La nueva norma modifica la respuesta frente al delito adolescente y plantea desafíos para la Justicia. Los dirigentes marplatenses debaten sus efectos en los jóvenes y en la ciudad.
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La nueva Ley Penal Juvenil dejó de ser una discusión. Desde el 5 de septiembre, el régimen alcanza a adolescentes desde los 14 años cuando son imputados por delitos. La entrada en vigencia abrió interrogantes sobre la capacidad del sistema, los lugares de alojamiento y las herramientas disponibles más allá del encierro.
Los primeros días ofrecieron una postal concreta. Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil informa ron a distintos medios que durante el primer fin de semana hubo cuatro detenidos, una cifra considerada dentro de los pará metros habituales. La novedad estuvo en uno de los casos: un adolescente de 15 años quedó detenido por decisión fiscal y, bajo el régimen anterior, habría recuperado la libertad. El fuero tramita entre 1.400 y 1.600 causas por año y cerca del 40% continúa por la gravedad de los hechos. Al mismo tiempo, desde el ámbito judicial señalaron que la nueva realidad demandará mayores recursos humanos para garantizar el seguimiento de los procesos.
La infraestructura aparece como otro punto de tensión. Por ahora, los adolescentes continúan siendo derivados a los dispositivos utilizados hasta el momento. Si los cupos se completan, existe un mecanismo provincial para derivar jóvenes a establecimientos de otras localidades. El interrogante es qué ocurrirá si aumenta la demanda y deben multiplicarse las derivaciones o ampliarse los espacios disponibles.
La discusión llegó, además, con una disputa judicial. La jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual, había suspendido cautelarmente el régimen en la provincia, pero la Cámara revocó posteriormente esa decisión. Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil remarcaron ante distintos medios que la norma se encuentra vigente desde el 5 de septiembre y que aquella resolución no tuvo alcance para dejar sin efecto su aplica ción en todo el territorio bonaerense. La ley nacional 27.801 establece un régimen específico para adolescentes de 14 a 18 años que cometen delitos, contempla alternativas a la privación de la libertad y fija entre sus objetivos la responsabilización, la educación, la resocialización y la integración social.
En Mar del Plata, la reforma también expuso posiciones políticas diferentes. El intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro, venía reclamando desde años atrás una reducción de la edad de imputabilidad y, tras la sanción, cuestionó la cautelar que había frenado temporalmente su aplicación en territorio bonaerense. Incluso impulsó una presentación contra la jueza que había dispuesto la medida. Además, promovió en la Legislatura provincial un proyecto para adecuar la normativa bonaerense al nuevo esquema nacional.
Alejandro Carrancio, diputado nacional de La Libertad Avanza, acompañó la iniciativa en el Congreso y, tras la revocación de la cautelar, sostuvo que “se impuso el sentido común”. En Diputados, Carrancio votó a favor. En el Senado, el marplatense Maximiliano Abad acompañó la sanción definitiva. La discusión nacional tuvo así un capítulo marplatense, con posiciones diferenciadas entre los representantes de la ciudad.
Desde Unión por la Patria, el concejal Diego García planteó otra mirada. “Si la respuesta es solamente desde el punto de vista penal, no va a resolver la problemática que existe para los jóvenes que cometen algún delito”, sostuvo. Para el edil, el Estado debe intervenir sobre las trayectorias previas y generar condiciones de reinserción. “La desigualdad es un factor clave”, afirmó, aunque aclaró que las condiciones sociales no justifican el delito. También puso el foco en la infraestructura: “Es una ley que necesita tener cuestiones edilicias para poder contener a esos chicos y, por lo que escuché hasta ahora, la Provincia tiene muchas dificultades para cumplir con eso”.
La mirada bonaerense suma otra advertencia. Desde la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia señalaron que la reforma también puede incorporar al circuito judicial hechos que antes quedaban fuera de ese esquema. Entre los ejemplos aparecen una amenaza simple, un hurto simple o un daño. El planteo apunta a un posible incremento de expedientes y de la demanda sobre el sistema. La Provincia sostiene que cuenta con 348 plazas y que deberá ampliar capacidad y equipos frente al nuevo escenario.
En ese escenario aparece Entramados, el programa bonaerense que busca intervenir sobre adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad antes de que los conflictos deriven en trayectorias delictivas o en la privación de la libertad. A mediados de septiembre, la Provincia presentó en Mar del Plata avances del programa y reunió a representantes judiciales, municipales y de distintas áreas estatales. La propuesta articula prevención, acompañamiento y trabajo territorial, en paralelo con la respuesta penal.
General Pueyrredon enfrenta el desafío de aplicar el nuevo régimen penal desde los 14 años. La clave estará en absorber la demanda sin descuidar el alojamiento, el seguimiento, las medidas alternativas, la prevención y la reinserción de los adolescentes a la sociedad.
