Ortigoza fue desplazada de su cargo cuando se conocieron los resultados del operativo y el Concejo Deliberante impulsó una interpelación al Ejecutivo municipal para conocer detalles sobre la situación y sobre los controles realizados respecto de la funcionaria. La situación se produjo además en medio de las tensiones políticas internas del oficialismo de Morón.
Después de más de dos meses de búsqueda, la exfuncionaria fue localizada en Merlo por efectivos de la División Operativa de Capturas de la Policía Bonaerense. Durante el procedimiento se secuestraron alrededor de 20 envoltorios con droga, una balanza de precisión y dinero en efectivo. Ante la Justicia, Ortigoza se negó a declarar.
